Cada vez  que se celebra el Día Mundial sin Tabaco se hace un corte de cuentas en torno de cómo avanza la lucha contra el consumo del cigarrillo y en qué va la implementación de las leyes y reglamentaciones que se han ido generalizando en todo el mundo para proteger a los no fumadores y ampliar los llamados espacios libres de humo.

En la celebración de este año, el pasado 31 de mayo, los énfasis han sido los mismos. Por ejemplo, tanto la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud exhortaron a los países a aumentar los impuestos sobre el tabaco para animar a los consumidores a dejar de fumar y evitar que otras personas se conviertan en adictos al tabaco.

Basándose en los datos de 2012, estiman que un aumento del 50 por ciento en los impuestos al tabaco en todos los países reduciría el número de fumadores en 49 millones en los próximos tres años y, en última instancia, salvaría 11 millones de vidas.

Las cifras sobre los peligros de este vicio son alarmantes: cada seis segundos muere una persona debido al consumo de tabaco. Por lo mismo se llega a la conclusión de que mata a la mitad de sus consumidores. A ello se suma que ocasiona gastos considerables para las familias, las empresas y los gobiernos, pues el tratamiento de las enfermedades relacionadas con su uso, entre ellas el cáncer y las cardiopatías, es de los más altos de todo sistema de salud.

De allí que el consumo del tabaco y la exposición a su humo son considerados como uno de los cuatro factores de riesgo directamente vinculados con el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles a escala mundial.

Colombia ha logrado en los últimos años ir posicionando una de las normatividades más restrictivas en cuanto al consumo de cigarrillo, que está contenida en la ley 1335 de 2009 y cuyos mandatos se enmarcan dentro del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la OMS. De allí que ahora la prioridad sea, precisamente, enfatizar en las labores de inspección y vigilancia de su cumplimiento.

El propio Ministerio de Salud diseñó un Manual de Gestión al respecto que ha venido socializando y aplicando en todas las entidades territoriales del país. El objetivo es ajustar los procesos de vigilancia y la respectiva imposición de multas cuando se presentan violaciones.

Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto multas por cerca de $ 2.000 millones, relacionadas con el incumplimiento a la prohibición total de la publicidad y promoción de productos de tabaco.

Debe reconocerse cómo poco a poco la prohibición de fumar en espacios cerrados y sitios públicos se ha ido generalizando en la psiquis popular y la ciudadanía ya lo considera como un derecho exigible tanto a quien hace uso del cigarrillo como a quien se lo permite.

Es más, ahora que la Corte Constitucional avaló la exequibilidad de la Ley Estatutaria de Salud, dándole un estatus casi de derecho fundamental, la exigibilidad de éste es más clara frente a otras garantías que entran en colisión cuando se habla de restringir la libre venta y consumo del cigarrillo, como la libertad de empresa y la libre iniciativa privada de cualquier industria.

A ello debe sumarse el enfoque que debe dárseles a los llamados entornos completamente libres de humo, que no sólo son el único medio probado de proteger a los no fumadores del llamado “humo de segunda mano”, sino que ayudan también a fumadores que desean abandonar la adicción.