- Unidad de mando para ‘guerra’ contra el Covid-19
- Presidencia, gobernadores y alcaldes, una sola línea
La mejor y más eficiente manera de enfrentar una emergencia es, a no dudarlo, que la adopción de las medidas se haga de manera ordenada, coherente y jerarquizada, de modo tal que se pueda tener un sistema de control que mida su eficacia, ritmo de ejecución y resultados. Si este proceso se cumple no solo se asegura la posibilidad de alcanzar los objetivos para hacer frente a la crisis respectiva, sino la utilización eficiente y funcional de todos los recursos humanos, técnicos y económicos que se destinen para dicho propósito.
Acorde con lo anterior, y tal como lo habíamos advertido en un editorial de comienzos de la semana, la gravedad de la emergencia sanitaria por el Covid-19, que ayer ya tenía en Colombia más de cien casos confirmados, hace imperativo que el plan de contingencia que se está aplicando para atender las distintas fases de esta crisis sea, precisamente, ordenado, coherente y jerarquizado. Así las cosas, resultaba inconveniente a todas luces que las medidas de restricción de la movilidad y de otra índole que estaban tomando varios gobernadores y alcaldes a lo largo y ancho del territorio no estuvieran siendo coordinadas con el Gobierno nacional, de forma tal que tales estrategias puntuales se enmarcaran dentro de los lineamientos generales de la Casa de Nariño en esta crucial etapa de contención de la enfermedad viral.
Afortunadamente, tras un presunto cortocircuito entre las autoridades del orden nacional y las regionales, el Presidente de la República y los mandatarios departamentales y municipales lograron aclarar el asunto y acordar un sistema que permita que todas las decisiones que se adopten para evitar el contagio exponencial del coronavirus entre la población colombiana estén enrutadas dentro de una estrategia general que, como lo ordena la Constitución y sobre todo la lógica institucional en lo público, está bajo la tutela prevalente del Jefe de Estado. Es más, los pronunciamientos de la mayoría de gobernadores y alcaldes al reaccionar al decreto presidencial que ratificó sus facultades y competencias en materia de orden público y convivencia ciudadana, estuvieron en la dirección de acatar esa directriz, revalidando además la disposición de las administraciones seccionales y locales para consultar con la Casa de Nariño y el equipo ministerial los planes de contingencia que se están aplicando de manera específica en sus respectivas jurisdicciones.
Si bien desde algunos sectores se trató de exacerbar la supuesta disparidad de criterios e incluso hubo un evidente intento de politizar e ideologizar la situación, tanto el Jefe de Estado como los gobernadores y alcaldes insistieron en que no hay tiempo ni lugar para esa clase de controversias y, por el contrario, lo que se requiere con urgencia es el mayor grado de coordinación institucional en los distintos niveles de gobierno para hacerle frente a la que, desde ya, se está considerando como la crisis sanitaria, económica y social más grave del país y el mundo en las últimas décadas.
Así las cosas quedó claro que todas las medidas que hoy están rigiendo en gobernaciones, municipios y capitales departamentales, así como en Bogotá, están autorizadas por el Ejecutivo nacional, sin que exista ninguna rueda suelta cuyo accionar unilateral pueda poner en peligro, contrariar o debilitar la estrategia general para combatir el Covid-19. Los toques de queda, restricciones de movilidad vial así como en comercios, turismo y otro tipo de actividades cotidianas y productivas tienen el visto bueno de todos los niveles de autoridad pública y, por lo tanto, están revestidos de legitimidad institucional al ciento por ciento. De allí que la ciudadanía en general está obligada a cumplir las indicaciones que, dicho sea de paso, están dirigidas a proteger la vida de todos los colombianos, que es la prioridad en todo el plan de contingencia.
No hay que olvidar, además, que el aislamiento social es una de las principales herramientas para hacer frente a la expansión del coronavirus y todas las medidas que se están tomando buscan concretar esa crucial meta preventiva. Cumplirlas, entonces, se constituye en un imperativo para todos y cada uno de los habitantes de nuestro país, ya que al hacerlo no sólo se está protegiendo el individuo como tal sino a sus familias y el resto de la comunidad en donde vive. Todos, en consecuencia, tienen su cuota de responsabilidad para evitar que la epidemia desemboque en una tragedia de grandes dimensiones.
Como se ve, la prioridad nacional es que el triunvirato Gobierno-ciudadanía-sector privado funcione para derrotar a un enemigo muy peligroso. Y para ello es condición primordial que desde la autoridad, sea cual sea su nivel, facultad y competencia, se escuche una sola voz, ordenada, coherente y jerarquizada.