Una de las situaciones más sintomáticas del buen o mal rumbo de un país es, precisamente, el índice de conflictividad social que registra. Un mayor o menor número de esta clase de contingencias pone de presente hasta qué punto el Estado es capaz de responder a las exigencias de la ciudadanía en cuanto a sus necesidades básicas insatisfechas, así como la capacidad institucional para imponer el orden y la autoridad.

Bajo ese orden de ideas, resulta extremadamente preocupante lo advertido días atrás por la Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, en torno a lo ocurrido en el país en el último año.

Según el informe de la entidad del Ministerio Público en 2023 se contabilizaron 2.046 manifestaciones de conflictividad social en 446 municipios de 31 departamentos. Esto quiere decir que se presentó un aumento del 43% en este tipo de problemáticas entre las comunidades, lo que evidencia un clima social bastante alterado.

Lo que más preocupa es que no se trata de un asunto que esté concentrado en las zonas rurales. Por el contrario, el 13% de los casos de conflictos sociales se presentó en la capital del país, que alberga a casi una quinta parte de la población nacional.

En cuanto a los mecanismos más usados por la ciudadanía para expresar su insatisfacción o inconformidad por las acciones u omisiones del Estado o de particulares, los bloqueos de vías ocupan el primer lugar, con el 38% de los casos. No hay que olvidar que, a la luz del Código Penal, paralizar el tráfico de pasajeros y vehículos puede derivar en la comisión de un delito por parte de quienes participan de la acción.

Después de los bloqueos viales, que tienen, además, un alto costo para la economía y la convivencia ciudadana, están los llamados plantones (33%), es decir en donde los manifestantes se quedan en un solo lugar expresando determinada inconformidad y pidiendo de las instancias oficiales o privadas que sean resueltas sus peticiones. Luego vienen las marchas (11%), disturbios (6%) así como los paros y ceses de actividades (5%) y, por último, la toma de instalaciones (3%).

Es imperativo que el Gobierno analice las causas objetivas de este aumento drástico de la conflictividad social. Como se dijo al comienzo, este es un síntoma muy contundente de la forma en que está creciendo el inconformismo ciudadano que, lamentablemente, si no es atendido a tiempo puede generar un desemboque violento de las protestas.