- El Estado y la promesa incumplida
- Prevalencia de la autoridad legítima
No se sabe qué termina siendo más grave: el informe de esta semana de la Human Rights Watch (HRW) sobre la grave situación de orden público en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, o constatar que esa crisis de violencia y abandono estatal lleva muchos años siendo advertida y generando distintos planes de choque de los gobiernos de turno, sin que ninguno de ellos haya dado los resultados esperados.
Todo lo contrario, el panorama en esta atribulada zona fronteriza es más complicado ahora, al punto que es, después de Tumaco, la segunda área con mayor extensión de narcocultivos en el país, con no menos de 20 mil hectáreas. Años atrás en esta zona las guerrillas de las Farc y los remanentes del Epl combatían salvajemente con los grupos paramilitares. Masacres, asesinatos, desplazamientos violentos, reclutamiento forzado de menores y agresiones sexuales estaban a la orden del día… Hoy, desmovilizados hace más de dos años algunos contingentes de las Farc en virtud del acuerdo de paz del anterior gobierno, la zona no fue retomada institucionalmente por la Fuerza Pública, lo que dio lugar a que las disidencias de esa guerrilla, los “pelusos” (facciones del Epl) y frentes recién llegados del Eln lleven más de un año y medio enfrascados en una guerra sin cuartel por el dominio de los sembradíos ilícitos, las rutas del narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y otra gran gama de delitos de alto impacto.
¿El resultado? Masacres, asesinatos, desplazamientos violentos, reclutamiento forzado de menores y agresiones sexuales están, de nuevo, a la orden del día. Según el informe de la HRW el año pasado en el Catatumbo fueron asesinadas 231 personas, aproximadamente tres veces la tasa nacional y más del doble de los homicidios cometidos en 2015, cuando las Farc arrancaron la tregua en medio del acuerdo de paz. Solo en el primer semestre de este año se registraron 114 muertes violentas en esta área.
Pero existen más agravantes: la crisis generada por el régimen dictatorial chavista ha expulsado a más de tres millones de venezolanos de ese país en estos últimos años. Una parte importante pasó a Colombia por las múltiples trochas que existen en la frontera. Miles se quedaron en Tibú, Ocaña, El Tarra, Ábrego, Convención, Sardinata y otros municipios, en donde no pocos se han empleado en actividades ilícitas y están siendo explotados por las mafias guerrilleras y narcotraficantes, incluso con presencia de los carteles mexicanos.
¿Qué hacer? Como ya se dijo, en el Catatumbo se han aplicado múltiples planes de choque. Tras el pico de violencia del año pasado, que generó más de 40 mil civiles desplazados o incluso confinados, el gobierno Duque decidió activar una Fuerza de Tarea en la zona, con más de 5.600 efectivos. Aunque el accionar de los grupos ilegales ha disminuido, lo cierto es que la región continúa siendo un teatro de guerra irregular. Es más, disidencias, “pelusos” y elenos han generado intrincadas alianzas criminales, de forma tal que mientras en algunos municipios hay ‘pactos de no agresión’, en otros combaten día a día, utilizando a los civiles como ‘escudos humanos’.
Frente al agravamiento de la situación, hay dirigentes que piden redoblar la presencia militar y policial, e incluso aplicar una ‘operación rastrillo’ inédita que acabe de una vez por todas los narcocultivos, buscando hectárea por hectárea. No es una tarea fácil dadas las características geográficas de la zona y podría tardar un tiempo largo concretar una operación de esas dimensiones.
Otros analistas consideran que de nada servirá llenar de uniformados al Catatumbo si el Estado no va detrás con toda su fuerza institucional y legítima para establecerse de forma permanente y decisiva en cada vereda, corregimiento y municipio. Una institucionalidad que va más allá de la densificación de la Fuerza Pública y requiere el accionar de todas las entidades de orden económico, social, educativo, cultural, de salud, acompañamiento rural, incentivo empresarial, servicios públicos… De nuevo: no es la primera vez que esta alternativa se plantea ni que los gobiernos la prometen. El problema es que nunca se ha podido concretar con vocación de largo plazo.
¿Entonces? No es fácil proponer una salida que no se haya intentado ya en el pasado. Pero quizá la solución sea, precisamente, esa: que el Estado retome de forma integral, decidida y permanente el Catatumbo. Sí, ya lo ha prometido en el pasado. La diferencia, ahora, sería que lo cumpliría.