Entre los compromisos más importantes del presidente Juan Manuel Santos se cuenta reformar la justicia. En el preámbulo del proyecto que, inicialmente, se presentó por cuenta del entonces ministro de Justicia, se especificaba que: “la  justicia, en cualquier sociedad, debe garantizar la solución pacífica de las controversias que en ella surgen y, al mismo tiempo, convertirse en garante real de los derechos de los individuos. Cuando el sistema judicial opera en forma correcta no sólo se promueve el desarrollo y la competitividad sino que se disfrutan las garantías vitales necesarias para la convivencia.  Sin embargo, hay cierto e indiscutible consenso en Colombia relacionado con el hecho de que la justicia no está operando adecuadamente. Algunos sostienen incluso, que en Colombia no hay verdadero acceso a la justicia”. Por tanto, en el párrafo siguiente  agregaba: “La ciudadanía reclama procesos ágiles y acceso al servicio público, mediante un proceso judicial de duración razonable. En todas sus manifestaciones, hoy la justicia colombiana se caracteriza por su morosidad y por haberse convertido en un nuevo factor de exclusión social, amén de la impunidad que se presenta en ciertas causas”.

El proyecto de Acto Legislativo se hunde cuando el presidente Santos se niega a rubricarlo, lo que no es reglamentario en ese caso, por una reacción general negativa por los eventuales efectos que tendría al consagrar, según sus detractores, la impunidad de algunos legisladores y favorecer a los ex parlamentarios implicados en ciertos delitos.

Tras compenetrarse con las necesidades más sentidas y  falencias de la justicia, la ministra Ruth Stella Corea presentó su proyecto que contempla numerosas iniciativas dentro del mismo esquema de la protección de los derechos humanos y, entre otras cosas, descongestionar las cárceles. Éste último es uno de los problemas que atenta contra los derechos humanos y que ha sido reiteradamente denunciado por el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora así como que la noción de buscarla resocialización de los prisioneros se torna imposible, puesto que los que caen por delitos menores son sometidos a tales presiones y violencia, que por lo general se trasforman en curtidos criminales.  Esa ha sido una de las más vivas preocupaciones de la ministra  Correa, quien se interesa no solamente la cadena de corrupción y malestar que impera en algunos centros de detención, sino en los excesos que cometen los jueces cuando aplican las normas sin atender la situación que se padece en las cárceles. Es por ello que elementos que podrían recibir sanciones menores pasan largas temporadas en prisión sin que se les resuelva si situación. De igual forma se presenta el absurdo de que los detenidos de escasos recursos pasen meses y en algunos casos años para recibir la libertad, simplemente por el retraso y parálisis  de la justicia.

En el proyecto que presenta la Ministra a consideración del Legislativo se busca descongestionar las cárceles con medidas como la de permitir que sigan en libertad quienes son sentenciados a penas de tres años o menos. Lo mismo que en otros casos se fija la posibilidad de la casa por cárcel. Como se sabe esos no son temas nuevos, ya existen en los códigos y lo que se hace son algunos cambios en búsqueda de mayor efectividad en la acción de la justicia, así como para evitar la subjetividad de los jueces al momento de analizar la peligrosidad de un individuo, lo que determina que algunos funcionarios no le otorguen el beneficio a quienes lo merecen o, por el contrario, beneficien a elementos peligrosos para la sociedad con casa por cárcel. En la actualidad los condenados a 5 años tienen en determinados casos  el beneficio de la suspensión condicional de la pena. Más como lo han indicado destacados juristas, no faltan los fiscales que malentienden sus funciones al considerar como elementos peligrosos a cuantos caen en su despacho. También  van en aumento los casos en que los jueces de garantías siguen el mismo proceder, situación que aumenta el hacinamiento en las cárceles y el retraso judicial.

No es razonable, ni justo, que en Colombia un delincuente menor u ocasional, que por hambre  roba un pan sea llevado a prisión y se le junte con los más tenebrosos criminales, mientras que los que defraudan al Estado o criminales que  pueden gastar grandes sumas de dinero en su defensa salgan libres. Como tampoco  tiene lógica que ese delincuente menor siga  en una prisión, entre tanto, criminales veteranos reciben beneficios  de casa por cárcel. Lo que quiere la ministra Ruth Stella Correa, entre otras cosas, es evitar que esos hechos aberrantes se repitan. Reforma que seguiremos comentando.