* Botazón de normas inservibles: más de 10 mil

* Buen gobernante no es el que más leyes expida

SOMOS  una sociedad muy dada a legislar. La reacción frente a cada nuevo problema es dispararle un decreto, una ley, o en última instancia una reforma constitucional.

En otras culturas jurídicas -como aquellas de origen anglosajón- la ley escrita ocupa un lugar que se parangona con la jurisprudencia o la doctrina para solucionar los problemas y conflictos sociales. No tiene la ley escrita una preeminencia especial sobre las otras fuentes formales del Derecho. En cambio, en sistemas jurídicos como el nuestro, la ley escrita es la fuente formal del Derecho por antonomasia. Todo lo pretendemos arreglar dictando normas. Es una especie de ábrete sésamo para la conflictividad social.

Pero esto tiene un grave inconveniente, además del fetichismo que se le presta a la norma escrita: con el correr del tiempo se acumulan capas geológicas de abrumadoras cantidades de normas escritas, buena parte de las cuales han perdido vigencia e importancia, pero siguen allí congestionando innecesariamente el horizonte normativo.

Por eso hay que saludar con entusiasmo el proyecto de ley impulsado por el senador Eduardo Enríquez Maya, que ya cursó los debates correspondientes en el Congreso y que prontamente será sancionado por la Presidencia. Se trata de una ley que, en vez de legislar, deroga. Saca de circulación jurídica una masa impresionante de normas que han perdido su razón de ser con el correr de los años.

En efecto: en virtud de esta Ley saldrán de circulación jurídica 10.663 normas que ya han cumplido su misión y que por lo tanto se procede a retirar. Así: 7.530 por cumplimiento de su objeto, 1.727 por derogatoria orgánica, 496 por no haber sido adoptadas como legislación permanente, 444 por obsolescencia, 314 por vencimiento del término de vigencia, y una por contradicción con el régimen constitucional. Es decir, se hace una botazón de normas inservibles como cuando se realiza una depuración de libros inútiles en una atiborrada biblioteca que se quiere que sea más amable y útil por los usuarios.

El ritmo febril al cual estamos legislando en Colombia por todo y para todo se pone de presente con estas informaciones del senador Enríquez Maya: en los últimos 10 se han creado 47 nuevos tipos de delitos penales, se han presentado 1.500 proyectos de reformas constitucionales de las cuales se han aprobado 52. Es decir, nuestra Constitución de 1991 ya se ha reformado en 52 ocasiones en sus 29 años de vigencia. Y en el mismo periodo años se han aprobado 2.064 leyes, lo que significa que el acervo de normatividad legislativa (sin contar decretos y circulares) se incrementa a una rata de seis leyes nuevas por mes. Lo que obviamente es absurdo.

Y si a todo lo anterior se le agrega la prolífica producción normativa de las entidades territoriales y de las oficinas encargadas de prestar servicios administrativos especializados como las superintendencias, la Dian, etc., el panorama para los sufridos ciudadanos se vuelve un escenario de locos; tanto más cuando rige el principio -recordémoslo- de que la ley se presume conocida por sus destinatarios y que por lo tanto no se puede alegar su desconocimiento para exculpar su incumplimiento.

Ha llegado el momento de ir cambiando la mentalidad de que toda dificultad se maneja a punta de nuevas normas escritas. A menudo resulta mucho más útil preguntarse cómo se pueden solucionar los problemas (viejos o nuevos) con las normas preexistentes en vez de caer en el fetichismo de que toda nueva dificultad en la sociedad -y siempre las hay y las habrá- se atienden con nuevas normas. El buen gobernante no necesariamente es aquel que produce masas inmensas de legislación nueva todos los días, sino aquel que se esfuerza por responder a los problemas sociales haciendo gala de buen juicio y de diligencia, apelando a los recursos legales preexistentes.

Si: como nos lo está recordando esta nueva Ley por la cual se van a dar de baja 10. 663 normas de nuestro inventario jurídico, a menudo es mucho más importante derogar que legislar.