* Las graves advertencias de la Contraloría
* Gobierno apuesta a involución institucional
Muy pocas veces la Contraloría General ha sido tan enfática en torno a la inconveniencia de la creación de una entidad oficial como en el campanazo que acaba de darle tanto al Gobierno como al Congreso en relación al proyecto de ley en trámite en la Comisión I de la Cámara de Representantes que busca instituir la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales).
Según la exposición de motivos de la iniciativa, la proyectada entidad tendría por objeto “realizar en Colombia o en el exterior, actividades de exploración, construcción y montaje, explotación, cierre minero, transformación, beneficio, aprovechamiento y/o comercialización de minerales estratégicos y otros minerales, sus derivados y productos, principalmente orientados a la industrialización del país, transición energética, desarrollo agrícola e infraestructura pública, y cualquier actividad relacionada con las cadenas productivas y el apoyo a la promoción y la formalización del sector minero, para lo cual podrá realizar las actividades industriales y comerciales correspondientes, actividades de investigación, desarrollo e innovación, en toda la cadena productiva, directamente o por medio de contratos de diferente naturaleza, celebrados con personas naturales o jurídicas; públicas o privadas, nacionales o extranjeras”.
Como se ve, no se está hablando de una institución de bajo calado o subsidiaria en la industria extractiva. Por el contrario, sería el equivalente a lo que hoy es Ecopetrol en materia de hidrocarburos a nivel estatal. Precisamente, por ello el ente de control fiscal hizo un análisis pormenorizado del objeto, capacidades y competencias de Ecominerales, lanzando alertas que en modo alguno pueden ser ignoradas por el Ejecutivo o el Legislativo, so pena de incurrir no solo en un yerro institucional mayúsculo, sino que pondría en peligro una de las principales fuentes de impuestos, divisas, regalías, empleo y dinamismo socioeconómico en muchas regiones del país.
Según la Contraloría, el proyecto impulsado por el Ministerio de Minas abre la posibilidad de crear una empresa que repita los graves problemas financieros, de corrupción y falta de independencia e idoneidad que, en su momento, registraron otras entidades oficiales del ramo ya extintas como Ecominas, Mineralco, Ecocarbón, Carbocol y Minercol, cuyas funciones −transferidas a Ingeominas− son las que hoy se pretenden asignar a Ecominerales.
No solo se advierte un alto riesgo de improvisación en un sector estratégico de la economía nacional, sino que hay aspectos antitécnicos e inconvenientes desde el punto de vista de competencias institucionales y costo fiscal en la transferencia que se plantea a la nueva entidad de recursos de la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como del Ministerio de Hacienda y otros rubros presupuestales. Tampoco hay estudios sólidos sobre cuánto costaría crear Ecominerales, cuál sería el impacto en endeudamiento estatal, las inversiones a realizar o un estimado de utilidades. De hecho, se advierte que es equívoco sostener, como lo dice la iniciativa, que la proyectada institución no demandará esfuerzo fiscal alguno. Es más, se trae a colación que justamente por ese vacío la Corte Constitucional acaba de declarar inexequible la ley que dio vida al Ministerio de la Igualdad, en 2023.
Y, como si todo lo anterior fuera poco, la Contraloría alerta sobre el peligro de un monopolio de Ecominerales en este sector productivo, al ser arte y parte en la selección y asignación de Áreas Estratégicas Mineras. Tampoco es claro por qué, por un lado, se dice que no se necesitaría inversión extranjera para la extracción de minerales, pero, en otro apartado, se abre la posibilidad de realizar contratos de asociación. Otro riesgo es el relativo a la escogencia de socios sin experticia en este campo o a que de la junta directiva de la proyectada institución no hagan parte los técnicos. Finalmente, en un planteamiento tanto inconstitucional como sospechoso se restringe la tarea de vigilancia de la Contraloría sobre la nueva empresa oficial.
Como se ve, el estudio del ente de control fiscal es profundo y taxativo. Mal haría el Congreso en desconocerlo y seguir adelante con una iniciativa que representa una evidente involución institucional. Un proyecto que, al igual que lo que se plantea con las accidentadas reformas a los sistemas de salud, laboral y pensional, entre otras, se dirige a una lesiva y disfuncional estatización de los principales nichos productivos y de prestación de servicios esenciales, resucitando modelos ya comprobadamente fracasados e inviables.
No pueden los senadores y representantes a la Cámara permitir que en el sector minero se repita lo que está ocurriendo con Ecopetrol, que poco a poco pasa de ser la empresa estatal más rentable y eficiente, a una compañía con utilidades a la baja, bandazos estratégicos, disminución de sus notas por parte de las calificadoras de riesgo y una evidente y peligrosa politización e ideologización de sus directivas…
El campanazo sobre Ecominerales está dado. La pregunta es una sola: ¿El Congreso, hoy imbuido en el escándalo de presuntos sobornos y compraventa de apoyos a las reformas gubernamentales, se arriesgará a desoír?