El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que su gobierno se defenderá de la "campaña de desprestigio" con la que la petrolera estadounidense Chevron intenta, según él, desconocer un millonario fallo por daños ambientales.

"Chevron gasta centenas de millones de dólares en campaña de desprestigio contra Ecuador. Quiere demostrar que los 'big oil' no pueden ser juzgados", dijo el mandatario en su cuenta Twitter.

El mandatario, que el fin de semana había acusado a la multinacional de estar detrás de una "campaña criminal" contra el gobierno y la justicia de Ecuador, agregó que responderá a la empresa, sin ofrecer más detalles.

"Sabremos defender al país. Será la lucha de David contra Goliat, pero tenemos la mejor arma: la verdad", escribió Correa.

La petrolera estadounidense, en un fallo de segunda instancia de la justicia ecuatoriana, fue condenada en 2012 a pagar 19.000 millones en el marco de un sonado juicio por contaminación en la Amazonía.

El caso está en manos del máximo tribunal ecuatoriano, aunque la empresa desconoce las sentencias previas por considerarlas "fraudulentas" y busca en cortes internacionales que el Estado ecuatoriano asuma la indemnización por daños ambientales.

Chevron, que nunca operó directamente en Ecuador, adquirió el pleito al asumir el control Texaco en 2001. Esta última empresa funcionó en el país entre 1964 y 1990, y tras su salida comunidades indígenas entablaron un proceso que ya completa casi 20 años por contaminación en la selva amazónica.

Los demandantes iniciaron acciones en Argentina, Brasil y Canadá con el propósito de hacer efectivo el fallo, al tiempo que Chevron busca que la reparación sea asumida por el Estado ecuatoriano con el argumento de que es el responsable de los daños ambientales.

Sin embargo, en junio de Corte Suprema de Argentina dejó sin efecto el embargo.

Correa aseguró que Chevron ha invertido 400 millones de dólares y contratado unos 900 abogados para intentar desconocer el fallo de la justicia ecuatoriana, aduciendo, entre otras razones, que el gobierno intervino indebidamente en el proceso.

La AFP contactó a la empresa estadounidense para obtener una reacción, pero no obtuvo respuesta.