- Más recursos para reversar auge narcotraficante
- Apuesta por reanudar fumigación con glifosato
La guerra contra el narcotráfico requiere de más recursos para aumentar su efectividad. De lo contrario, por más esfuerzo humano y técnico que se destine a dicha causa será muy difícil romperle el espinazo a esa empresa criminal de tracto trasnacional. Y esa necesidad de aumentar los dineros que se invierten en la financiación de la estrategia antidroga es más urgente si, como ocurre en Colombia, se está registrando un auge narcotraficante que llevó a quintuplicar en menos de cinco años la extensión de cultivos ilícitos, superando las 200 mil hectáreas en 2018, en tanto que el potencial exportador de cocaína sobrepasó las mil toneladas anuales.
Hace una semana, tras el intenso debate en la Corte Constitucional en torno a si deben flexibilizarse o no las condiciones que puso el alto tribunal para poder reanudar las aspersiones aéreas con glifosato sobre los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola, se dijo en estas páginas que era urgente aumentar los recursos para financiar toda la estrategia contra las drogas, más aún porque a raíz del boom de los últimos años todos los eslabones de este negocio criminal en Colombia estaban manejando ingentes cantidades de dinero en sus operaciones delictivas. En otras palabras, que tanto las disidencias de las Farc, como la guerrilla del Eln, las bandas criminales de alto espectro tipo “Clan del Golfo” así como otras organizaciones narcotraficantes de orden local e internacional (los carteles mexicanos) disponían de más recursos para compra de armas, insumos químicos así como toda la logística necesaria para la producción, tráfico y comercialización de los alcaloides. Incluso se trajo a colación que los réditos globales de la cocaína podrían estar alrededor de los 70 mil millones de dólares al año y para nadie es un secreto que Colombia es el mayor productor y exportador de la misma.
Visto todo lo anterior, es fácil concluir que los presupuestos que se invierten en la lucha contra el narcotráfico son ínfimos frente a la dimensión del negocio ilícito al que se busca derrotar. De igual manera, son billonarios los recursos que en Estados Unidos se dedican a la atención de los drogadictos o la judicialización de los delitos relacionados con las drogas. Frente a ambas circunstancias resulta evidente -como se dijo en el editorial de una semana atrás- que es mucho más barato para ese país y la comunidad internacional, dentro del principio de corresponsabilidad en esta lucha, apoyar económicamente a las autoridades colombianas para que su estrategia antidroga incremente su efectividad.
El pasado lunes el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer las bases de su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2020. Uno de los temas que más llamó la atención es que está planteando provisionar 484 millones de dólares para la oficina encargada de lucha contra narcóticos en el Departamento de Estado. De ese monto total, a Colombia se le entregarían 209 millones de dólares, lo que implica un aumento del 46 por ciento frente a lo girado el año pasado.
Sin duda se trata de una muy buena noticia que no solo reconoce el esfuerzo del actual gobierno de nuestro país por reversar el auge narcotraficante ‘heredado’ de la anterior administración, sino que va en la misma línea de lo planteado en estas páginas respecto a la necesidad de potenciar los recursos con que se financia la estrategia antidroga. Al explicar por qué se está proponiendo aumentar sustancialmente el aporte a Colombia, un vocero del Departamento de Estado sostuvo que la Casa Blanca quiere estar lista en caso de que la Corte Constitucional autorice la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato sobre los narcocultivos. Sin duda este es un elemento nuevo que debe sumarse al debate que se realiza en el alto tribunal al respecto.
Para quienes han sostenido en los últimos meses que la alianza geopolítica entre Washington y Bogotá se había deteriorado debido al retroceso antidroga y que se enfoca ahora más en cómo acabar la dictadura en Venezuela, la propuesta de la Casa Blanca sobre un mayor aporte al Plan Colombia parece confirmar lo contrario. Incluso bien podría tomarse como un espaldarazo a la estrategia lanzada por el gobierno Duque semanas atrás para disminuir drásticamente los narcocultivos y toda la cadena de este flagelo criminal. Habrá que esperar qué decide en los próximos meses el dividido Congreso norteamericano respecto a esta asignación presupuestal para verificar si, en el pragmatismo que distingue a Trump, estamos ante una nueva dimensión de la corresponsabilidad global en la lucha contra el narcotráfico.