- No dejar hundir reformas de fondo en trámite
- A circunstancias excepcionales, salidas audaces
La cuenta regresiva de este primer tramo de legislatura se empieza a agotar de manera acelerada. A partir de esta semana ya quedarán solo dos meses de trabajo en el Senado y la Cámara de Representantes. Aunque desde el 20 de julio pasado el ritmo legislativo ha sido más dinámico que entre marzo y junio pasados, cuando el primer impacto de la pandemia redujo de manera ostensible la labor en las comisiones y plenarias, no se puede decir que la productividad en este segundo semestre ha sido muy alta. De hecho, ni siquiera se ha podido viabilizar el regreso a los debates presenciales y ya hay voces parlamentarias que consideran que lo mejor sería terminar este año sesionando mayoritariamente de manera virtual, sobre todo ente el riesgo de que se presente un rebrote de Covid-19 en algunas zonas del país.
Ya está visto que las grandes reformas no llegaron al Parlamento como se pensaba al comienzo de esta tercera legislatura. A hoy, en realidad, solo hay tres iniciativas que están planteando cambios de fondo. De un lado, están los dos proyectos de reforma a la justicia, el uno impulsado por la Procuraduría General y el otro por el Consejo Superior de la Judicatura. Si bien se esperaba que el Gobierno radicara un tercero sobre la materia, el tiempo ya no alcanza dado que hay ajustes constitucionales de por medio y le tocará al nuevo titular de la cartera tratar de sumar algunos aspectos a lo que ya está en trámite. Por otro lado, ya está en estudio la reforma electoral que plantea cambios estrictamente procedimentales al sistema, iniciativa que fue estructurada por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y el propio Consejo de Estado, y que cuenta con el respaldo de la Casa de Nariño. Y en tercer lugar, se encuentra un proyecto de reforma a la salud que fue radicado el pasado 20 de julio por varias bancadas, con liderazgo de Cambio Radical, y que ahora tiene el aval del Ejecutivo, al punto que incluso decidió semanas atrás acompañarlo de un mensaje de urgencia para acelerar su trámite parlamentario.
Faltando un poco más de ocho semanas de trabajo legislativo, debería indagarse la posibilidad de que las bancadas, no solo las gobiernistas, sino también las independientes e incluso las de la oposición, pudieran sentar las bases de un acuerdo político de gran espectro alrededor de esos tres proyectos que, sin lugar a dudas, son urgentes. Ese acuerdo resulta más imperativo si se tiene en cuenta que la virtualidad en que viene desenvolviéndose el Congreso no permite un mayor dinamismo de los debates y que, además, hay coyunturas que han quitado tiempo al trámite de los proyectos en general, como es el caso de los sendos debates de moción de censura al Ministro de Defensa en ambas corporaciones.
Obviamente las realidades políticas y un arranque tempranero de la campaña electoral hacen muy difícil que los partidos representados en el Parlamento puedan llegar a encontrar puntos de consenso, pero hay de por medio circunstancias inéditas derivadas de la pandemia y, por lo tanto, se requiere de audacia en el Gobierno y las colectividades para poder avanzar en estas reformas estructurales que atacan problemáticas ya lo suficientemente diagnosticadas.
Una prueba de cómo es posible llegar a consensos se ha dado, precisamente, en la forma en que el Congreso ha ido aprobando la extensión de varios de los decretos dictados al amparo de la emergencia declarada para hacer frente a la pandemia. Obviamente se generaron discusiones alrededor del alcance y utilidad de las medidas de contingencia, pero en general la mayoría de ellas ha tenido respaldo en las bancadas por tratarse de circunstancias excepcionales para amortiguar el impacto de la que es, sin duda, la crisis más grave del país en las últimas décadas.
Las reformas electoral, a la salud y justicia que cursan hoy en el Legislativo puede que no tengan la suficiente profundidad estructural que se esperaba, sin embargo se trata de avances sustanciales en cada uno de sus frentes. Por lo mismo, la correspondería a la Casa de Nariño hacer un leve alto en el camino y convocar a las bancadas para que expongan sus pareceres alrededor de las tres iniciativas y buscar un consenso rápido y efectivo que lleve a un pacto político que permita sacarlas avante antes del 20 de diciembre, sobre todo en lo relativo a los cambios constitucionales que requieren ocho debates y dos vueltas en Senado y Cámara.
La pregunta, entonces, es una sola: ¿Podrá el Ejecutivo tomar la decisión de abocar un acuerdo político de alto espectro y tendrá eco dicho llamado en los partidos y sus representaciones parlamentarias?