Más que preocupante lo advertido en los últimos días respecto a los deficientes mecanismos de protección para los alcaldes, concejales y diputados en medio de la ola de violencia que se está registrando en varias zonas del país.

Si bien es cierto que los gobernadores tienen, en su mayoría, personal policial para su seguridad, no ocurre lo mismo con los burgomaestres, cabildantes e incluso los diputados en varios departamentos. No cuentan con las más mínimas medidas de seguridad, como escoltas, chalecos antibalas o incluso armas de fuego para defenderse en caso de un riesgo inminente. Tampoco se les suministran vehículos ni protección durante sus desplazamientos, sobre todo en las zonas rurales. Hasta las propias sedes de los concejos municipales adolecen de vigilancia permanente.

La situación no solo se da en el Cauca, Valle y Nariño, en donde está concentrada la ofensiva terrorista de los últimos tres meses, sino en otras regiones en donde las autoridades locales están siendo blanco de amenazas, hostigamientos y atentados. No hay que olvidar que este año ya son cinco los concejales asesinados, en tanto que un número creciente de alcaldes ha denunciado ser blanco de intimidaciones por parte de grupos armados ilegales, guerrillas, bandas criminales de alto espectro, carteles del narcotráfico, minería ilegal, así como de organizaciones de delincuencia común.

No en pocos casos esos titulares de los ejecutivos y legislativos locales sostienen que han alertado a las autoridades policiales y militares, así como a la Unidad Nacional de Protección sobre la situación de riesgo en que se encuentran, pero la respuesta no ha sido la esperada.

En algunos casos la Fuerza Pública señala que no tiene el suficiente personal para ubicar escoltas, vehículos y esquemas de seguridad a todos los amenazados. Igual ocurre con la citada Unidad, en donde hay un alud de solicitudes en fila, y es necesario hacer estudios previos para priorizar a las personas que más están en peligro.

Visto todo lo anterior, resulta imperativo que desde las instancias del Gobierno nacional central se adopte un plan de emergencia para poder hacer frente a esta complicada problemática. Hay mecanismos de distinto nivel de protección que se pueden implementar, tal y como se puede acudir a recursos de fondos de vigilancia o extraordinarios para financiar los esquemas de seguridad. Lo que no se puede permitir es que haga carrera, como años atrás, que en Colombia los alcaldes, concejales y diputados sean asesinados o amenazados de forma permanente e impune.