* Retos políticos, legislativos, electorales y judiciales
* Agenda copada a cuatro semanas de inédito reinicio
La reanudación del trabajo del Congreso este año no solo tiene varias particularidades, sino, además, una serie de desafíos de orden político, legislativo, electoral e incluso judicial.
De entrada, en virtud de la reforma constitucional aprobada el año pasado, el Parlamento empezará sus sesiones ordinarias el 16 de febrero, un mes antes de la fecha que ha regido por décadas. Esto significa, entonces, que el segundo tramo de cada legislatura, que apenas duraba tres meses, ahora pasa a cuatro, dando más tiempo a la discusión y aprobación de proyectos, así como para los debates de control político y demás funciones propias del Senado y la Cámara de Representantes.
A ese hecho inédito hay que sumar que el Congreso tiene este año dos elecciones clave: Contralor General y Defensor del Pueblo (esta última programada para agosto en Cámara). La más urgente es la primera en la medida en que lleva varios meses trabada. Aunque hay más de 140 candidatos inscritos, el proceso se frenó luego de que en diciembre la Universidad Nacional notificara que no podía llevar a cabo la revisión de hojas de vida y aplicación de pruebas. Así las cosas, se hace necesario abrir otra invitación a universidades para los efectos. Una dilación aún más complicada si se tiene en cuenta que fue en mayo de 2023 cuando el Consejo de Estado anuló la elección de Carlos Hernán Rodríguez.
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Otra de las tareas urgentes del tramo final de la segunda legislatura será tramitar la moción de censura a la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, radicada esta semana con la firma de 32 senadores que consideran que debe salir del cargo por los yerros graves que llevaron a que Colombia perdiera insólitamente la sede de los Juegos Panamericanos 2027.
Entre las tareas de los congresistas a partir del 16 de febrero también está abocar el trámite de los tres accidentados proyectos de reforma que impulsa el Ejecutivo: salud, laboral y pensional. El más adelantado es el primero, que comienza tercer debate en el Senado, mientras que los otros apenas si van arrancando, pese a que llevan muchos meses radicados. Es claro que, si el Gobierno insiste en no concertar sus alcances, las iniciativas no avanzarán (incluso corren el riesgo de hundirse) y, al igual que en 2023, frenarán toda la agenda legislativa. Por ahora, la reiterada convocatoria gubernamental a un “acuerdo nacional” sigue como un mero anuncio sin concreción alguna. No hay que olvidar que la coalición petrista es minoritaria en ambas cámaras legislativas y que por más que la Casa de Nariño acuda a sus conocidas y malsanas maniobras politiqueras y burocráticas, le será casi imposible imponer los articulados.
La opinión pública también tiene el foco puesto en lo que pase en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara en torno a las denuncias contra el presidente Gustavo Petro por presuntas anomalías en la financiación de su campaña electoral en 2022. Con el arranque del juicio, esta semana, al hijo del primer mandatario, la resolución de las causas contra el titular de la Casa de Nariño se hace urgente.
No menos trascendental, de cara a la reanudación de la actividad parlamentaria en cuatro semanas, son los cónclaves de varios partidos y bancadas, tanto para definir la agenda de proyectos como para determinar si continúan en las filas gobiernistas, independientes y de oposición. La atención está puesta especialmente en liberales y verdes, hoy oficialistas.
A todo lo anterior deben adicionarse los debates de control político que se están anunciando sobre asuntos de alto impacto público: bandazos en la política antidroga, accidentado ritmo de los procesos de paz, impacto del fenómeno climático del Niño, rifirrafe por la estrategia para enfrentar la nueva variante del covid-19, la racha de escándalos gubernamentales, crisis de seguridad y orden público, así como la discusión en torno a si es necesaria una nueva reforma tributaria, riesgos asociados a las alzas en combustibles y tarifas de servicios públicos, problemáticas en la plataforma de la DIAN y controversias en política exterior…
Asunto aparte, pero que, obviamente, impactará el ritmo legislativo, será la definición de la suerte de no menos de una veintena de parlamentarios que están siendo procesados en la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Procuraduría.
Como se ve, a partir del próximo 16 de febrero el Congreso arrancará con todos los motores encendidos. Será un remate de segunda legislatura con un ritmo muy intenso rumbo a la primera mitad del mandato Petro. Es claro que habrá una gran cantidad de temas de primer nivel en juego. ¡Ojalá!, senadores y representantes estén a la altura de las circunstancias y de las expectativas y urgencias del país. Que prime el debate de las ideas y la alta política, y no los vicios, politiquería y controversias que marcaron el Parlamento el año pasado.