* Gobernadores y alcaldes deben acelerar paso
* Les resta apenas un año efectivo de mandato
Un año y medio. Ese es el tiempo que les resta de mandato a los actuales gobernadores y alcaldes. En vista de ello, es necesario que empiecen a apretar el acelerador para asegurar un buen remate de su gestión, más aun teniendo en cuenta que cuatro meses antes de los comicios de octubre de 2023 volverá a entrar en vigencia la Ley de Garantías Electorales que restringirá la capacidad de contratación, movimientos de nómina y firma de convenios interadministrativos a nivel departamental y municipal. Así las cosas, bien podría decirse que prácticamente es un año de gobierno pleno lo que les queda a los Ejecutivos seccionales y locales, ya que en el segundo semestre del año entrante estarán limitados por la mencionada norma y luego, noviembre y diciembre, deberán aplicarse a la rendición de cuentas y el empalme con sus sucesores, sin mayor margen de acción en materia de impulsos decisivos a programas y proyectos de gran envergadura.
La gestión de los hoy gobernadores y alcaldes ha sido una de las más complicadas en este siglo, ya que cuando apenas llevaban dos meses largos en el poder, comenzó en nuestro país la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia de covid-19. Por más de dos años, hacer frente a esta emergencia se convirtió en la prioridad de los gobiernos nacional, departamentales y municipales, al punto de que los planes de desarrollo aprobados para cada una de esas esferas quedaron en segundo plano mientras se implementaba el plan de contingencia para contener los efectos del coronavirus a todo nivel y arrancar el proceso de reactivación una vez la drasticidad epidemiológica comenzó a ceder.
De hecho, como lo resaltamos tiempo atrás en estas columnas, sorprende para bien que los reportes de Planeación Nacional respecto de la ejecución de los planes de desarrollo por parte de las administraciones territoriales tenga porcentajes altos, evidenciando una alta resiliencia de las gobernaciones y alcaldías para seguir adelante en medio de la crisis pandémica, la caída de los ingresos fiscales por las cuarentenas y parálisis productiva, el rebrote de la violencia armada y hasta la ola de paros y bloqueos del segundo trimestre del año pasado. Una prueba de esa fortaleza institucional es el reciente informe del DANE sobre la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel territorial, en donde la tercera parte de los departamentos creció por encima del ya histórico 10,7% a nivel nacional durante 2021, en tanto han bajado, de manera más lenta pero sostenida, los índices de pobreza y desempleo.
Otro de los retos de los ejecutivos departamentales y municipales ha sido el relativo a la adecuación normativa sobre la marcha, vista la expedición por parte del Congreso de un nuevo régimen departamental, la categorización de las ciudades capitales, la última reforma al Sistema Nacional de Regalías, la creación de más regiones administrativas de planificación, los nuevos controles al Plan de Alimentación Escolar e incluso las modificaciones a los estatutos de control fiscal y disciplinario, así como las nuevas leyes de Seguridad Ciudadana y la Acción Climática… Todas esas reformas tienen un alto impacto en el día a día de los gobiernos territoriales.
Es innegable, de otra parte, que la larga y movida campaña parlamentaria y presidencial tuvo un efecto en los mandatos de gobernadores y alcaldes, ya fuera por los efectos de la Ley de Garantías Electorales (que incluso alcanzó a ser reformada pero luego la Corte Constitucional tumbó la modificación) o los no pocos escándalos por la presunta participación de algunos de estos mandatarios en temas proselitistas.
Visto todo lo anterior, resulta evidente que se requiere que el nuevo gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, comience a trabajar rápidamente con los mandatarios territoriales. Hay una gran cantidad de obras y proyectos en curso en materia de movilidad vial, infraestructura, vivienda, saneamiento básico y otros campos que es necesario continuar. De igual manera, la entrante administración de izquierda plantea una serie de reformas políticas, económicas, sociales e institucionales de alto impacto regional, razón por la cual es imperativa una explicación y coordinación suficientes entre las partes para analizar sus consecuencias y posibles ajustes para lograr el mejor resultado posible.
Como se ve, la agenda de los departamentos y municipios en el próximo año y medio es bastante intensa, lo que requerirá una máxima concentración de los gobernadores y alcaldes para garantizar un remate de gestión productivo y eficaz. Hay muchas problemáticas de orden estructural o coyuntural que requieren una acción más proactiva. No hay tiempo que perder.