- Corte y proceso a expresidente Uribe
- No caer en tinglado político ni mediático
El alto o bajo nivel de institucionalidad de un país se mide primordialmente por la capacidad que tiene para tramitar sus distintas coyunturas por los cauces legales y constitucionales establecidos, legítimos y respaldados por el sistema democrático imperante. En ese orden de ideas el aparato estatal tiene como principal función regular el desenvolvimiento natural de la interacción entre las ramas del poder público y la ciudadanía, de forma tal que los derechos y deberes de todas las instancias que constituyen el conjunto vivo de una Nación se cumplan a cabalidad, y en los casos en que ello no ocurra se proceda a la aplicación de la autoridad legítima y la salvaguarda de la persona, bien o garantía fundamental afectadas.
Ese es el marco dentro del cual debe entenderse el proceso penal que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, quien el martes pasado rindió indagatoria ante un magistrado de la Sala de Instrucción del alto tribunal.
Es claro que en un país marcado desde hace muchos años por una profunda polarización política la citación judicial a quien ha sido, sin duda, el más caracterizado líder y factor de poder en lo que va corrido de este siglo, iba a producir un alto impacto. Sin embargo, lo importante es que el cauce institucional se mantenga intacto y tramite dicha circunstancia acorde con nuestro ordenamiento legal y constitucional.
Afortunadamente eso es lo que está pasando. El máximo tribunal jurisdiccional abrió, en ejercicio de sus facultades y ámbitos funcionales, la causa penal y la está llevando dentro de los cánones irrenunciables del debido proceso. La comparecencia diligente, respetuosa y serena de Uribe Vélez ante su juez natural también evidencia su absoluto respeto por el Estado de Derecho. La doble instancia está ahora garantizada y todas las partes procesales deben aplicarse a lo establecido por los códigos sin que medie consideración distinta a la interpretación objetiva del acervo probatorio. El pronunciamiento del presidente del alto tribunal fue reiterativo en ello y tanto el exmandatario como sus abogados también anunciaron el acatamiento a las decisiones judiciales. De igual manera, ya existe suficiente jurisprudencia en torno al manejo que debe darse al ambivalente ‘carrusel’ de testigos que últimamente se ha tomado los procesos penales, así como frente a la valoración de las pruebas materiales y su admisión o inadmisión según cómo fueron recolectadas.
Ese es el escenario que debe prevalecer. Si bien lo más adecuado sería poder adelantar el proceso sin el ambiente de crispación política que lo rodea, está claro que es muy difícil que ello ocurra. En consecuencia, corresponde a la Corte, la defensa, los acusadores, los testigos y demás intervinientes respetar al máximo el proceso. No puede admitirse la filtración de pruebas y piezas procesales, como tampoco que alguno de los actores directos o indirectos trate de convertir la causa en un tinglado mediático o lo politice con el único fin de afectar el sentido de las decisiones o sacar réditos partidistas o electorales. Los propios códigos tienen herramientas para tomar los correctivos del caso. Convendría, incluso, que la Procuraduría designe una agente especial que supervigile toda la actuación. Hasta la ciudadanía debe tener en claro que recientes sentencias de la Corte Constitucional amparan de forma amplia y garantista la libertad de opinión en las redes sociales, pero también señalan cuándo el emisor debe ser judicializado porque se cayó en los terrenos de la injuria y la calumnia.
Visto todo lo anterior, el camino a seguir tanto en éste proceso como en toda causa judicial no es otro que el de preservar a toda costa el cauce institucional. Este es la máxima garantía posible. Ningún eco a las voces radicales en distintos extremos del espectro político que incitan a desconocer la institucionalidad, según sea el sentido del fallo. Tampoco puede permitirse -y en ello hay que ser reiterativo- que este proceso termine convertido en un espectáculo mediático ni político, y ello es obligación para todos los intervinientes, sin excusa alguna. No en vano se está hablando aquí de un proceso en la máxima instancia jurisdiccional y de aforados constitucionales.
El Estado colombiano ha enfrentado distintas y graves coyunturas que ha sabido tramitar gracias a una madura y consolidada institucionalidad, a diferencia de otros países en donde se ha todo el tracto legal y constitucional. Este proceso es una prueba más y hay que hacer votos para que la justicia pueda superarla de forma serena y acertada.