* El nuevo Congreso no puede decepcionar
* Privilegiar debates de fondo y ponderación
Colombia arranca hoy un nuevo cuatrienio legislativo. La posesión de los senadores y representantes a la Cámara elegidos el pasado 13 de marzo se da en medio de una gran expectativa de todos los sectores políticos, económicos, sociales e institucionales. Y no es para menos, con un mapa político inédito en el que la izquierda llega al Ejecutivo y tiene una coalición parlamentaria mayoritaria, son muy grandes los desafíos del Congreso en esta primera legislatura.
De un lado, el gobierno entrante anuncia una serie de reformas en materia tributaria, agraria, laboral así como en salud, educación, ambiente, hidrocarburos e inversión social, entre otras materias, todas con profundas implicaciones. Obviamente ese amplio número de iniciativas no se radicará al mismo tiempo. La primera en llegar sería la relacionada con el apretón impositivo, pero el articulado todavía está en construcción y, según lo anunció ayer el designado Ministro de Hacienda, solo se presentaría después de la posesión presidencial el 7 de agosto.
Frente a todos esos proyectos de reforma legal y constitucional es imperativo que el Parlamento proceda con la mayor agilidad pero también con la máxima ponderación y responsabilidad en los debates en comisiones y plenarias, más aún cuando ya se confirmó que cada iniciativa llegará con mensajes de urgencia e incluso de insistencia para acelerar su trámite. Hay que analizar con detenimiento y profundidad cada cambio propuesto, sus implicaciones a corto, mediano y largo plazos. No se puede improvisar en modo alguno como tampoco recurrir siempre a la ‘aplanadora’ numérica de las mayorías. Hoy más que nunca se requiere una aplicación garantista del Estatuto de Oposición y escuchar a todas las voces del país para que las modificaciones legislativas sean lo más eficientes posible.
Por otra parte, una de las primeras tareas del Congreso que hoy comienza funciones será el trámite del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2023. Presentado por el saliente gobierno, es apenas obvio que la ley orgánica sobre gastos de funcionamiento, inversión social y servicio de la deuda debe tener el visto bueno de la entrante administración, incluso con los ajustes del caso derivados de la reforma tributaria que se aspira esté aprobada antes de terminar el año y los tiempos en que la Nación empezaría a recibir esos nuevos ingresos por impuestos y otros conceptos, según la vigencia fiscal que se determine en esa estructura impositiva. Hay temas como la prórroga y reorganización de subsidios y otras transferencias monetarias activadas en medio de la crisis pandémica que tienen que provisionarse para el próximo año, es claro.
En tercer lugar, este Congreso deberá empezar a debatir antes de que termine este primer tramo de legislatura el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro. Es, sin duda, una de las tareas más importantes, no solo por contener el aterrizaje normativo de las promesas de campaña y el cambio que se propone, sino porque se espera que dicha iniciativa dé continuidad a las políticas de Estado que se consideren probadamente eficientes en distintos flancos de la cosa pública.
Y, por último pero no menos importante, el Senado y la Cámara de Representantes tienen otro gran reto en este segundo semestre: las elecciones de Contralor General de la República, nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral y uno más de la Corte Constitucional. Más allá del rifirrafe político que siempre rodea estos procesos, cada una de esas escogencias exige un alto grado de responsabilidad institucional, autonomía de criterio y sapiencia para privilegiar los intereses nacionales sobre los particulares y partidistas.
Como se ve, el Parlamento que hoy comienza a sesionar tiene grandes retos en este primer tramo de trabajo. Está en sus manos empezar a dejar atrás la imagen desgastada y el alto desprestigio entre la opinión pública que lamentablemente siempre rodea al Congreso. Para ello no solo deberá afrontar los desafíos ya anotados, sino avanzar de forma eficiente y contundente en la depuración de las costumbres políticas, la seriedad de los debates, la ponderación de la iniciativa legislativa, la obligación de dar ejemplo de discusiones con altura y respeto por el contrario y, sobre todo, la capacidad para conectar con las necesidades coyunturales y estructurales de la ciudadanía y dar respuesta concreta a las mismas. Fallar en cualquiera de esas premisas no solo ahondará la impopularidad de esta rama del poder público sino que frustrará la gran expectativa con que comienza este nuevo cuatrienio en el Senado y la Cámara de Representantes.