*Repensar las instituciones
*Compromiso conservador con Colombia
Los colombianos nos hemos acostumbrado a esperar del exterior la solución de los problemas sociales, ya sea copiando las fórmulas de otros países, sus modelos políticos, con sus bondades y aciertos, lo mismo que siguiendo a rajatabla sus normas constitucionales. La Carta de 1991 es la expresión de tal afán por copiar artículos de constituciones foráneas, con la peregrina idea de que al imitar al calco una norma solucionamos los problemas. Esa mentalidad llegó al delirio en el momento que en la Convención de Rionegro de 1863, el radicalismo decide copiar la Constitución de los Estados Unidos, con algunos aditamentos locales, como dejar exangüe el Poder Ejecutivo, que estuvo como enfermo e impotente por más de 20 años, lo que sumado a la federación que dividía lo que estaba unido, más la consagración de un período presidencial de dos años, lo mismo que elevar a “Estados” regiones que no conseguían solventarse económicamente, y solían estar incomunicadas, favoreció la disgregación y el atraso. El aislamiento geográfico y en especial mental, eran proverbiales. La debilidad del Estado condujo a pavorosas y no pocas veces absurdas guerras civiles. La falacia de suponer que al convertirnos en Rionegro en Estados Unidos de Colombia, nos volveríamos una potencia, terminó en disolvente tragedia colectiva.
Es preciso sacar alguna lección de esas dolorosas experiencias que han contribuido a degradar la política nacional. Ciertas nociones elementales que consignó el Barón de Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, tomadas en gran parte del sistema inglés, siguen vigentes en cuanto se refieren a la naturaleza del Estado y de la sociedad en la cual se pretende legislar. Las leyes deben ser producto de un amplio conocimiento humano y geopolítico del país en cuestión. Lo contrario de lo que se hizo en 1863, y en algunos casos en la Carta Política de 1991, que, por supuesto, contiene algunos avances y disposiciones bondadosas y acordes con las necesidades del país, al tiempo que trajo innovaciones que han contribuido a debilitar el Estado de manera peligrosa. En el 91 emergen poderosas fuerzas de izquierda que consiguen minar las instituciones, no del todo. La presencia conservadora, en especial la de Álvaro Gómez y del mismo Misael Pastrana, quien al final se retiró del evento por juzgarlo disociador y peligroso, junto con el papel que jugaron otros conservadores y liberales de orden, evitaron que cayéramos en un sistema político peor, como los que después se dieron en otros países, en donde elementos de izquierda colombianos asesoraron a los legisladores para avanzar aún más al modelo socialista de Estado.
Es de recordar que Álvaro Gómez, en el seno de la Asamblea Constituyente del 91, capitanea el cambio, en especial le interesaba fortalecer el Estado en cuanto a la eficacia de la justicia. Suya es la idea que venía defendiendo en El Siglo de la impostergable necesidad de vigorizar el Estado y modernizar la justicia. Se debe al visionario dirigente conservador que se aprobara la creación de la Fiscalía General, con la misión de combatir el delito y con toda la potencia del caso a las mafias que estaban a punto de hacer saltar en mil pedazos la República. Sin la Fiscalía y el CTI, las mafias seguirían imponiendo la ley del terror y del revólver en nuestras ciudades como ocurrió en tiempos de Pablo Escobar. Sin que esa Fiscalía que defendió y apoyó la Asamblea fuese una simple copia de la de Estados Unidos. Álvaro Gómez entendía que se requería una institución poderosa que se adaptara a la mentalidad y condiciones sociales de Colombia, por eso propuso una Fiscalía en la que no se transaba la ley con las mafias como se ha pactado en algunos casos. No quiso darle tanto poder a la institución, ni introdujo la oralidad imperante hoy que se presta a tantas irregularidades y abusos de los jueces.
Cuantos reflexionan sobre la evolución de la situación política actual y con miras al posconflicto, entienden que se debe fortalecer el Estado. Un Estado en donde la magistratura no tiene juez se parece más a una tribu salvaje donde el capricho del cacique y su corte imperan. Y en Colombia, las facultades que Álvaro Gómez y la mayoría de los constituyentes le otorgaron al Consejo de Judicatura en ese sentido, en un nefasto y oscuro episodio se las cercenó la Corte Constitucional.