- Reclutamiento forzado aumenta durante pandemia
- Un deshonroso récord en el hemisferio occidental
Es un dato estremecedor. Entre enero y junio, en plena pandemia de Covid-19, el reclutamiento forzado de menores en Colombia creció 113 por ciento, como lo denuncia la “Coalición contra la vinculación de niñas, niños y adolescentes al conflicto armado” (Coalico).
Esa situación confirma lo lejos que estamos de una pacificación real del país, el ensañamiento de los grupos armados ilegales con la población más preciada e importante para el presente y futuro, pero sobre todo la continuidad de la ya antigua inoperancia del Estado para proteger y hacer respetar los derechos de los menores.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) señala que por lo menos 16.879 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por diferentes grupos armados ilegales entre 1970 y 2016. Es pues, un problema antiguo y de aterradora dimensión, que lanza también un reproche a toda la sociedad pues sólo la indiferencia y permisividad explican como este flagelo, pese a ser tan escabroso y de tan terribles consecuencias, lejos de disminuir crezca y en total impunidad. Un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la trata de personas, señala que pese a que Colombia es el país con mayor número de niños reclutados en el hemisferio occidental, desde 2017 no se profiere una sola sentencia condenatoria por ese crimen.
Son niños a quienes se les vulneran sus derechos y se les arrebata toda posibilidad de crecer sanamente en el seno de sus familias, de vincularse a la educación y de vivir en sociedad, conforme a la ley.
Los grupos armados ilegales usan a los niños como mano de obra de bajo costo para actividades de vigilancia y mensajería, cobrar extorsiones, raspar la hoja de coca y algunos reciben entrenamiento en uso de armas y son integrados a la tarea militar, incluyendo combates, atentados y otras actividades criminales. Las niñas y adolescentes deben agregar a esos roles el reclutamiento de más menores y sobre todo, la explotación sexual.
Colombia promulgó en el 2006 la Ley de Infancia y Adolescencia y ha suscrito los principales acuerdos internacionales en la materia, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Pero en el mundo real, pese a que los derechos de los niños son prevalentes, la crisis continúa con sus características de siempre: lentitud e ineficiencia de la justicia, dispersión de la información y sobre todo el incremento tanto de los ataques a los niños como a las zonas de riesgo.
La Procuraduría señala como culpables del reclutamiento forzado de menores en Colombia a las disidencias de las Farc, el Eln, ‘Los Caparros’, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y el ‘Clan del Golfo’, entre otros. También denunció recientemente que muchos de los menores reclutados pertenecen a comunidades indígenas.
Más allá de la coyuntura lo sustantivo es que persisten las causas estructurales del reclutamiento: la cultura de la violencia, la miseria, la falta de oportunidades y la precaria presencia del Estado en los territorios.
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales puso en marcha en 2019 una “Política pública de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual por parte de los grupos armados organizados”. Una estrategia que pretende articular el trabajo de 22 entidades para enfocar la oferta del Gobierno en educación, protección, movilización social y asistencia psicosocial en los 184 municipios que concentran la mayor problemática.
Caben muy importantes responsabilidades a la Rama Judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para poner fin a la impunidad que alienta el fenómeno y que mantiene en estado de inaceptable tranquilidad a sus responsables. Es urgente también imponer penas más severas, así como reforzar la vigilancia, la protección y la atención a las comunidades para prevenir y enfrentar la vinculación de los niños a los grupos armados.
El Estado y la sociedad tenemos una enorme deuda con miles de niños, niñas y adolescentes a quienes se les truncaron sus proyectos de vida y se les frustró la posibilidad de enriquecer a Colombia con sus capacidades y con su trabajo.
Tenemos la obligación de evitar que esa expresión infame y miserable de nuestras violencias se siga esparciendo en las zonas más vulnerables y en el resto del país. Hasta ahora un simple anhelo. La verdad es que en el reclutamiento forzado, como en otras crueles expresiones de terrorismo, nos siguen doblegando las armas y la barbarie de los ilegales. El poder de la delincuencia y de la coca.