Si  bien es cierto que entre los derechos de mayor valía en Colombia están los de la protesta y la libertad de expresión, se está convirtiendo en un problema de marca mayor que casi a diario quienes se lanzan a manifestar en contra de determinado hecho o circunstancia adversa, más allá de la validez o no del reclamo, en lo primero que piensen es en bloquear vías y en especial los sistemas masivos de transporte público de pasajeros.

En las últimas semanas ese ha sido un panorama recurrente en la capital del país, sobre todo frente al sistema Transmilenio, y no siempre por cuestiones referidas al inconformismo de los usuarios por las deficiencias del mismo. También se han presentado bloqueos por otras situaciones.

Sin embargo, cualquiera sea el caso, el resultado, al final, es el mismo: decenas de miles de personas bloqueadas por largas horas o sometidas a intensas caminatas con tal de poder llegar a sus destinos. Y a ello hay que sumarle el problema de orden público que se genera cuando los efectivos de la Policía Antimotines intervienen para tratar de recuperar la transitabilidad en las vías. Mientras los manifestantes acusan a los uniformados de actuar con violencia y abuso de fuerza, el grueso de la ciudadanía afectada por los bloqueos también critica a las autoridades por no actuar con más firmeza para evitar que toda inconformidad de un sector poblacional desemboque en el cierre de una vía principal o la parálisis de los sistemas de transporte masivo.

Lo cierto es que más allá de los pareceres en torno de quién tiene o no la razón en esta difícil circunstancia, es urgente que un trabajo coordinado entre las esferas nacionales, regionales y locales permita establecer estrategias de contingencia rápidas y eficaces para evitar que toda protesta, por más válida que sea, termine indefectiblemente en bloqueos viales y afectaciones a muchas personas.

Es más, dicho plan de choque debe ponerse en práctica lo más rápido posible pues un día de estos la práctica de trancar carreteras y el sistema Transmilenio puede terminar en tragedia, al producirse enfrentamientos entre quienes participan de la protesta y quienes se sienten afectados por la misma. Es ingenuo desconocer que cuando los ánimos están caldeados, una sola palabra o acción puede prender la mecha y dar lugar a peligrosas batallas campales entre los mismos ciudadanos.

No se trata aquí de pedir que la Fuerza Pública despeje con violencia las vías trancadas, como tampoco de sugerir que las autoridades sean extremadamente pasivas a la hora de analizar cómo enfrentan estos bloqueos. Ambos extremos son peligrosos. Lo que se urge es que se determine un mecanismo intermedio que permita equilibrar los derechos a la protesta, la libre locomoción y la tranquilidad ciudadana.