* Alud de decretos para restringir consumo de drogas
* Contraste con polémicas posturas gubernamentales
La drogadicción es un infierno y, por lo tanto, es deber de las autoridades hacer todo lo posible para evitar que más colombianos terminen allí. Hoy es claro que, lamentablemente, día tras día muchas personas son inducidas a consumir sustancias estupefacientes de la más diversa índole que, poco a poco, las van esclavizando, robándoles sus sueños, su futuro y dejándolos a merced de los jíbaros que medran en cada esquina en espera, no de ‘clientes’, sino de víctimas.
Hoy por hoy, resulta innegable que Colombia es un país en donde el consumo de drogas viene en un peligroso aumento. Múltiples informes así lo señalan. Por ejemplo, en la parte motiva de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 se advierte que el 10,3% de la población en edades entre 12 y 65 años ha consumido sustancias psicoactivas ilícitas alguna vez en la vida y que cerca de 800.000 personas (3,4%) reportó haberlo hecho en el último año.
A todo lo anterior debe sumarse que en el país hay un incremento sustancial de la extensión de narcocultivos, producto de la cuestionada estrategia del gobierno Petro en cuanto a reducir de manera dramática los operativos de erradicación forzada de sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola. A falta de informes gubernamentales o de los reportes de Estados Unidos, algunos cálculos extraoficiales advierten que el país podría estar superando hoy las 300.000 hectáreas, todo un lesivo récord.
Esto explica no solo el auge de las redes de microtráfico en todo el país, que ahora son manejadas en algunas zonas por estructuras criminales de alto espectro, sino la creciente oferta de drogas sintéticas en muchas ciudades y municipios. De hecho, en los últimos meses una de las preocupaciones de las autoridades es la detección de fentanilo, la llamada ‘droga zombie’, cuyo efecto sobre las personas que la consumen es sumamente peligroso.
Frente a todo ello, desde el Gobierno, acorde con una política antidroga muy flexible y polémica, se han venido enviando señales alarmantes. Por ejemplo, a finales del año pasado se derogó un decreto dictado por la administración Duque que permitía a la Policía multar a quienes fueran encontrados portando o consumiendo drogas en sitios públicos. Aunque el Ejecutivo indicó que la eliminación de esta facultad sancionatoria de las autoridades solo buscaba acompasar la normatividad con la jurisprudencia de las altas cortes judiciales, y que quedaba vigente toda la legislación de combate al narcotráfico, desde distintos sectores se advirtió que la restricción al accionar de la Policía no solo terminaba, en la realidad, favoreciendo al microtráfico, sino que ponía en peligro a toda la ciudadanía, especialmente a los niños y adolescentes, ya fuera por la vía de exponerlos a ser captados por los jíbaros o de ser víctimas de la inseguridad ligada al tráfico de estupefacientes.
Afortunadamente, las normas vigentes señalan que son los alcaldes los encargados de determinar en qué zonas públicas de sus respectivas jurisdicciones queda completamente prohibido el consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas. Por ello, en no pocas capitales departamentales, ciudades intermedias y municipios los recién posesionados mandatarios locales han empezado a expedir de forma expedita los decretos en donde establecen que no se permitirán actividades de drogadicción en parques públicos, entornos escolares, escenarios deportivos, bibliotecas, sistemas de transporte público, sitios de alta afluencia de menores e inclusive de alto interés histórico y cultural.
Contrario a la cuestionable tesis de flexibilización que abandera el Gobierno nacional, los alcaldes se han inclinado por establecer perímetros muy amplios para proteger a los menores de edad. Se señalan distancias que van desde los 60, 90, 100 o más metros a la redonda en donde está prohibido el consumo de drogas. También se establecen medidas de seguridad y alta presencia policial para evitar que los traficantes traten de burlar estas zonas especiales de protección. Igual se disponen mecanismos para asistir a los drogadictos que así lo requieran, sin que ello implique una penalización. Por el contrario, se asume que son víctimas y merecen atención desde la esfera de un problema de salud pública.
Aunque el Ministerio de Justicia expidió días atrás un protocolo en torno a cómo aplicar esta restricción, algunos expertos señalaron que es demasiado gaseoso e incluso ideologizado. Por lo mismo, los mandatarios se han referido directamente a las normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como a la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia para sustentar los decretos y establecer los máximos linderos posibles para cumplir con la obligación indeclinable de protección y prevalencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Lo importante es que en todas las localidades se determine de forma rápida esas zonas libres del consumo de drogas. No puede haber la mínima dilación ni posturas oficiales que pongan en riesgo a los menores de edad. Si ello ocurre, los entes de control y las veedurías ciudadanas deben actuar de inmediato.