* Inimputabilidad de los legisladores
** Millones de colombianos los miran
Se ha vuelto común denostar del Congreso de la República e inculparlo de todos los males que se abaten sobre el país. La situación se ha tornado tan delicada que varios congresistas dedican parte de su tiempo no tanto a legislar sino a desacreditar la institución; unos sin percatarse de que sus actos y declaraciones son nocivos y le hacen daño irreparable, mientras otros abiertamente se encuentran tan desengañados y sospechan tanto de sus colegas, que recogen firmas para revocar el mandato de los actuales legisladores. No faltan los que con su conducta reprochable, el tráfico de influencias y la mediocridad enlodan la antes venerable institución.
El repaso de la tarea legislativa nos muestra que se aprueban numerosas leyes, una gran parte por iniciativa del Ejecutivo, que no siempre consiguen su objetivo de mejorar, modernizar y contribuir al desarrollo. Varias de esas nuevas leyes corresponden a otras de intenciones similares que no sirvieron y generan más costos burocráticos o hacen la Administración Pública más paquidérmica e ineficiente. Una de las funciones del Congreso en casi todas las naciones de Occidente es la de defender los intereses de la población en materia de impuestos y vigilar los gastos que ejecuta el Gobierno. En la práctica, en Colombia eso es relativo en cuanto el Gobierno puede aprobar el Presupuesto por decreto en caso de que el Congreso le niegue su aprobación.
La indignación que produjo la aprobación del Acto Legislativo de la reforma a la Justicia porque les daba enormes ventajas a los legisladores más propias de una satrapía oriental que de una democracia occidental, contrasta con el silencio que rodeó en su momento la aprobación del Acto Legislativo 01 del 2011, que anula las inhabilidades casi universales que cobijan a los representantes del pueblo. La abolición de las inhabilidades que les permite a los legisladores votar leyes que favorezcan sus intereses, va contra la tradición legislativa colombiana desde los orígenes mismos de la República. Los padres fundadores de la misma rechazaron desde un primer momento la posibilidad de convertir el Congreso en una suerte de mercado público sin reglas de juego, en el que el interés nacional es pisoteado por el egoísmo e individualismo de los negocios privados.
Los conservadores a lo largo de la historia, como los liberales de orden y elementos honorables de otras tendencias políticas con representación en el Congreso, han defendido el interés común de nuestra sociedad, que es contrario a la voracidad de los politiqueros que pretenden rebajar el Congreso negando las inhabilidades de los congresistas que consagran nuestra Constitución y tradición democrática. Los legisladores tienen numerosos privilegios y un fuero del que carecen los demás colombianos, lo que los obliga a un comportamiento ejemplar como servidores del pueblo. Es lamentable que apenas unos pocos defiendan su integridad, dignidad e incorruptible condición. Romper para siempre el cinturón de castidad para permitir que senadores y representantes legislen en causa propia, atenta contra la razón de ser del Congreso.
Ese desvarío que cometió el Congreso al aprobar el Acto Legislativo 01 del 2011 debe ser reparado, y no con un ‘mico’. En conversaciones con varios representantes se nota una voluntad de reparar el daño que le han hecho a la credibilidad, prestigio y razón de ser de esa institución. En esta oportunidad los elementos de orden deben dar muestras de que son capaces de entender el delicado momento que vive la Nación. Insistir en hacer prevalecer un Congreso inimputable que se dedique a favorecer los interesas vitandos de los legisladores o sus secuaces por encima de los de la Nación, sería sencillamente suicida y conduciría directamente a su inevitable revocatoria.
Por lo mismo y por cuanto conocemos a numerosos y muy valiosos representante del pueblo, a los que admiramos, y que desean actuar con altura al servicio de la Patria, nos atrevemos a ensayar una defensa del Congreso. Allí se encuentran personajes valiosos, capaces, que aman a Colombia sin importar el partido político a que pertenecen. Por desgracia, los peores son los que más se destacan. Esos congresistas que creen en nuestro futuro común deben hacer oír su voz, denunciar y acorralar a los que avergüenzan la institución. Se trata de actuar como se acuñó el artículo 183 de la Constitución, que fija las inhabilidades principales y que por violarlas descaradamente han perdido la investidura hasta hoy 54 congresistas. Es preferible que unos cuantos legisladores, por cuenta de sus delitos y abusos, pierdan la investidura a que todos pierdan la confianza del pueblo colombiano y con su mala conducta propicien la revocatoria del Congreso.