Para nada exagerado el calificativo de “histórica” que utilizó el Ministro de Hacienda al explicar la importancia del decreto que expidió el Gobierno poniendo en cintura el millonario flujo de recursos entre Colombia y los llamados paraísos fiscales, es decir, aquellos países que cuentan con una legislación financiera bastante laxa, que cobran tasas tributarias muy bajas a los capitales y que permiten la creación de sociedades con requisitos tan superficiales, que la gran mayoría son consideradas de “papel” o de fachada para esquivar el pago de impuestos en las naciones de origen o de plusvalía de esos dineros.

Para evidenciar las altas implicaciones de este nuevo control baste con citar lo afirmado por el Director de la DIAN, según el cual se calcula que por impuesto de renta se pierden al año entre $ 15 billones y $ 20 billones mediante estos esquemas de paraísos fiscales.

En Colombia el historial de grandes capitales que son enviados a los paraísos fiscales es muy largo. Hay antecedentes desde tiempos de las bonanzas marimberas de los 80 pero el mayor pico se daría con el surgimiento de los carteles de la droga de Medellín y Cali, pues se especulaba que tenían depósitos en miles de millones de dólares en islas caribeñas. 

Después, ya en los noventa, comenzaron a multiplicarse las empresas y personas naturales en Colombia que llevaban sus capitales a estos paraísos fiscales con el fin de evitar pagar en Colombia el impuesto a la renta y otros tributos. También se empezaron a detectar múltiples maniobras de propiedades muebles e inmuebles en nuestro país que eran registrados a nombre de sociedades o fundaciones inscritas en estos paraísos fiscales, todo con el fin de evadir el cobro tributario e incluso de esquivar el pago de impuestos como el del patrimonio líquido, que en los últimos años fue clave para fortalecer las Fuerzas Militares y de Policía en la lucha contra el terrorismo, la subversión y el narcotráfico.

Y, como si fuera poco, en los más cuantiosos y sonoros escándalos de corrupción privada y pública, en no pocas ocasiones los recursos millonarios que son esquilmados al presupuesto oficial o a particulares terminan en estos paraísos fiscales, escondidos tras una maraña de sociedades y firmas anónimas, haciendo imposible a las autoridades no sólo poder recuperar los recursos, sino que los propios gobiernos de esas naciones no se prestan para colaborar con la justicia de nuestro país. Incluso, hay casos en donde los responsables de esos hechos de corrupción terminan en la cárcel pero a los pocos años, sin devolver un solo peso, o una porción mínima del monto embolatado, recuperan su libertad y van al exterior a gozar de sus fortunas mal habidas.

Por todo lo anterior se pueda considerar “histórico” ese decreto que definió el listado de paraísos fiscales y estableció mecanismos para frenar evasión de impuestos. Como bien lo dijo el titular de Hacienda, a “quienes venían aprovechando la figura de los paraísos fiscales se les acabó la fiesta porque no vamos a permitir que se sigan perdiendo los recursos fiscales del país”. Lo importante ahora es que la norma se cumpla a rajatabla y que se detecte a tiempo cualquier esguince para esquivar sus efectos.