* Estrambótico caso de los sueldos
* Crónica de un contubernio anunciado
Una vez más el Congreso ha hecho oídos sordos al clamor ciudadano que exige unos emolumentos parlamentarios más ajustados a las realidades nacionales y desprovistos del gran negocio en que se ha convertido ocupar un escaño. El dramático ascenso del salario de los congresistas, en particular durante los últimos lustros, ha irritado de tal modo a la opinión pública que, en buena parte por estas circunstancias, asociadas además con los escándalos de corrupción a la orden del día, han llevado esa actividad al sótano del desprestigio y falta de credibilidad.
Todavía con más veras si se entiende, de otro lado, que la mayoría de congresistas adelantó sus campañas bajo la consigna, generalizada en todos los partidos políticos, de proceder a una rebaja y evitar los incrementos salariales descomunales de que hoy son usufructuarios. Una cosa, ciertamente, es que el salario mínimo se aumente en consonancia con la inflación, inclusive con algún índice por encima del costo de vida en virtud de mantener a flote el poder adquisitivo de los colombianos de menores recursos, y muy otra, por supuesto, que prácticamente ocurra lo mismo con quienes de antemano ostentan ingresos desbordados a costa del erario. Lo que, por demás, fue reconocido y cacareado por ellos mismos en la última campaña, con el único propósito de granjearse votos.
Lamentable, claro está, que esto no fuera más que una pérfida trampa a objeto de distraer incautos, como se demostró anteayer con el portazo al enésimo proyecto que buscaba hacer honor a la palabra y al compromiso adquirido ante los electores en las tarimas, medios de comunicación y redes sociales.
Así, se cuidaron de llevar tenuemente las discusiones, repletas de justificaciones pueriles, hasta el tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para, al final, darle un entierro de quinta. Con ello dar vía libre, como por entre un tubo, a los cerca de 50 millones de pesos que equivalen a casi cuarenta veces el salario mínimo. Conducta que deja en claro, al lado de la protuberante sanfasón antedicha, que en el hemiciclo también importa un bledo el desplome de la economía, el impacto negativo sobre la hacienda pública y que sea un imperativo recortar el costo estatal, de modo conjunto y solidario, a fin de proteger la inversión, incluidos sus componentes sociales, en el presupuesto.
En efecto, ni siquiera aceptaron el trato más benevolente del proyecto, de acuerdo con el cual se eliminaba la prima especial por el simple hecho de hacer parte de la rama legislativa, pero no a partir de ahora, sino del 2026. Con la obsesión de la reelección en mente, razón de ser de su existencia, procedieron en consecuencia. Es decir, garantizaron que en el futuro todo quedara igual; que pudieran seguir acaballados, no en las curules, sino en las sinecuras; que, en fin, no se produjera ni el más mínimo cambio en aquello que los constituyentes de 1991 pensaron, sin éxito, que podía ser plausible para el país con su dedicación laboral exclusiva y razonablemente pagada. Por el contrario, nadie cree en Colombia que esto haya sido benéfico, menos bajo esa fórmula, abstrusa y casi secreta, a la que anualmente recurre la Contraloría cuya cabeza de hecho es elegida por el mismo Congreso. Fórmula cuyo origen constitucional, no solo se evade por todas partes, sino que merece la derogatoria inmediata.
Porque nadie discute, naturalmente, que los congresistas son parte vital de una democracia, pero no unos que, a más de estas situaciones estrambóticas, justifican sus sueldos en dos o tres salarios, también desproporcionados, de que gozan algunos funcionarios del Estado, como ocurre en la Superintendencia de Salud, el Fondo de Adaptación y otras entidades de la misma condición incomprensible. De hecho, el único resultado fáctico es que un ministro de Estado tiene ingresos mucho menores con responsabilidades muy superiores y un trabajo más arduo. Ese debería ser el rasero.
Por su parte, frente a América Latina, el país tiene los congresistas mejor pagados, aún más, en relación con el número de salarios mínimos que devengan. Incluso sus ingresos superan los de economías mucho más avanzadas, como Alemania. Ante ello no se entiende cómo un gobierno que se autoproclama del cambio, en vez de apoyar el proyecto, fue fiel cómplice del contubernio para que se hundiera. Seguramente, pensando en la aprobación del cupo de endeudamiento en ciernes. Una compra más.
Mejor dicho, al estado de soborno y concusión que palpita en los eventos recientemente conocidos de la UNGRD ahora se suma este trampeo. Sin duda, el Congreso y la democracia vuelta el peor tinglado de la farsa.