La crisis que sacude a Venezuela se salió de madre desde que el presidente Nicolás Maduro resolvió romper con la Constitución que le legara su antecesor y padrino político, Hugo Chávez. La violó para asumir poderes discrecionales y abolir la separación de poderes. Es así como mantiene con férrea voluntad el control del poder electoral, lo mismo que domina el Tribunal Supremo de Justicia mediante magistrados elegidos a dedo, desconociendo que estos deben ser nombrados por la Asamblea Nacional. Los diputados de la oposición, que por amplia mayoría obtuvieron el control de esa institución legislativa, sufrieron, incluso antes de posesionarse, la defenestración ilegal de los diputados del Amazonas, lo que menguó el poder decisorio de los contradictores del régimen.
Luego se inició una puja con el Tribunal Supremo de Justicia, que se dedicó a usurpar las funciones de los legisladores, desconociendo y anulando una tras otra las leyes aprobadas por la mayoría opositora. El Gobierno no ha escondido la hostilidad visceral contra los diputados de la oposición, al punto que fuerzas de choque de las milicias oficiales los han atacado repetidas veces con brutalidad, resultando heridos varios de ellos en esos lances.
Tal cantidad de hostigamientos repetitivos de las milicias oficiales o de la ‘policía política’ contra los diputados y la anulación de las leyes que han aprobado, convirtieron al gobierno chavista en una dictadura y a los diputados de la oposición en los más formidables agitadores que a diario dirigen las marchas por todo el país, concentraciones en las que millones de seres reclaman libertad, justicia y hasta pan. Así Venezuela, de extremo a extremo, es hoy un gran escenario en donde la multitud inerme clama por el retorno a la democracia.
Las noticias sobre la quiebra literal de la economía, el despilfarro de multimillonarios fondos petroleros en dólares, la corrupción, la inseguridad desafiante, la criminalidad en ascenso, así como el hecho vergonzoso de la calamidad social que obliga a las personas que han visto mermados sus recursos a escarbar en la basura para alimentarse, conmueven a la humanidad, más aún porque Venezuela es uno de los países más ricos del mundo en materias primas. Pero resulta que la crisis petrolera tiene que ver con la política irracional de despedir de un plumazo a 20.000 expertos y funcionarios de carrera, para sustituirlos por miles y miles de “enchufados” politicastros y “regalarle” crudo a Cuba. El gobierno de Caracas se ha convertido en una máquina de imprimir billetes sin respaldo y ocupa el primer lugar en cuanto a inflación en el mundo. A ello se suma que la comunidad internacional se estremeció al enterarse de que el Ejecutivo estaba por armar a un millón de milicianos para combatir a la oposición desarmada.
Los organismos internacionales se preocupan cada vez más por la suerte de la población de ese país que reclama en las calles libertad y democracia. Por ejemplo, 70 legisladores colombianos de distintos partidos, conmovidos por el derramamiento de sangre inocente en el vecino país, denunciarán ante la Corte Penal Internacional los crímenes y torturas a que son sometidos sistemáticamente los opositores y gentes del común en Venezuela. Esto en el entendido de que esa crisis social y política desborda ya las fronteras y es un desafío para Colombia.
El gobierno de los Estados Unidos manifiesta insistentemente su solidaridad con los venezolanos y apoya la lucha por la defensa de la democracia. Una defensa por la que, con valor y enormes sacrificios, hacen presencia todos los días en las calles así sean recibidos con disparos y golpes por los cancerberos del régimen. Ahora el Departamento del Tesoro norteamericano ha sancionado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y a siete miembros de esa corte espuria por “usurpar las funciones de la Asamblea Nacional” y avanzar a un sistema ominoso de represión que “restringe los derechos y boicotea la voluntad del pueblo venezolano”.
Al mismo tiempo el presidente Donald Trump anunció desde la Casa Blanca el acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos para seguir atentamente los acontecimientos de la vecina nación y contribuir por el restablecimiento de la democracia. Se trata de un clamor mundial que rechaza la violencia contra los civiles, mujeres y niños que protestan en las calles de ese país, a sabiendas de que con armas y cañones no es posible someter a un pueblo que está dispuesto a todo por conseguir su libertad, tal como se demostró en Hungría y los países de la ‘cortina de hierro’ cuando se quiso reducir a los manifestantes por la fuerza, con tanques de guerra, ante lo que la sociedad entera reaccionó en masa y terminó por derrocar los regímenes.