Tras el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que salpicó a altos exfuncionarios de esa entidad así como a ministros y los salientes presidentes del Senado y la Cámara, en tanto tendría bajo la lupa a más de quince parlamentarios, desde distintos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales se advirtió que también había sospechas de graves anomalías en la implementación de la política de compra de tierras con destino a entregarla después a las comunidades rurales más vulnerables.

Esas sospechas se confirmaron días atrás cuando se conocieron los resultados de un informe de la Procuraduría General de la Nación, en el marco de cual se realizaron observaciones a 288 procesos de compra de predios.

El Ministerio Público detectó posibles irregularidades en los procedimientos administrativos y conceptos técnicos, que representarían un riesgo para el erario estimado en 136 mil millones de pesos.

Esto llevó a que la semana pasada el ente de control fiscal abriera tres investigaciones disciplinarias contra igual número de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los indagados desempeñan el cargo de directores técnicos en la entidad.

Las anomalías no son de bajo impacto. Se investigan posibles inconsistencias en los conceptos técnicos utilizados para determinar la aptitud agropecuaria de los terrenos, los cuales se limitaban a describir las características de estos sin realizar una evaluación rigurosa que justificara la decisión de compra. De igual manera, los funcionarios de la Procuraduría identificaron conceptos técnicos y estudios de titulación que no detallaron la existencia de cuerpos de agua, humedales y terrenos inundables en los predios analizados, que en consecuencia no podrían ser objeto del proceso de adjudicación sin que se realizara un análisis especial de esos sectores durante el proceso de compra.

Y como si lo anterior fuera poco, el informe disciplinario pide ahondar en casos en los que se suscribió la promesa de compraventa con pacto de entrega anticipada del bien, pero en la documentación del predio no se encuentra la respectiva acta de entrega.

Es imperativo que este proceso investigativo avance de forma rápida. La Fiscalía y la Contraloría deberían activar, de oficio, sus respectivas indagaciones, no solo por el alto monto de presupuesto público en riesgo, sino porque la política de compra de tierra es eje transversal de la implementación de la reforma agraria, programa bandera gubernamental.