* Capturados 29 extraditables
* Luces y sombras de la lucha
DÍA tras día las autoridades colombianas redoblan esfuerzos para enfrentar el narcotráfico, y si bien es cierto que esta lucha es cada vez más complicada por el reciclaje casi automático de capos, mandos medios y carteles a medida que son desarticulados, es imposible bajar la guardia y, mucho menos, enredarse en desgastados e interminables debates sobre la legalización del negocio de los estupefacientes.
Por lo mismo, anuncios como el de ayer en torno de que una operación conjunta de la Policía colombiana y las autoridades estadounidenses permitió capturar a 29 personas con fines de extradición, se constituyen en un espaldarazo a una lucha que le ha costado al país muchas vidas, dolor y recursos. Aunque sólo hasta hoy en Washington el director de la Policía de nuestro país y la Fiscal General norteamericana darán los detalles de la operación, el presidente Santos la calificó como “tal vez la más grande en la historia de Colombia con fines de extradición”.
Según las estadísticas oficiales 2011 ha sido productivo en materia antidrogas. En el primer semestre se incautaron más de 76 toneladas de cocaína, 193 de marihuana y 242 kilos de heroína. También se destruyeron siete narco-submarinos y más de 1.500 laboratorios, ‘cocinas’ y cristalizaderos de narcóticos. Igual se inmovilizaron 423 embarcaciones, 137 aeronaves, 287 vehículos. En cuanto a erradicación de narcocultivos, en 13 mil hectáreas de hoja de coca se hizo manualmente y en 68 vía fumigación aérea.
A ello debe sumarse que en mayo la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito confirmó que en Colombia hubo el año pasado una reducción de 13% en sembradíos de coca y 12% de la producción de cocaína. En materia de extradiciones, el actual Ejecutivo mantiene el ritmo de su antecesor y en los últimos doce meses remitió a la justicia de otros países más de un centenar de sindicados por narcotráfico, la mayoría a E.U.
Sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer. Aunque en marzo la Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU sacó a Colombia de su lista de naciones que merecen “observación especial” por producción y tráfico de narcóticos, advirtió que el país produjo en 2009 unas 410 toneladas de cocaína, conservando así el deshonroso primer puesto mundial en este aspecto. En cuanto a producción, Perú asumió ese vergonzante sitial.
Por igual, está claro que tanto la guerrilla como las bandas criminales o de neoparamilitares están volcadas al narcotráfico, incluso con alianzas entre ellas. Los índices de drogadicción también siguen en aumento así como los crímenes de alto impacto asociados al consumo de estupefacientes.
El acto legislativo que en 2009 prohibió el porte de la dosis mínima de sustancias alucinógenas sigue sin reglamentar y las autoridades muchas veces no saben si tratar al adicto como enfermo o delincuente. De otro lado, en el Congreso no arranca en forma el estudio al proyecto de Estatuto de Drogas y Sustancias Psicoactivas, que debe reemplazar a la tantas veces reformada Ley 30 de 1986. La iniciativa se ocupa, entre otras cosas, de regular lo relativo a drogas sintéticas, modifica aspectos penales y de procedimiento penal y busca armonizar toda la legislación sobre este tema. A ello debe agregarse la corrupción y graves anomalías en el manejo de millonarios bienes muebles e inmuebles incautados en la intervenida, y en proceso de liquidación, Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
De colofón, por más que el Gobierno insista a la comunidad internacional corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, priman las palmaditas en la espalda y no una verdadera y tangible cooperación judicial, económica y logística del resto del mundo. Por ejemplo, las partidas de la Casa Blanca al Plan Colombia se están marchitando.
Se trata, pues, de un escenario complejo. Pero aún así el país no puede ni debe bajar la guardia en esta cruzada. Hacerlo sería suicida.