- Migración venezolana podría duplicarse
- Concretar ya promesas de ayuda mundial
La crisis migratoria venezolana es, sin duda alguna, el mayor desafío humanitario en las últimas dos décadas en el hemisferio occidental. Las cifras que manejan varias agencias de la Organización de Naciones Unidas dan cuenta de por lo menos cuatro millones de habitantes de esa sufrida nación que se vieron forzados a abandonarla en los últimos tres años, huyendo de la hambruna, la quiebra económica, la escasez de medicinas, los altos índices de inseguridad, la violencia política, el desbarajuste institucional y el marchitamiento acelerado del sector productivo… En fin, escapando del escenario de “Estado fallido” causado por la dictadura de Nicolás Maduro que, con tal de seguir enquistada en el poder, no le importa el padecimiento de su pueblo ni la diáspora imparable de sus nacionales.
No en pocas ocasiones hemos reiterado en estas páginas que, al igual que con el problema del narcotráfico, enfrentar la oleada migratoria venezolana exige poner en práctica el principio de corresponsabilidad global, pues se trata de una tragedia humanitaria de grandes proporciones, al punto que sólo es superada por la crisis en Siria, en donde la guerra civil lleva más de una década, con centenares de miles de víctimas y un conflicto bélico de alta intensidad. Los tratados y convenciones de derechos humanos y asistencia trasnacional, de los cuales son signatarios casi todos los países, imponen claras obligaciones a la comunidad internacional para enfrentar esta clase de circunstancias críticas. Aunque tanto desde la Organización de Estados Americanos, la Organización Internacional de Migraciones, la Agencia para los Refugiados y la propia ONU se han tomado decisiones respecto a la diáspora venezolana, es claro que ese conjunto de medidas ha demostrado ser insuficiente ante la dimensión del flujo poblacional transfronterizo y, más aún, frente a las perspectivas de que el mismo aumentará dramáticamente en el corto plazo debido a que el régimen dictatorial no está dispuesto a dar un paso al costado, pese al aumento de la presión nacional e internacional para que abandone el poder y retorne la democracia.
Precisamente fue con base en ese sombrío panorama que días atrás el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, advirtió que los cálculos de algunas agencias indicaban que “de continuar las cosas como siguen en Venezuela”, a finales de 2020 el número de migrantes podría llegar a los ocho millones y Colombia, que ha recibido un tercio de ellos, podría terminar albergando más de 2,8 millones de esos desarraigados. Ello implicaría un aumento sustancial de esta población flotante, ya que las estadísticas que maneja Migración Colombia estiman que hoy por hoy en nuestro país hay 1,6 millones de venezolanos ya radicados, en tanto que decenas de miles siguen en tránsito para Ecuador, Perú, Brasil, Chile y otras naciones suramericanas. Incluso para algunos expertos en este fenómeno migratorio, los pronósticos del canciller Trujillo podrían quedarse cortos, en la medida en que Colombia ha terminado por albergar la tercera parte de los migrantes hasta el momento, pero lo hizo mientras que las naciones al sur mantenían sus fronteras abiertas para acoger a las caravanas de “caminantes”. Ahora, sin embargo, varios de esos países ya implementaron la exigencia de visa para dejarlos entrar a su territorio, lo que implica, por lógica sencilla, que la cantidad de venezolanos que se quedará en nuestro país ahora será mayor.
Visto todo lo anterior, es obvio que se requiere una respuesta más contundente de la comunidad internacional para enfrentar ese incremento de la diáspora. Es evidente que los aportes económicos externos ya de por sí son insuficientes para atender a los migrantes actuales. Y también es innegable que Colombia continúa, de lejos, como la nación que más está destinando recursos propios para asistir en alimentos, salud, refugio temporal, empleo y otras garantías básicas a los venezolanos. Pese a la difícil coyuntura fiscal, nuestro país y su población son ejemplo de amplia solidaridad, más aún frente a las barreras migratorias de otras naciones y actitudes xenófobas crecientes allí.
Ya se habla de una próxima conferencia de donantes en la Unión Europea. También de llevar esta crisis al pleno de la ONU en una sesión especial para crear un fondo internacional de emergencia que ayude a financiar la atención a estos millones de venezolanos en todo el continente. Todo ello a la par de una mayor presión internacional para remover a la dictadura chavista, incluso mediando que el Consejo de Seguridad tome, por fin, cartas en este dramático asunto, aunque dado el bloqueo geopolítico allí, no es mayor el optimismo al respecto.
Por lo pronto es imperativo que si existe el riesgo de que antes de un año se duplique el número de desarraigados venezolanos, lo que convertiría esta crisis poblacional en la más grave de las últimas décadas en todo el planeta, deben tomarse, desde ya, decisiones concretas y verificables en el campo humanitario y económico. No hay tiempo que perder.