- Ministros, a desactivar riesgos de protesta
- Evitar politización de agitado clima social
La búsqueda de consensos es un deber del Estado, siempre y cuando estos se encuadren dentro de la institucionalidad. El Gobierno, como principal brazo ejecutor del mismo, tiene dentro de sus facultades escuchar los reclamos legítimos de las comunidades y demás sectores nacionales en pos de allanar los caminos para la solución parcial o total de sus problemáticas, consultando siempre el interés común, las posibilidades reales de cumplimiento de los pactos así como el respeto por la Constitución y la ley. Se trata de una premisa básica que en medio del clima de polarización política se ha distorsionado en las distintas lecturas dadas a lo ocurrido con el paro indígena en el Cauca, el costoso acuerdo que terminó allanando el desbloqueo de la vía Panamericana e incluso la frustrada reunión entre el presidente Iván Duque y los líderes de la minga.
Lo cierto es que tras este episodio ya el Gobierno advirtió que no permitirá a los indígenas ni a otros sectores o comunidades del país que en desarrollo del legítimo y amparado derecho a la protesta se incurra en taponamientos de carreteras, ataques a los uniformados, desorden público y otro tipo de vías de hecho para presionar cumplimientos de exigencias, sean cuales sean. Lo preocupante es que ya están anunciadas algunas jornadas de protesta para los próximos días o semanas, empezando por una más del sindicato de profesores públicos, otras tantas de las centrales obreras (no hay que olvidar que el 1 de mayo es el Día del Trabajo) así como posibles movilizaciones de cultivadores de café y de otros rubros productivos tanto del campo, la industria y el comercio, entre otros. Aunque los organizadores de esas movilizaciones han prometido que se desarrollarán en forma pacífica y acorde con los protocolos de seguridad autorizados por las autoridades locales, el riesgo de infiltración violenta -como se evidenció en el Cauca- siempre está presente.
En ese orden de ideas parece claro, entonces, que debe generarse una nueva hoja de ruta para tramitar los inconformismos de los sectores sociales y evitar que estos lleguen a los paros y el riesgo consecuente de que las protestas se salgan del cauce normal. Es allí en donde corresponde al Gobierno, sobre todo a los ministros, hacer un barrido de la situación en sus respectivos sectores y áreas de competencia y en aquellos casos en donde asome la posibilidad de un paro activar de inmediato instancias de diálogo preventivo, buscando acordar líneas de acción y compromisos viables que permitan abortarlo. En otras palabras, intervenir antes de que el problema se agrande y proponer soluciones a corto, mediano y largo plazos que neutralicen el ánimo confrontacional y, por el contrario, lleven a generar un ambiente proactivo.
Pero para que esa hoja de ruta sea efectiva, no solo el Gobierno debe mostrar voluntad de negociación y acuerdo. También los sectores que están llamando a movilizaciones y protestas. Tanto en el caso del Cauca como en el de los estudiantes a finales del año pasado, e incluso de cara a los diálogos con el sindicato de profesores, es claro que el Gobierno solo ha podido comprometerse con aquello que, dentro de sus posibilidades presupuestales y de ejecución, puede cumplir real y comprobadamente. Esta premisa es clave ya que muchos de los paros que en los últimos años han desembocado en altos niveles de afectación fueron motivados, no tanto por nuevas exigencias al Estado por parte de determinados sectores, sino porque no se cumplieron pactos suscritos con anteriores o los mismos gobiernos de turno.
Es más, para todo funcionario público es una obligación asegurar que los acuerdos a que se llegue para levantar protestas sociales, puedan ser honrados por el Estado, ya se trate de instancias del gobierno nacional, departamental o municipal. No es un asunto menor, como lo prueba el hecho de que precisamente esta semana la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria a un exalcalde de Buenaventura por no cumplir un aspecto de un pacto suscrito tras una movilización popular.
Afinar ese mecanismo de alerta temprana ministerial es urgente para evitar que las protestas de algunos sectores terminen siendo infiltradas por los violentos o politizadas en medio del marcado clima de descontento nacional, más aun estando en plena campaña electoral en donde muchos candidatos buscan, como se dice popularmente, pescar en río revuelto.
Como se dijo al comienzo, el Gobierno, como brazo ejecutor del Estado, es el llamado a prevenir que el clima social no se salga de cauce, más en medio de la difícil coyuntura. No hacerlo, esperar a que se compliquen riesgos advertidos, sería un error de marca mayor.