• Anarquía de la reincorporación   
• Las advertencias de EU y la CPI

El virtual descuadernamiento del proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc, que sigue en obra gris y nunca tiene visos de terminar, no proviene de la oposición ni de quienes piden su reajuste. Se ha vuelto común, en ese sentido, echarle la culpa a los demás cuando buena parte de la anarquía se debe única y exclusivamente a la improvisación y la ausencia de gerencia gubernamentales. La llamada reintegración, sin claridad alguna en un protocolo definitivo y perentorio, se ha convertido en un verdadero incordio mientras que tanto los agentes estatales como los voceros de las Farc civil se distraen en los vericuetos de la política tradicional, de las encuestas y de los reflectores. En tanto, las tropas desmovilizadas permanecen al garete, en un limbo peligroso. Asimismo, aumentan las disidencias armadas como las tropelías. Y nadie responde.

El proceso de paz con las Farc requiere de un cierre. No es posible que el Estado permanezca pasmado ante lo que está ocurriendo. Porque no es dable seguir con ese problema encima sin que el país pueda recuperar el curso normal de las cosas. No vale a los efectos, tampoco, respaldarse en la retórica y los anuncios cuando a estas alturas, ya en plena campaña presidencial, las personas que pertenecían a ese grupo en armas deberían estar reincorporadas hace tiempo a la civilidad. Está claro que no había un plan y un cronograma estrictos, sino que, tal y como se vislumbra hoy el horizonte, la incertidumbre se mantiene a la orden del día y, lo peor, de sendero insoslayable. No está bien, en manera alguna, que ello esté ocurriendo. La reincorporación, que es tal vez una de las partes sustanciales del proceso a fin de garantizar la no repetición, parece una formulación teórica sin raigambre en la práctica.

De otra parte, la voz del Gobierno es inaudible. Como la responsabilidad del proceso de paz quedó dividida en decenas de entidades, sin una voz coherente y única, no hay concertación estatal, ni existe orientación de la opinión pública. En ese fermento anárquico, donde hablan ministros, consejeros, jefes de unidad, en fin, al primero que se le pone un micrófono, no es posible saber a qué atenerse. Por lo cual una primera medida podría ser la de nombrar un solo coordinador responsable, después de que desaparecieron los principales voceros del Ejecutivo, bien refundidos en las inciertas aspiraciones presidenciales o bien en la diplomacia. Y si esto no es del caso, habría que darle la envergadura y responsabilidad al Comisionado de Paz que, para ser sinceros, parece todavía en trance de aclimatación. En todo caso, sea por esa vía o porque el Consejero del Posconflicto cobre verdaderamente el rango de ministro y coordinador general, con toda la experticia que tiene para hacerlo y como estaba presupuestado, se necesita al respecto una actividad congruente del Estado. Y que se fije una fecha de cierre para la reincorporación. Una cosa, ciertamente, es lo que pueda ocurrir finalmente con los máximos responsables de la guerrilla, dependiendo de lo que pase con la ley estatutaria de la JEP, y otra las exigencias de que las tropas sean efectivamente reincorporadas, ahora que ya se puso término a las denominadas zonas veredales.

Otro nuevo aspecto del proceso de paz está, evidentemente, en la reciente visita que hizo la fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia, en la que quedó claro que esa organización judicial fundamental se ha mostrado abiertamente preocupada por lo que pueda ocurrir con los máximos responsables de las Farc y si las sanciones previstas, al mismo tiempo que desarrollan sus actividades proselitistas y ocupan las curules parlamentarias, son equiparables a la privación efectiva de la libertad y el monitoreo correspondiente. Al menos eso fue lo que quedó en evidencia luego de que la Fiscal pidiera personalmente información al respecto, en lo que se concentró, además de otros temas como los llamados ‘falsos positivos’. El tema jurídico y los cánones internacionales de la justicia transicional, continúan siendo, pues, materia de evaluación y esa es la notificación perentoria, desde las altas esferas jurídicas mundiales, en momentos en que se comenzará a discutir la ponencia de la ley estatutaria de la JEP en el Congreso.

Y como si fuera poco no se había presentado, hasta el momento, una declaración tan dura, como la del subsecretario Antinarcóticos de los Estados Unidos, William Brownfield, advirtiendo textualmente que el Presidente y el gobierno “se concentraron abrumadoramente en el acuerdo de paz”, dejando de lado la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos.

Son solo tres aspectos inmediatos del proceso de paz inconcluso, aparte, además, de las advertencias reiteradas del Fiscal General de la Nación sobre los incumplimientos y las evasiones en otras áreas.         

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