* En vilo negociación y prorrogar cese el fuego
* Los bandazos y traumatismos de la “paz total”
El próximo sábado vence la vigencia del cese el fuego bilateral entre el gobierno Petro y la guerrilla del Eln, que comenzó en agosto del año pasado, inicialmente por seis meses, pero luego, en febrero, se extendió por otro semestre.
Sin embargo, la posibilidad de que esa suspensión de acciones militares ofensivas se prorrogue está en duda, no solo porque desde distintos sectores regionales y locales, sobre todo de Arauca, Antioquia, Nariño o los santanderes, se advierte que esa facción subversiva viene incrementando su operatividad delincuencial, especialmente en materia de secuestro, extorsión, narcotráfico y otras hostilidades contra la población civil, sino porque hay una crisis de hondo calado en el proceso de negociación desde hace dos meses. Es más, las tratativas están congeladas y los últimos pronunciamientos de lado y lado son muy altisonantes y ponen en duda la posibilidad de una reanudación a corto plazo.
Por el lado de la delegación gubernamental, si bien los recientes comunicados reiteran los llamados al Eln a “sentarnos a resolver de manera bilateral y constructiva los problemas del proceso de paz”, también se advierte que “lamentablemente, una y otra vez, ante esa voluntad manifiesta (del Ejecutivo), las respuestas han sido las mentiras y la arrogante posición de la dirección del Eln y de su comandante Antonio García”.
En ese orden de ideas, el Gobierno desmiente afirmaciones subversivas en torno a que no se ha reconocido el carácter político del Eln o que se está incumpliendo un presunto acuerdo para crear a corto plazo un fondo internacional multidonante que permita financiar a esa facción armada ilegal, solo a cambio de lo cual los subversivos se comprometerían a no secuestrar y extorsionar a la población civil, entre otros delitos.
Finalmente, tras advertir que el Eln aún no ha respondido si está dispuesto a transitar a la paz, “o si por el contrario concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar”, la delegación gubernamental conminó a esa guerrilla a decidir, aquí y ahora, si quiere descongelar la mesa y renovar el cese al fuego. A hoy, faltando dos días para que se venza la vigencia de la tregua, la respuesta a ese ultimátum no se conoce.
De hecho, la cúpula del Eln no se ha movido de sus exigencias −abierto chantaje, según algunos críticos de este accidentado proceso− en torno a la constitución del fondo multidonante, la suspensión de diálogos regionales con un frente ‘rebelde’ en Nariño, la necesidad de una postura “clara” del Gobierno en cuanto al norte de la mesa, que esa guerrilla sea retirada de la lista de “Grupos Armados Organizados” y que la Fuerza Pública no siga ‘violando’ el cese el fuego. Esta postura radical fue ratificada un mes atrás en el “VI Congreso” subversivo.
Más allá de este pulso entre las partes y el desgastante cruce de señalamientos, lo cierto es que la crisis en el proceso de negociación entre el Ejecutivo y el Eln es apenas un capítulo más del traumático desarrollo de la política de “paz total”. Una estrategia que hace agua por todos sus flancos, como se evidencia de la fragmentación de las accidentadas tratativas con las disidencias de las Farc o ‘Estado Mayor Central’; los vacíos jurídicos que rodean los diálogos con las reincidencias de las Farc o ‘Nueva Marquetalia’, a las cuales, constitucional y legalmente, no se les puede reconocer estatus político alguno; la nulidad de los gaseosos y polémicos acercamientos con bandas criminales de alto espectro, como el ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Pachenca’; y los bandazos en las inciertas gestiones con grupos delincuenciales en Buenaventura o Medellín…
Lo más grave es que mientras todo ello ocurre, la situación de inseguridad y orden público en el país se deteriora a niveles críticos, como se deriva del aumento de masacres, asesinato de líderes sociales y desmovilizados, la ofensiva terrorista de una facción de las disidencias de las Farc en Valle, Cauca y Chocó, así como la escalada de secuestros del Eln en Arauca, el auge de narcocultivos, la oleada de extorsión, el desdoblamiento del ‘Clan del Golfo’ y, en general, un pico de delincuencia común y organizada en gran parte del territorio.
Hasta el propio Gobierno terminó por admitir, tras muchos reclamos ignorados de gobernadores y alcaldes, que el cese el fuego sí ha sido aprovechado por los grupos armados ilegales para fortalecerse militarmente, reclutar niños y jóvenes y afianzarse en corredores y enclaves de rentas ilícitas. Todo ello, mientras las Fuerzas Militares y de Policía tienen restringida su operatividad. Siendo innegable, además, que los mecanismos de monitoreo y verificación del cumplimiento de la tregua por parte de los subversivos son extremadamente débiles e ineficaces.
Visto lo anterior, queda claro que el vilo en que está el proceso de negociación del gobierno Petro con el Eln, a dos días de que termine la vigencia del cese el fuego, no es un hecho aislado, sino una consecuencia de la gaseosa, caprichosa y deshilvanada política de “paz total”.
