* La crisis de Afinia y Air-e
* Bandazos en política sectorial
La prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe se ha convertido en las últimas décadas en una problemática de marca mayor. Tras la crisis del apagón a comienzos de los 90 comenzó un complicado proceso de reestructuración de la red de empresas oficiales, aprovechando las nuevas reglas del juego –constitucionales y legales– sobre mercados, competitividad e interacción de capitales públicos y privados.
El conjunto de electrificadoras de la zona norte agravaría su crisis hacia finales de ese siglo y la mayoría terminó siendo intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. En el proceso de reingeniería se daría paso finalmente a entidades como Electricaribe o Electrocosta, pero dicha combinación de recursos oficiales y privados no funcionó como se esperaba y tiempo después, hacia el año 2000, una multinacional española adquirió las mencionadas compañías, que luego fusionó en el 2007, bajo el nombre de la primera.
Sin embargo, Electricaribe también terminó imbuida, con el paso de los años, en las mismas falencias financieras, anomalías en la prestación del servicio, abultadas deudas de los usuarios, robos de energía y barreras relacionadas con el precio del kilovatio, infraestructura disfuncional, convulsiones en el mercado y las negociaciones en la Bolsa sectorial, así como en un pulso permanente con las generadoras… Finalmente, la crisis se tornó insalvable y la empresa se liquidó en 2020 en medio de un pleito jurídico de amplio espectro.
Se pensó, entonces, que todo quedaría solucionado con el surgimiento de dos nuevas empresas para asumir este mercado de ocho departamentos, 2,7 millones de hogares y 10 millones de personas. Fue así como terminaron entrando en operación Air-e y Afinia hace cuatro años. En su lanzamiento se indicó que ambas compañías, que se dividirían la región en las zonas Caribe Mar y Caribe Sol, invertirían 6,4 billones de pesos en su primer quinquenio, mejorando de manera sustancial el servicio y modernizando toda la red de infraestructura y prestación.
Pero hoy, una vez más, la sin salida asoma. Tras una serie de campanazos y agravamiento del negocio en los últimos dos años, esta semana Air-e se vio en la necesidad de pedirle a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que la interviniera como fórmula para evitar una afectación grave del servicio, indicando que arrastraba una delicada situación financiera, derivada principalmente del aumento desmesurado en el costo del kilovatio-hora que se compra a las generadoras. Por otra parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presidente de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, principal accionista de Afinia, denunció que esta última atraviesa una difícil situación económica e incluso se mostró dispuesto a que el Gobierno adquiera el 100 % de la participación del consorcio antioqueño en esa energética.
De inmediato, los congresistas de la región Caribe alertaron que se trata de una crisis anunciada, pues a la par de un deterioro en la prestación del servicio, ambas empresas vienen arrastrando problemas en muchos flancos. Problemas suficientemente advertidos que, sin embargo, los bandazos y marcada ideologización de la política energética gubernamental no han permitido solucionar temporal ni definitivamente. Recordaron que han exigido infructuosamente al Ejecutivo medidas de fondo para aplicar un alivio tarifario y ajustar el mercado y la estructura del sector energético con el fin de superar evidentes vacíos y distorsiones.
Esta crisis en Afinia y Air-e se presenta apenas unos días después de que la Contraloría General advirtiera –y ayer lo reiteró– un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras, incumplimientos de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista y demoras en aplicar la “opción tarifaria” (que permite a la Nación asumir los costos billonarios no pagados por los usuarios en tiempos de pandemia). Todo ello podría llevar al riesgo de racionamiento y la interrupción del servicio a más de 10 millones de personas, principalmente en la Costa Caribe.
También se trajo a colación que a comienzos de agosto los gobernadores de la zona norte del país y el ministro de Minas y Emergía acordaron crear la Empresa Energética del Caribe. Sin embargo, abocar un proceso de esa magnitud tardará, pues depende de decisiones complejas de orden nacional y regional, así como del análisis sobre perspectivas de mercado, infraestructura, tarifas, aportes de capital y otros intrincados requisitos contractuales.
¿Qué pasará ahora? Nadie lo sabe. Ayer, los gobernadores de la región empezaron a plantear eventuales salidas a corto plazo. Sin embargo, realmente todo depende del gobierno nacional, las superintendencias, la CREG y el propio Congreso, en donde la “opción tarifaria” fue incluida intempestivamente en el cuestionado proyecto de reforma tributaria.
En el entretanto, el sector eléctrico de la región Caribe sigue rumbo al riesgo de un apagón operativo, financiero y estructural, cuyas principales consecuencias las sufrirán sus diez millones de habitantes. Urge tomar medidas aquí y ahora.