* La habilitación de Machado es un inamovible

* El riesgo de darle aire al régimen dictatorial

 

La comunidad internacional debe aumentar la presión sobre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ahora que la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, decidió apelar ante Tribunal Supremo de Justicia -cooptado por el chavismo- la sanción de inhabilitación política que le impuso tiempo atrás la Contraloría venezolana, otro órgano que sigue las órdenes de gobierno autoritario.

Aunque siempre había insistido en que no reconocía esa sanción, no solo por estar motivada por hechos espurios sino porque nunca le fue notificada de forma oficial, Machado decidió apelarla el viernes pasado, esto en el marco de una negociación política al respecto que se viene dando con la cúpula madurista, gracias a la mediación noruega.

Como se sabe, la decisión meses atrás del gobierno estadounidense en torno a flexibilizar las sanciones económicas contra el régimen chavista están condicionadas a que éste cree las condiciones necesarias para celebrar el año entrante elecciones presidenciales transparentes y con vigilancia internacional.

Sin embargo, la dictadura no ha procedido a facilitar ese camino democrático, y menos aún después de que en octubre Machado ganara de forma mayoritaria las elecciones primarias de la oposición para escoger un candidato único que enfrente a Maduro en las urnas el año entrante.

Por el contrario, varios de los organizadores del evento electoral de la oposición empezaron a ser judicializados y se teme que puedan terminar tras las rejas a corto plazo.

De allí que luego de la apelación interpuesta por Machado el pasado viernes, la decisión de destrabar el camino político de la aspirante está en manos de un Tribunal que, se sabe, sirve a los intereses del chavismo, al punto que ha sido utilizado de manera reiterada para proferir fallos y medidas judiciales contra los líderes de la oposición, periodistas y muchos críticos del gobierno autoritario.

¿Cumplirá Maduro con el pacto firmado en el marco del llamado Acuerdo de Barbados, del pasado 30 de noviembre, en donde el régimen se comprometió a facilitar mecanismos para que los dirigentes políticos inhabilitados pudiesen acudir ante el mencionado Tribunal para apelar las sanciones en su contra y así despejar el camino para postularse en los comicios del próximo año?

Esa es la pregunta que está sobre el tapete. De hecho, el gobierno Biden ya lanzó los primeros campanazos respecto a que la permanencia en el tiempo del levantamiento parcial de las sanciones sobre la exportación de petróleo, gas y oro venezolanos dependerá de que el Palacio de Miraflores empiece a dar señales claras e inequívocas en torno a que el proceso electoral del 2024 será garantista y transparente.

Aun así, crecen las voces del partido Republicano que critican las decisiones de la Casa Blanca al respecto, sobre todo en cuanto a que el régimen ya está ingresando recursos por las exportaciones minero-energéticas, pero no hay ninguna medida real de apertura democrática ni de cese de la persecución a los sectores contradictores, salvo algunas liberaciones de presos políticos, aunque muchos siguen tras las rejas.

La misma oposición considera que la comunidad internacional puede estar cayendo en un exceso de confianza respecto al gobierno chavista, que es claro utilizará los ingresos petroleros a sus arcas para tratar de ‘aceitar’ la maquinaria política y partidista que está enquistada en las tres ramas del poder público, así como en muchas gobernaciones y alcaldías. Hará esto mientras que mantiene a sus rivales inmóviles en espera de que se les levante una inhabilitación dictada por la Contraloría que, según las propias normas constitucionales, no tiene la capacidad de sacar de la carrera electoral a ningún dirigente, toda vez que ello solo es posible si media una condena judicial en firme, la cual no pesa sobre Machado en estos momentos.

Como lo dijo la propia aspirante: “el balón está ahora en la cancha” del chavismo. El régimen debe entender que no puede seguir ganando tiempo a nivel interno y dilatando el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional. Hacerlo debería llevar a que el embargo sobre sus exportaciones de crudo vuelva a activarse en el corto plazo. Es imperativo que el Palacio de Miraflores sienta un eje de presión mayor. No solo debe exigírsele que libere la totalidad de los presos políticos, sino que el aparato judicial que está a su servicio no continúe encarcelando más líderes partidistas.

Darle aire a la dictadura es un plan muy peligroso que podría desembocar en un fortalecimiento del aparato represivo, un escenario democrático aún más restringido y, peor aún, la profundización de la crisis política, económica, social, de derechos humanos, seguridad e institucional que sufren millones de venezolanos.