En vilo negociación y prorrogar cese el fuego
Los bandazos y traumatismos de la “paz total”
El próximo sábado vence la vigencia del cese el fuego bilateral entre el gobierno Petro y la guerrilla del Eln, que comenzó en agosto del año pasado, inicialmente por seis meses, pero luego, en febrero, se extendió por otro semestre.
Sin embargo, la posibilidad de que esa suspensión de acciones militares ofensivas se prorrogue está en duda, no solo porque desde distintos sectores regionales y locales, sobre todo de Arauca, Antioquia, Nariño o los santanderes, se advierte que esa facción subversiva viene incrementando su operatividad delincuencial, especialmente en materia de secuestro, extorsión, narcotráfico y otras hostilidades contra la población civil, sino porque hay una crisis de hondo calado en el proceso de negociación desde hace dos meses. Es más, las tratativas están congeladas y los últimos pronunciamientos de lado y lado son muy altisonantes y ponen en duda la posibilidad de una reanudación a corto plazo.
Por el lado de la delegación gubernamental, si bien los recientes comunicados reiteran los llamados al Eln a “sentarnos a resolver de manera bilateral y constructiva los problemas del proceso de paz”, también se advierte que “lamentablemente, una y otra vez, ante esa voluntad manifiesta (del Ejecutivo), las respuestas han sido las mentiras y la arrogante posición de la dirección del Eln y de su comandante Antonio García”.
En ese orden de ideas, el Gobierno desmiente afirmaciones subversivas en torno a que no se ha reconocido el carácter político del Eln o que se está incumpliendo un presunto acuerdo para crear a corto plazo un fondo internacional multidonante que permita financiar a esa facción armada ilegal, solo a cambio de lo cual los subversivos se comprometerían a no secuestrar y extorsionar a la población civil, entre otros delitos.
Finalmente, tras advertir que el Eln aún no ha respondido si está dispuesto a transitar a la paz, “o si por el contrario concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar”, la delegación gubernamental conminó a esa guerrilla a decidir, aquí y ahora, si quiere descongelar la mesa y renovar el cese al fuego. A hoy, faltando dos días para que se venza la vigencia de la tregua, la respuesta a ese ultimátum no se conoce.
De hecho, la cúpula del Eln no se ha movido de sus exigencias −abierto chantaje, según algunos críticos de este accidentado proceso− en torno a la constitución del fondo multidonante, la suspensión de diálogos regionales con un frente ‘rebelde’ en Nariño, la necesidad de una postura “clara” del Gobierno en cuanto al norte de la mesa, que esa guerrilla sea retirada de la lista de “Grupos Armados Organizados” y que la Fuerza Pública no siga ‘violando’ el cese el fuego. Esta postura radical fue ratificada un mes atrás en el “VI Congreso” subversivo.
Más allá de este pulso entre las partes y el desgastante cruce de señalamientos, lo cierto es que la crisis en el proceso de negociación entre el Ejecutivo y el Eln es apenas un capítulo más del traumático desarrollo de la política de “paz total”. Una estrategia que hace agua por todos sus flancos, como se evidencia de la fragmentación de las accidentadas tratativas con las disidencias de las Farc o ‘Estado Mayor Central’; los vacíos jurídicos que rodean los diálogos con las reincidencias de las Farc o ‘Nueva Marquetalia’, a las cuales, constitucional y legalmente, no se les puede reconocer estatus político alguno; la nulidad de los gaseosos y polémicos acercamientos con bandas criminales de alto espectro, como el ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Pachenca’; y los bandazos en las inciertas gestiones con grupos delincuenciales en Buenaventura o Medellín…
Lo más grave es que mientras todo ello ocurre, la situación de inseguridad y orden público en el país se deteriora a niveles críticos, como se deriva del aumento de masacres, asesinato de líderes sociales y desmovilizados, la ofensiva terrorista de una facción de las disidencias de las Farc en Valle, Cauca y Chocó, así como la escalada de secuestros del Eln en Arauca, el auge de narcocultivos, la oleada de extorsión, el desdoblamiento del ‘Clan del Golfo’ y, en general, un pico de delincuencia común y organizada en gran parte del territorio.
Hasta el propio Gobierno terminó por admitir, tras muchos reclamos ignorados de gobernadores y alcaldes, que el cese el fuego sí ha sido aprovechado por los grupos armados ilegales para fortalecerse militarmente, reclutar niños y jóvenes y afianzarse en corredores y enclaves de rentas ilícitas. Todo ello, mientras las Fuerzas Militares y de Policía tienen restringida su operatividad. Siendo innegable, además, que los mecanismos de monitoreo y verificación del cumplimiento de la tregua por parte de los subversivos son extremadamente débiles e ineficaces.
Visto lo anterior, queda claro que el vilo en que está el proceso de negociación del gobierno Petro con el Eln, a dos días de que termine la vigencia del cese el fuego, no es un hecho aislado, sino una consecuencia de la gaseosa, caprichosa y deshilvanada política de “paz total”.