Tras  el impase de la semana pasada se radica hoy en el Congreso el definitivo proyecto de ley que pretende formalizar la entrega y titulación de predios baldíos, es decir, aquellos que son propiedad del Estado y se adjudican a particulares para que los exploten y rentabilicen.

La precisión al articulado que la Casa de Nariño había urgido al Ministerio de Agricultura ya se hizo, de forma tal que está despejada cualquier posibilidad de que se estén legalizando o convalidando las acumulaciones de Unidas Agrícolas Familiares (UAF) hechas con anterioridad a este proyecto. Los casos en donde se ha puesto en duda esta clase de operaciones, sobre todo en la altillanura, deberán ser resueltos por la justicia en los procesos que ya están en curso.

Es claro que ya los tiempos son muy ajustados, pues este primer tramo de la legislatura termina en un poco más de tres semanas y por más que se acelere el paso en el Congreso, a lo máximo que se podría aspirar es a que a la iniciativa le sean asignados los respectivos ponentes y pueda darse un primer debate a nivel de comisión.

Sin embargo, lo importante aquí es que estando ya sobre la mesa un texto, la discusión de un tema tan complicado y sensible puede arrancar sobre hechos objetivos y dejar atrás los múltiples escenarios gaseosos de los últimos meses, en los que no se logró sacar nada en claro.

De lo dicho por el Ministro del ramo se pueden extrapolar tres conclusiones. En primer lugar, de lo que se trata aquí no es de legalizar lo que ya pasó, pues la justicia allí tiene la palabra, sino de fijar hacia adelante unas reglas claras sobre la formalización de predios, su titulación y quiénes pueden ser los beneficiarios tanto de entrega de baldíos como de los procedimientos en cuanto a las UAF. En segundo lugar, es claro que esta discusión trascendental para el país y el futuro del campo exige de todos los actores e interesados una objetividad mayúscula, pues lo peor que le podría pasar a la iniciativa es que el debate se termine diluyendo por el clima electoral y de politización que ha marcado la controversia en las últimas semanas. Y, como tercer punto, es evidente que este proyecto es apenas una pieza más dentro de la construcción del marco jurídico e institucional para viabilizar un campo moderno, rentable y competitivo. Habrá que sumarle en poco tiempo iniciativas clave como el Estatuto de Desarrollo Rural y la adecuación de todas las políticas sectoriales a las realidades que arroje el Censo Agropecuario que arranca hoy también su primera fase.

Bienvenido, pues, el proyecto de ley sobre los baldíos. Es necesario aterrizar la controversia a artículos, parágrafos e incisos concretos y taxativos. Se requiere abrir la discusión a todas las voces y para ello las audiencias públicas y los foros deben estar a la orden del día. Lo que haya que modificar, que el Congreso lo haga. El articulado debe entenderse como un punto de partida, corregible o perfeccionable en lo que haya lugar. Pensar en que era mejor dejar el tema para después de elecciones, es sólo aplazar la búsqueda de una definición urgente para un campo que requiere una plataforma normativa clara que garantice inversión y progreso.