A casi un mes para que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, asuma el poder, las alertas de la comunidad internacional siguen encendidas por los intentos de algunas autoridades judiciales en ese país centroamericano por desconocer el resultado de las urnas en agosto pasado.

La última maniobra se concretó, precisamente, la semana pasada cuando la Fiscalía guatemalteca pidió anular los comicios, alegando vicios insalvables en la votación de primera vuelta. Ya con anterioridad se ha intentado inhabilitar al partido del mandatario electo e incluso procesarlo penalmente.

Afortunadamente el máximo tribunal electoral continúa ratificando que los resultados de las elecciones presidenciales son inalterables, razón por la cual, hasta el momento, Arévalo, quien no dudó en calificar la movida de la Fiscalía como una especie de “golpe de estado”, tiene posibilidades de posesionarse el próximo 14 de enero, según lo prevé el ordenamiento constitucional y legal en Guatemala.

Lo más grave de toda esta situación es que las intentonas por desconocer el dictamen democrático han sido drásticamente condenadas por la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, así como por muchos gobiernos de distintas latitudes. Esos pronunciamientos no han tenido mayor eco.

Aún así, el sábado pasado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos rechazó los que calificó como intentos "persistentes y sistemáticos" de socavar el resultado de las elecciones presidenciales y urgió, de nuevo, que se respete voluntad popular expresada en las urnas.

Pese a esas alertas externas, lo cierto es que en Guatemala no descartan que estas escasas cuatro semanas que restan para el día de la posesión, se puedan activar otras medidas para tratar de impedir que Arévalo, procedente de un sector político de izquierda, pueda asumir el poder y emprender su gestión de gobierno.

Hasta el momento se mantiene un fuerte debate interno entre los sectores que considera que hay un “complot” judicial y político para obligar a nuevos comicios, y aquellos que señalan que el presidente electo no está por encima de la ley y, por tanto, debe responder ante los llamados de la justicia, ejerciendo su defensa dentro de los cánones de respeto al debido proceso y sus derechos políticos.

Habrá que esperar qué sucede en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay un creciente inconformismo a nivel de la ciudadanía por toda esta situación, lo que hace crecer aumentar el riesgo de protestas que se puedan salir de control en medio de un ambiente tan polarizado.