* Enésimo mensaje del Senado

* Quiérase o no, prevalecen los niños

No se sabe muy bien por qué quienes se matriculan en la legalización de la marihuana con fines recreativos se creen todavía a la vanguardia del mundo. Eso pudo haber sido en la década de los setenta u ochenta del siglo pasado, pero hoy en día hay comprobaciones de que su consumo es más adictivo de lo que se pensaba; tiene mayores efectos secundarios; estudios serios señalan que puede ser más cancerígeno que el tabaco o el alcohol; e inclusive los países pioneros en la materia están de regreso y han venido sumando restricciones a lo que, por la época posterior a la lejanísima guerra de Vietnam, se consideró la panacea.

No hay tal, pues, de que exista, ni mucho menos, consenso científico sobre su benevolencia, ni tampoco que la carta blanca, como instrumento apropiado para el control, haya conducido a aminorar el consumo y evitar los estragos sicotrópicos, especialmente en los menores de 18 años, que de antemano quedan entrampados en el fenómeno cíclico. De hecho, la mampara de la legalización ha servido para que el tráfico ilegal introduzca modalidades mucho más potentes en el THC del producto, dejando atrás la idea romántica de que el cannabis es la “droga buena”.    

El consumo de marihuana en Holanda, una nación reconocida por sus experimentos sociales de avanzada, y que suele cacarearse en los debates colombianos de la legalización por su mente supuestamente liberal, acaba de prohibirse en el espacio público, por el ayuntamiento de su capital. De modo que cada día se procura neutralizar con mayor rigor lo que, en principio, se creyó benéfico. Pero que ya, en modo alguno, es el bálsamo que se presuponía. Incluso, los holandeses están hartos de que el turismo se haya reducido, en buena parte, al uso de drogas “blandas” en los cafés instaurados a los efectos, hace décadas, y todavía más cuando el país se convirtió, bajo estos argumentos, en la cabeza de puente del contrabando de estupefacientes y alucinógenos en Europa.

Por su parte, naciones pequeñas como Uruguay han visto como se ha disparado el consumo. De suyo, se sabe que sigue habiendo un mercado negro, cada vez más sustancioso, pues antes que recurrir a los clubes y farmacias privadas o patrocinadas por el Estado los consumidores prefieren a los “dealers” que no tienen tramitología y expenden más barato y a mayores volúmenes frente a las dosis aceptadas, entre otros.

Todo ello, precisamente, era el tema del proyecto de acto legislativo que buscaba regularizar la producción, comercialización y consumo de cannabis en Colombia. Dicha iniciativa se hundió, en efecto, por enésima vez esta semana en la plenaria del Senado. Sin duda, falta muchísimo estudio y cifras fehacientes para dejar al garete asunto tan delicado, aunque por supuesto los pontífices de la verdad revelada han salido a rasgarse las vestiduras, a posar de vanguardistas y a decir que se perdió la oportunidad de arrebatarle tan jugoso negocio a sus detentadores y promocionar que otros lo hicieran, pese a su origen considerado ilícito por el propio Estado. Y que, por tanto, este es un país de mojigatos solo por aducir además que, seguramente a diferencia de otras naciones, en Colombia prevalecen los derechos de los niños.

Bastaría, en ese sentido, volver a escuchar la pasmosa declaración del ministro de Justicia, según la cual al Estado le tiene completamente sin cuidado las preocupaciones de una periodista y madre sobre la suerte de su hijo frente a las drogas. Más o menos la tesis del ‘sálvese quien pueda’ muy propia del capitalismo salvaje. Por supuesto que una buena educación parte de lo que puedan enseñar los padres, pero otra cosa es que los agentes estatales se conviertan en punta de lanza contra esos propósitos.          

El fracaso del proyecto tuvo una mayor significación por cuanto se dio apenas unos días después de que el Ejecutivo derogara un decreto que permitía a las autoridades actuar cuando detectaran a personas consumiendo drogas en parques, entornos escolares y universitarios, y otros lugares diferentes a la privacidad de las residencias, donde está autorizada la dosis personal. Dicha decisión generó un rechazo entre los colombianos porque limitar la operatividad policial, no solo beneficia al microtráfico y toda su cadena comercializadora, entregando el espacio público y la calle al tráfico ilícito, sino que pone en riesgo a los menores de edad, pues prácticamente quedan a merced de los jíbaros. Que, desde luego, es su consigna.

Por otra parte, ¿acaso la reiterada negativa a la propuesta del despeje jurídico del consumo de marihuana no es ya de por sí un mensaje directo y concreto sobre la postura de las mayorías parlamentarias y de la democracia representativa en la última década?

El mandato constitucional sobre amparo a la niñez no se puede obviar ni sub dimensionar. Al contrario, es un avance esencial de la Constitución de 1991 y fundamento prioritario del Estado Social de Derecho. Y no es con ideas extranjerizantes, ni actitudes aparentemente innovadoras, como se pueda romper ese propósito escrito en mármol. Aunque todavía nos falte tanto para llevarlo a cabo…