Los alcaldes y gobernadores están cumpliendo sus primeros 100 días de mandato. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tiene que ver con el contenido de los decretos y proyectos de los titulares de las alcaldías que han regulado los sitios públicos en donde está prohibido —de manera definitiva— el consumo de sustancias estupefacientes.

Si se hace una revisión de las decisiones de los alcaldes, se encuentra que casi la totalidad de los mandatarios restringieron al máximo los sitios públicos en donde se permite la drogadicción en áreas abiertas y no privadas.

El aspecto más importante es que, lejos de lo que sostienen los promotores de ampliar los lugares para el consumo de drogas, la ciudadanía en general, ha terminado por respaldar a las alcaldías e, incluso, en algunos casos consideran que la restricción debió ser generalizada, sin excepción alguna.

No hay entonces —como lo afirmaran algunos partidos en el Congreso, durante el trámite del fallido proyecto que buscaba autorizar el consumo recreativo de la marihuana—, mayorías poblacionales a favor de que se dé vía libre a la drogadicción.

Sería conveniente que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y otras entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, analizara el mensaje que tanto los alcaldes como la ciudadanía están enviando respecto de lo que debe ser la política pública contra el consumo de drogas alucinógenas.

Los discursos liberalizantes tanto del Ejecutivo como la coalición de centro izquierda y de unas pocas colectividades del centro quedan en abierta contravía frente a lo que ocurre en los departamentos y municipios. Allí el microtráfico se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad local al tiempo que día tras día se esclaviza a más niños y adolescentes en este vicio. Por lo mismo, los habitantes exigen de las autoridades no solo mayor contundencia para acabar con las ‘ollas’ y jíbaros, sino también para evitar cualquier medida que facilite que los menores de edad caigan en este infierno.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional es taxativa al respecto: nadie mejor que los alcaldes para evaluar la problemática puntual de la drogadicción en sus jurisdicciones y tomar las medidas del caso para proteger los derechos prevalentes de la infancia y la adolescencia.

Se evidencia, entonces, que prohibir el consumo de drogas en áreas públicas, sobre todo en los entornos escolares, culturales y de masivo tráfico o presencia de niños y jóvenes, son más que válidas y no violan en modo alguno el derecho individual de cada persona hacer uso de los narcóticos en su espacio privado.