· Índices de accidentalidad no dan tregua
· Las millonarias pérdidas en el SOAT
Los índices de accidentalidad vial en Colombia continúan siendo muy preocupantes, no sólo por la cantidad de percances sino por el número de víctimas mortales y heridos que dejan año tras año. Las frías estadísticas gubernamentales evidencian que constituyen la segunda causa de muerte violenta en Colombia, después del homicidio, y la primera entre niños de 5 a 14 años. Esos mismos estudios explican que mientras los homicidios han disminuido de manera sostenida y hoy el país ostenta la tasa más baja en cuatro décadas, las muertes por accidentes de tránsito aumentan. Pero además de las pérdidas de vidas y las graves secuelas para los conductores, pasajeros y peatones heridos, el costo económico de los centenares percances en diarios las carreteras equivale a dos puntos del Producto Interno Bruto.
La problemática es tal que en diciembre pasado el Gobierno decidió aplicar una nueva estrategia, poniendo en funcionamiento la Agencia Nacional de Seguridad, con la meta de reducir en al menos un 8 por ciento las muertes por accidentes de tránsito en el país al finalizar este cuatrienio y en un 26 por ciento hacia el 2021, lo que significaría salvar 1.750 vidas cada año. Ello debe concretarse a través de la efectividad de siete programas básicos: Plan Nacional de Seguridad Vial, Programa Integral para el Tránsito de Motociclistas, Planes locales, planes estratégicos para empresas privadas y públicas, prueba teórico-práctica para la expedición de licencias de conducción, Observatorio Nacional de Seguridad Vial y campañas de comunicación.
Dentro de esa estrategia son claves los ajustes al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que lamentablemente aún tiene un alto índice de evasión, al igual que la revisión vehicular técnico-mecánica, pese a que en su conjunto son determinantes para reducir los siniestros en las vías.
Precisamente sobre el SOAT se conoció esta semana un alarmante informe de la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings, según el cual su sostenibilidad y rentabilidad en Colombia están afectadas en gran proporción por la tendencia creciente de los siniestros, el fraude técnico, el aumento de las motos dentro del parque automotor, la devaluación del peso y la inflación médica. A lo anterior se suma la flexibilidad escasa y el margen de maniobra bajo con los que cuentan las aseguradoras. Las cifras del informe son dicientes: a diciembre de 2015, el ramo cerró con una perdida técnica por 250 mil millones, 68 por ciento más que en 2014.
Al explicar las distintas causas se hizo énfasis, por ejemplo, en que hay un cambio importante en el parque automotor en los últimos cinco años por la mayor cantidad de motocicletas en circulación, representando ya el 56 por ciento. El problema es que el 80 por ciento del total de los siniestros pagados por el SOAT corresponde a accidentes que involucraron motos.
Siendo tan importante la cobertura de este seguro, es urgente redoblar las políticas que se están aplicando para garantizar su sostenibilidad y eficiencia, sobre todo mediante el trabajo conjunto de aseguradoras, Ministerio de Transporte, Agencia de Seguridad Vial, Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), Policía de Carreteras y autoridades seccionales y locales.
Pero ello debe ir acompañado de otra serie de medidas. Por ejemplo, urge una actualización del Código Nacional de Tránsito. También deben ser más exigentes los requisitos para licencia de conducción de motocicletas. A la par de ello, se necesita un combate más efectivo al mototaxismo a nivel nacional. Hay que mejorar, de paso, todo el sistema de fotomultas, que tanta controversia está generando en distintas partes del país. Si bien es cierto que se han reducido los índices de accidentalidad causados por el consumo de licor, aún hay mucha tarea pendiente en este frente. No menos importante es una mayor vigilancia y depuración de los llamados Centros de Diagnóstico Automotor, que realizan las revisiones técnico-mecánicas. Los vehículos de transporte escolar requieren una reglamentación más drástica, así como urge una transición más ordenada del transporte público colectivo tradicional hacia los sistemas articulados, tipo Transmilenio. Recientes accidentes con alto saldo fatal evidencian también que en no pocas ocasiones los percances se producen por carreteras en mal estado o deficientes sistemas de alerta temprana para evitar el tráfico en zonas con alto riesgo de derrumbe o deslizamientos…
Como se ve, la tarea de reducir la accidentalidad vial es muy compleja. No hay que bajar la guardia ni confiarse. Cuando hay posibilidades de que por fin la guerra deje de causar tantas muertes, no tiene presentación que la imprudencia e impericia vial tomen su lugar como mayores victimarias.