Más  allá de quién tenga la razón, lo cierto es que la polémica pública entre los titulares de la Fiscalía y la Contraloría generales ya está afectando la imagen de ambas instituciones, pues en la retina del ciudadano promedio lo que está quedando es la percepción primaria de que los jefes del ente acusador y de control fiscal están, como se dice popularmente,agarrados de las mechas…

Es claro que deben ser las instancias de investigación respectivas las que den luces alrededor del choque de criterios y el cruce de acusaciones de ambos altos funcionarios. No hay que perder de vista que se trata de señalamientos, de lado y lado, de la más alta gravedad que, en caso de comprobarse, llevarían al responsable o la responsable a problemas judiciales de alto calibre.

Si bien son las instancias respectivas las que deben aclarar el intrincado asunto, desde distintos sectores de opinión y analistas se advierte que esto no sucederá en el corto lapso, debido, de un lado, a la característica demora e ineficiencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y, de otro, a que la Contralora ha puesto reparos a la objetividad de la Fiscalía frente a las causas que contra ella se llevan en el ente acusador.

Como se dijo, no le corresponde a la prensa señalar culpables ni promover absoluciones. Sin embargo, es claro que la polémica pública y tramitada a través de los micrófonos, cámaras, periódicos y medios digitales está llegando a límites absolutamente lesivos no sólo para la imagen de ambos funcionarios, sino para sus propias instituciones y, en un sentido más amplio, el aparato estatal.

Ya el Presidente de la República hizo un llamado para que esta clase de controversias y pleitos jurídicos se tramitaran por los canales institucionales respectivos, pero la discusión y el cruce de acusaciones, más allá de quién tenga la razón (se repite), lejos de bajar de tono, subió a niveles nunca antes vistos desde que el país está regido por la Carta del 91.

¿Qué hacer? Nadie tiene claridad al respecto, pues cada uno de los altos funcionarios en disputa reivindica su derecho a defender sus puntos de vista y replicar las que considera acusaciones infundadas o criterios viciados.

Pero ello no obsta para que, de nuevo, se insista en que el rifirrafe entre los titulares de Contraloría y Fiscalía salga del foco mediático, que ya se volvió tan desgastante como desinstitucionalizador. La majestad del Estado se lesiona con esta clase de situaciones y la respuesta no puede ser la resignación de la opinión pública ante lo que está pasando. Algo hay que hacer y pronto. Las cabezas de las tres ramas de los poderes públicos tienen la palabra.