*El abandono del campo
*Un país rico que no debería tener pobres
El crecimiento económico de Colombia desde finales del siglo XX y principios del XXI está ligado, principalmente a la minería. Situación similar durante gran parte del siglo XVIII Y XIX donde la minería determinaba los ingresos estatales, con excepción en un corto período en el cual la quina y el tabaco trajeron grandes beneficios por cuenta de las exportaciones, hasta que nos volvimos incompetitivos frente a la producción extranjera. Y, por excepción, el café se convirtió largo tiempo, gracias a la Federación de Cafeteros y el Pacto Internacional del café, en la mayor fuente de ingresos del país. En la actualidad la palma africana es el campeón de los ingresos agrícolas por exportaciones, que sigue en expansión y no está subsidiado, ni se declara en paro con la finalidad de recibir apoyo gubernamental. Contamos en el cultivo de la palma africana con la gran ventaja que tenemos sol, tierra, agua y manejamos la tecnología para ensanchar la producción y competir con éxito en los mercados mundiales, pese a las plagas que amenazan el cultivo en regiones como el Chocó y que se han extendido a otras zonas.
Otras actividades como la de los ingenios azucareros sin la protección y subsidio del Gobierno, posiblemente, no subsistirían puesto que por la revaluación del peso y otros factores que elevan el costo de producción a pesar de estar tecnificados, tienen problemas de competitividad. Este fenómeno se repite con diversos productos agrícolas, que han venido en decadencia. Uno de los ejemplos más deplorables es el del Departamento de Boyacá, donde por años se cultivaba trigo y cebada y toda suerte de productos agrícolas, que han ido desapareciendo para dejar la tierra en abandono, siendo que es una de las mejores del país. Por un tiempo las flores se expandieron con gran éxito en la competencia internacional, hasta que finalmente tuvieron que ser subsidiadas con el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), que algunos floricultores utilizaron en negocios distintos a los previstos por la ayuda oficial. Capítulo aparte merecería el de las plantas colombianas que son la materia prima de varios productos farmacéuticos que en vez de elaborarlos aquí los importamos. Lo que muestra la falta de imaginación y la dificultad que tenemos para incentivar con valor agregado en la producción agrícola y pasar a la industrialización. Por lo mismo, hemos insistido múltiples veces en la necesidad de aprovechar la tierra en las zonas de la periferia del país y sembrar en la Orinoquia como mínimo seis a ocho millones de hectáreas que podrían dar trabajo a los reinsertados y desplazados de la violencia, como a gentes del común que en un esfuerzo planificado podrían obtener ingresos para contribuir al desarrollo del país y obtener una vida digna, así como pasar a la fase de la industrialización in sito.
La descripción que acabamos de hacer tiene como objeto mostrar cómo el país ha retrocedido en materia agrícola y numerosos productos que antes se cultivaban como el algodón, han dejado de sembrarse. Entre tanto, hemos vuelto a los tiempos de la Colonia en los cuales prevalecía la minería. A lo que se suma la desindustrialización del país en algunos sectores y la descolombianización de numerosas industrias y empresas que han sido compradas por extranjeros, así algunos tengan la nacionalidad colombiana, puesto que suelen trasladar las sedes principales de sus compañías al exterior y por el sistema de acciones que se transan en la Bolsa Internacional dejan de ser nacionales. Fenómeno que es propio de la política económica internacional relativa a los países signatarios de los TLC, que comprenden la movilidad global de capitales. Y como la minería jalona nuestra economía es preciso llegar a un pacto que concilie la defensa del medio ambiente con la explotación minera y el desarrollo nacional. Son notables los esfuerzos que viene haciendo el Ministerio de Ambiente para señalar las fronteras entre las zonas de naturaleza protegidas y aquellas destinadas a la libre explotación económica. Los humedales y las zonas de reservas naturales no deben ser hollados por la codicia minera, así como las fuentes de agua y los ríos. Lo que significa que en otras zonas del país, con las debidas precauciones y con inversiones posteriores que permitan restablecer el equilibrio en la naturaleza, se puede desarrollar una industria minera que garantice notables ingresos al sector público y privado. Lo peor sería que teniendo una de las riquezas mineras más cuantiosas del mundo siguiésemos en esas regiones con una población paupérrima y con carencias deplorables de infraestructura y civilidad.
Con razón el ministro de Minas y Energía, cuyo despacho afronta varias huelgas mineras en Cerrejón y la Drummond, reclama claridad en las normas que siguen siendo confusas, agravada la situación por fallos de la magistratura que les otorgan exagerada injerencia a sectores de la población de distintas regiones del país, con improvisados grupos políticos y comunidades que se oponen a la explotación minera o que exigen determinados beneficios para permitirla. Actividad que va en contravía del desarrollo. Cosa distinta es cuando se tiene el suficiente respaldo popular como en el caso de Santurbán resuelto por el Ministerio de Ambiente.