Uno de los grandes desafíos en el siglo XXI es, sin duda, la adopción de políticas urbanísticas modernas, sostenibles desde el punto de vista de calidad de vida de los habitantes, respetuosas con el medio ambiente y, sobre todo, funcionales y productivas. La definición de esa nueva hoja de ruta en materia de conglomerados poblacionales se ha puesto como prioridad a nivel global, no solo por los crecientes índices de número de personas por cada metro cuadrado en ciudades y municipios, sino porque la espiral de incremento de seres humanos no se detiene. Los cálculos más moderados hablan de 9.000 millones de personas para el 2050 pero otros alertan sobre 10.000 millones de habitantes, presionando al extremo la disponibilidad de alimentos y agua.
Los expertos en urbanismo sostienen que, hoy por hoy, son tres las amenazas que se ciernen sobre los grandes conglomerados poblacionales. La primera es el creciente desequilibrio entre la capacidad de las instituciones públicas y privadas para responder a las necesidades múltiples y variadas de sus habitantes, no sólo en materia de movilidad, seguridad, infraestructura de servicios públicos, empleo, educación, oferta alimentaria y esparcimiento sano, sino de calidad de vida en general.
El segundo se refiere a la forma en que muchas metrópolis y ciudades de distinto tamaño, población, productividad y niveles de desarrollo político, social, económico e institucional se están viendo afectadas por los altos niveles de contaminación y degradación ambiental, ya sea por polución, ruido, mala disposición de basuras, cuerpos de agua afectados… Para sólo traer un dato a colación, un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que cerca del 92% de los habitantes del planeta viven en lugares donde los niveles de la calidad del aire no respetan los límites fijados por el organismo.
Y, en tercer lugar, a diferencia de lo que ocurría décadas atrás, cuando la movilidad de los contingentes poblaciones era menor, hoy por hoy es muy alto el volumen de personas que se ubican estacional o temporalmente en una ciudad o región por algún tiempo, pero luego migran a otra por razones personales, laborales, económicas o de otra índole. Esto dinámica en materia de cantidad variables de habitantes y necesidades cambiantes obliga a las políticas urbanísticas a tener un alto grado de flexibilidad y adecuación rápida a esas nuevas realidades. Incluso, en medio de la crisis migratoria del último año y medio, se ha advertido sobre el impacto que tiene esta movilidad forzada sobre ciudades grandes e intermedias que reciben de un momento a otro a los desplazados. Un reciente estudio de la Unicef cifró en cerca de 50 millones los niños "desarraigados" en el mundo, tras haber sido obligados a abandonar sus hogares o sus países como consecuencia de guerras, violencia y persecuciones. Otro estudio del Banco Mundial calculaba que no menos de 65 millones de personas hoy están refugiadas en países desarrollados. De ellos, 24 millones han atravesado las fronteras y 41 millones de personas han sido desplazadas dentro de su país.
Todo lo anterior implica un desafío global en materia de políticas sostenibles de desarrollo urbano, que es precisamente el tema que centra la Cumbre Mundial de Alcaldes que se inauguró ayer en Bogotá y que cuenta con la asistencia de más de 500 mandatarios locales de todo el planeta y un centenar de expertos en materia de infraestructura y volumen poblacional, amueblamiento urbano, servicios públicos, movilidad y sistemas de transporte, comunicación local y regional, inclusión social, seguridad alimentaria, modelo gubernativo y mecanismos de respuesta eficaz para aumentar o disminuir los desequilibrios en cuanto a calidad de vida de los habitantes. En ese orden de ideas, por ejemplo, la adaptación de la dinámica local y regional, sobre todo en las áreas urbanas, a los estándares para amortiguar las graves consecuencias del cambio climático se impone como urgente.
Sería interminable citar las experiencias exitosas que están siendo expuestas en el evento y cómo a partir de medidas locales y particulares se pueden ir generando protocolos de políticas urbanas generales, que deben ser la hoja de ruta en la materia a nivel global. Más aún si muchas de las conclusiones de la Cumbre en la capital del país serán insumo principal de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Hábitat II, a realizar en Quito la próxima semana.