* Muchos pendientes en política pública
* Otro flanco de las elecciones mañana
Si bien es cierto que mañana los colombianos están citados a las urnas para escoger a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que se posesionarán el próximo 1 de enero, no se puede dejar de lado que también están en juego políticas públicas de alto espectro, tanto a nivel departamental como municipal.
De entrada, la agenda regional y local tiene un amplio número de retos y asuntos pendientes que los salientes ejecutivos y legislativos territoriales no pudieron dejar resueltos. Esto, en gran parte, porque el mandato cuatrienal que termina este 31 de diciembre se vio impactado de forma sustancial por la crisis pandémica que comenzó cuando los entonces mandatarios, asambleas y concejos apenas tenían tres meses de estrenarse en los cargos. La emergencia se extendió por más de dos años y medio, alterando la implementación de los respectivos planes de desarrollo. Luego vendría la movida campaña presidencial y la transición gubernamental entre la centroderecha y la izquierda, lo que, sin lugar a dudas, les quitó mucho ritmo a temas de alto calado entre el Gobierno Nacional central y las administraciones seccionales y locales.
Así las cosas, hay una agenda estructural que requiere ser aterrizada una vez se renueve el mapa político regional mañana y arranquen los funcionarios electos al despuntar 2024. Por ejemplo, la modernización de la estructura tributaria es un asunto urgente, ya que los fiscos de departamentos y municipios están muy golpeados por la desaceleración económica y fuentes de ingresos disfuncionales, desgastadas e incluso arcaicas. Este ajuste debe ir acompasado con la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que señala los montos de las transferencias presupuestales del nivel central a los gobiernos territoriales para financiar distintos rubros como salud, educación, programas sociales y otros. Esta modificación la han prometido los últimos gobiernos y congresos, pero nunca se ha concretado.
Otro de los aspectos en donde se requerirá de una reformulación de política pública es el referente a la inversión de los recursos de las regalías, que este año y el próximo movilizan más de 31 billones de pesos. Igual ocurre con la reforma imperativa al Programa de Alimentación Escolar (PAE), que tantos dolores de cabeza sigue generando a los gobernadores y alcaldes, al tiempo que pone en peligro la asistencia nutricional básica a más de seis millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos.
Es claro, igualmente, que, si bien lleva poco tiempo de aplicación el Sisbén IV, los profundos cambios que desde el Ejecutivo Nacional se están planteando a la estructura de subsidios y otras asistencias monetarias directas a población vulnerable o de bajos recursos exigen una focalización más precisa y cualificada.
En la misma línea se ubica lo relativo a las estrategias para enfrentar la creciente inseguridad y desorden público en el ámbito urbano y rural, que ha sido la principal preocupación de la ciudadanía en esta campaña. No solo se requiere un ajuste al accionar de la Fuerza Pública y a los códigos Penal y Penitenciario, sino una adecuación de la aplicación de la accidentada política de paz en los departamentos y municipios. Por igual, hay que resolver el desgastado pulso alrededor de la construcción de las cárceles y su administración.
Y hablando de problemáticas que exigen definiciones de fondo, una de las más complicadas es la referida a la crisis financiera de la mayoría de sistemas de transporte público articulado. Ya está claro que los periódicos salvavidas billonarios que se lanzan desde el Presupuesto General de la Nación terminan siendo insuficientes para mantener a flote un servicio que tiene un alto costo al erario. Aquí es necesario una reingeniería del esquema de financiación desde lo nacional, regional y local.
Las respectivas federaciones de departamentos, municipios, concejales y ediles han señalado, a su turno, que los regímenes administrativos seccionales y locales requieren reformas puntuales. También se necesita una normatividad más dinámica y asertiva en cuanto al funcionamiento de las Regiones Administrativas de Planificación (RAP), las corporaciones autónomas regionales (CAR), el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y regular, incluso, la creación caprichosa de distritos. La anunciada reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras demanda que se tenga en cuenta la opinión de los gobiernos seccionales y locales, ya que es en los territorios en donde está el cuello de botella para la implementación de dicha norma estructural y de otros flancos del acuerdo de paz de 2016.
Como se ve, además de retos inmediatos como la escogencia de los personeros, que presenta anomalías en más de 300 municipios, hay muchos asuntos de política pública de fondo en juego mañana en las urnas. Asuntos que requerirán, más allá de la polarización política, una conjunción efectiva de esfuerzos entre los niveles nacional, regional y local.