*La intrincada revocatoria

*Respeto a la justicia y organismos de control

El  alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, como pasa  con diversos funcionarios de elección popular que rigen  ciudades colombianas, es investigado por entes estatales. Atienden denuncias interpuestas por terceros. Lo mismo que por hechos que son del dominio público. No quiere decir que los funcionarios que son investigados sean culpables, en ocasiones son  casos  de rutina. El Alcalde ha sido enfático en afirmar que no le teme a las investigaciones, como tampoco a los intentos de revocatoria por medio de la recolección de firmas. Se siente tranquilo en cuanto considera que cumple su deber.  Y con sorna  ha dicho: “bienvenidas las investigaciones”.  En el país cientos de alcaldes son investigados por casos de corrupción, malos manejos y toda suerte de delitos. Unos son inocentes y otros culpables. Varios centenares de exalcaldes al salir de sus cargos terminan huyendo de la justicia. Como se recuerda, las resonantes denuncias en famosos debates del entonces senador Gustavo Petro, fueron  las que llevaron a prisión a su antecesor, su hermano, varios funcionarios y contratistas, procesos que están los tribunales.

El senador Petro rompió con los dirigentes de su mismo partido  por considerarlos incursos en casos de corrupción. Sus fuertes  denuncias sobre malos manejos en el Congreso produjeron su exposición en los medios y le facilitaron  aspirar a unos pocos meses antes de las elecciones por una nueva fuerza política a la Alcaldía de Bogotá, cuando los partidos tradicionales parecían imbatibles electoralmente de mantenerse unidos. Prevalecieron las pequeñas ambiciones. Petro salió electo. Por falta de mayoría en el Concejo  ha  tenido numerosos roces, lo que suele ser apenas normal por la composición de fuerzas y las pugnas políticas. El Alcalde ha querido gobernar a su manera y con sus seguidores, gentes nuevas y en algunos casos elementos conocidos de la militancia política de izquierda o de la empresa privada. Por lo que ha debido improvisar sobre la marcha. La Secretaría de Gobierno para Antonio Navarro Wolf se entendió como una alianza con miras a las elecciones y para tener un pararrayos, frente a las eventuales críticas y controversias que suscitaba la acción y las constantes declaraciones del jefe de la administración local. Las cosas mejoraron un tanto, cada vez que se presentaban problemas graves que ameritaban recursos extras para ayudar a la población en apuros, él declaraba que de inmediato trasladaba el caso a la Presidencia de la República donde había dinero de sobra para ayuda social. Y limaba asperezas con unos y otros, hasta que presentó renuncia por motivos estrictamente personales. A partir de entonces siguen las caras nuevas en la administración, las que  se van sucediendo con diversa fortuna.

Las medidas del Alcalde corresponden a la visión de ciudad que tiene y su peculiar concepto del manejo de los recursos y las prioridades. Para ciertas obras de envergadura, como es el caso del Metro, es fundamental un acuerdo entre el Jefe de Estado y el Alcalde Mayor, lo mismo que para otras obras que requieren de cuantiosos fondos del Presupuesto Nacional y de dineros de la administración local. Por falta de entendimiento se han postergado. Lo cierto es que las sucesivas administraciones pasan sin que se avance en el Metro. A sabiendas de que el Transmilenio es insuficiente, puesto que se necesitan más vías para que la ciudad no colapse en el futuro. Bogotá es de las pocas ciudades del mundo con más de ocho millones de habitantes que carece de  transporte subterráneo, ni elevado.

La oposición a la administración del Alcalde Petro exaspera y está solicitando firmas en las calles para revocar su mandato, lo que al mismo alcalde Petro le ha parecido un ejercicio democrático positivo. Como el Congreso aprobó una  ley sobre participación ciudadana que se encuentra en consulta en la Corte Constitucional, según la norma vigente sólo podrían votar por revocarlo quienes  sufragaron en Bogotá en las pasadas elecciones, en dicho caso  se requiere un número tan elevado  de votos que hace inoperante la revocatoria. A menos que la Corte le diera prioridad al asunto, lo que no parece tener ambiente. Como el acalde Petro tiene cita  en la Fiscalía por las denuncias sobre contratos y manejo de las basuras, lo mismo que la Procuraduría revisa las denuncias de terceros, es del caso distinguir entre la movilización por la revocatoria y las investigaciones; en cuanto lo uno corresponde a la acción política y las investigaciones obedecen a procedimientos rutinarios e imparciales de la justicia o de los organismos de control, a los que todo funcionario debe responder para aclarar la transparencia o responsabilidad de su gestión.