- Un cambio de fondo en materia penal
- Reto de alto calado a sistema judicial
Faltando apenas cuatro semanas para que termine esta segunda legislatura, el Senado se apresta a tramitar un proyecto de acto legislativo que implica uno de los cambios en legislación penal más grandes de los últimos años en Colombia. Se trata de la reforma constitucional que permitirá imponer la pena de cadena perpetua a quienes cometan delitos de homicidio doloso, secuestro y acceso carnal violento contra menores de 14 años o contra cualquier persona con discapacidad física o mental.
La iniciativa fue aprobada en días pasados en sexto debate en la Cámara de Representantes, con una amplia mayoría de 134 votos a favor y apenas 22 en contra. Para un Congreso que está fuertemente polarizado y en donde a diario se registran pulsos políticos y rifirrafes al por mayor entre las bancadas gubernamental, independiente y de oposición, el respaldo multipartidista a esta reforma constitucional deja ver a las claras que la posibilidad de que también reciba el visto bueno en las dos discusiones restantes, Comisión Primera y plenaria del Senado, es muy alta. De hecho, al decir de no pocos analistas este podría ser el único proyecto clave que termine siendo aprobado antes de que finalice este segundo tramo de la legislatura, que ha estado marcado por la baja productividad parlamentaria debido a la pandemia del Covid-19, que obligó a aplazar el inicio de las sesiones el pasado 16 de marzo. Al final solo el 13 de abril se comenzó a trabajar, aunque de manera virtual y solo por estos días la Cámara ya trabaja de nuevo de forma semipresencial y se espera lo propio del Senado.
Quienes defienden que a los perpetradores de delitos graves contra menores de edad se les impongan condenas de cárcel de por vida sostienen que está comprobado que estos delincuentes difícilmente pueden ser resocializados, por lo que permitir su libertad a mediano o largo plazos implica un riesgo alto de reincidencia en violaciones, plagios o asesinatos de niños. De igual manera, recalcan que el Consejo de Política Criminal, máxima instancia de consulta en materia penal, ya le dio su respaldo a la iniciativa desde el año pasado, ratificando que encarcelar de por vida a estos criminales no viola el ordenamiento constitucional ni legal interno, como tampoco ninguno de los tratados y convenciones internacionales suscritas por Colombia en materia de derechos humanos. Por último, agregan que si bien es cierto que en los últimos años se han ido aumentando las penas por agresiones graves a los menores de edad, así como restringiendo la posibilidad de que los culpables puedan acceder a rebajas de condena y otros beneficios penitenciarios, lamentablemente los atropellos contra los más indefensos no se han reducido. Por el contrario, las estadísticas judiciales evidencian un incremento, incluso cada vez con más barbarie y sevicia por parte de los victimarios.
En la otra orilla se ubican algunos sectores parlamentarios, políticos y jurídicos que consideran que ya en Colombia es posible imponer penas de hasta 60 años de cárcel a los violadores y asesinos de niños y niñas, lo que en la práctica constituye una condena a prisión de por vida, más aún porque no tienen derecho, como se dijo, a rebajas ni flexibilización de sus condiciones de reclusión. También advierten, de un lado, que la cadena perpetua afecta el principio de proporcionalidad delito-castigo del Código Penal y, de otro, desconoce que en Colombia la justicia ha cometido muchos errores, por lo que el riesgo de afectar a algún inocente con un castigo drástico siempre está presente.
En medio de ese cruce de argumentos, la postura del Gobierno ha sido definitiva para que el acto legislativo avance de manera sustancial. El Ministerio de Justicia respalda esta reforma penal, bajo la condición de que la cadena perpetua se aplicará solo en los casos más graves o de reincidencia, contando siempre con el requisito de doble instancia. De igual manera, considera clave que la pena a prisión de por vida pueda ser revisada a los 25 años con el fin de evitar cualquier exceso penal o error judicial. Y claro, como es apenas obvio, la sanción no operará de manera retroactiva, como lo mandan los principios básicos del Derecho.
Como se ve, Colombia está a pocas semanas de implantar en su sistema penal la cadena perpetua, sin duda un cambio de muchas implicaciones. No hay que olvidar que dicha propuesta se ha hundido no menos de veinte veces en el Congreso en los últimos años. Ahora está a punto de volverse realidad, aunque gran parte de la opinión pública no está enterada de este reto de alto calado para la justicia, puesto que está inmersa en la emergencia sanitaria por el coronavirus.