El proyecto de ley  que cursa en el Congreso, y que es respaldado por el Gobierno, debe ser discutido pronto para regular el servicio y a su vez, dar claridad tanto a conductores, usuarios y empresarios del sector

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El regreso de Uber a Colombia se da en un momento en el que existe una fuerte tensión legal entre los defensores de las plataformas de transporte digitales y el gremio de taxistas. Todo esto y las nuevas condiciones del servicio con el que quiere operar dicha empresa, ha generado confusión para todos, entre estos los conductores, los usuarios y el propio Gobierno.

El congresista Mauricio Toro, de la Alianza Verde viene promoviendo el proyecto de ley 292 de 2019, que busca regular las plataforma de transporte en Colombia, dijo que la modalidad que está usando Uber en su regreso (contrato de arrendamiento entre conductor y usuario) es legal.

“Tenemos la sorpresa de que Uber inicia nuevamente operaciones en Colombia y lo hace bajo la modalidad de alquiler de vehículos que hoy existe en la ley y está permitida", aseguró.

Además, explicó que bajo esa modalidad un ciudadano puede rentar un vehículo mediante un contrato de alquiler, sin ninguna dificultad. Sin embargo, indicó que el problema de fondo del asunto no se encuentra resuelto todavía.

“Se debe actualizar la regulación existente para que se pueda dar el servicio intermediado de transportes de pasajeros mediante plataformas, entendiendo que hay otras que operan en Colombia y que otras más adelante van a llegar", dijo Toro.

El debate

El parlamentario aseguró que hay que ‘desuberizar’ el debate, es decir, que vaya más allá de Uber y permitir que esa modalidad de empresa pueda estar en Colombia para equilibrar la carga entre taxis y plataformas. Cabe mencionar que hay otras aplicaciones que prestan ese servicio: Didi, Beat, InDriver Picap, entre otras.

Asimismo, pidió aprobar el proyecto de ley 292 para que las aplicaciones no tengan que recurrir a estrategias como la del nuevo contrato para seguir operando en Colombia: "Mientras no tengamos una norma clara para regular las plataformas de transporte, los abogados de las apps seguirán siendo 'creativos' acomodándose a las normas existentes".

De allí, dijo Toro, que “el Congreso tiene el reto enorme de demostrar que sí es capaz de expedir las leyes que necesitamos los ciudadanos”.

Respaldo

La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco junto con el Consejero Económico y de Transformación Digital, Victor Muñoz han anunciado que el Gobierno Nacional acompañará el proyecto de ley 292 que busca reglamentar la operación de plataformas tecnológicas de transporte.

La iniciativa busca equilibrar la balanza haciendo una modificación a la ley 336 de 1996 y la 769 de 2002, las cuales establecen las normas del transporte público en Colombia, para que estas nuevas plataformas ingresen a la ley bajo la categoría de transporte privado mediado por plataformas.

A su vez, la propuesta propone crear el servicio privado de transporte mediado por plataformas exigiendo el pago de impuestos en Colombia y la contratación de seguros similares como los exigidos a los taxistas.

Igualmente, incluye actualizar las normas de taxis, eliminar la regulación de cupos, compensándolos con un fondo alimentado por el 1% de la facturación de las plataformas y permitiendo la implementación de tarifas dinámicas para los taxis que acojan tecnologías, en vez de taxímetros análogos.

Ante esta situación, la ministra de Transporte dijo que “el Gobierno legisla con carácter general, es decir, no saca un decreto para una empresa, sino para tener un servicio de transporte eficiente y seguro para el usuario, que es el principal actor”. 
Y añadió que se reunió con los autores del proyecto de ley para tener unos debates nacionales “que involucren regularizar el servicio, exigiendo unos básicos, que es lo que se tiene que exigir, para tener unos servicios de transporte que garanticen la seguridad del usuario”.

La innovación

El proyecto de Ley No. 292 del 2019 fue radicado por los congresistas Mauricio Toro, de la Alianza Verde y Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, quienes señalaron en un comunicado que “no podemos avanzar hacia la prohibición de las tecnologías, sino que debemos avanzar hacia la innovación y los derechos de los usuarios de decidir en qué transportarse. Además, se tiene que cuidar el sustento de miles de familias que hoy en día dependen de estas plataformas”.

Sin embargo, esta regulación se puede demorar y mientras tanto continúan las discrepancias entre los taxistas y los operadores de las plataformas digitales.

El modelo ahora acondicionado por Uber, permite arrendar un vehículo bajo un acuerdo entre el conductor y el usuario al momento de la llamada. La aplicación será el punto de contacto que conecta a las dos partes para que entre ellas celebren un contrato.

Esto quiere decir que, cada vez que se solicita un nuevo servicio, el usuario debe aceptar las condiciones del contrato y Uber actúa solo como intermediario.

Este cambio ha llevado a que muchos se pregunten sobre quién responderá en caso de accidente: el usuario o el conductor. Dice la compañía que “la responsabilidad frente a los incidentes que ocurran dentro del contrato de arrendamiento dependerá de cada caso en particular teniendo en cuenta que Uber, como portal de contacto entre las partes, actúa como intermediario en cada contrato”.

El contrato dice que si se debe usar la grúa para llevar el vehículo a un taller por culpa del usuario, el costo debe ser pagado por él y no por el conductor. Con la inmovilización de los carros sucederá igual: si el usuario (llamado arrendatario en el contrato) es responsable de la retención del vehículo por parte de las autoridades, debe ser quien pague los gastos, siempre y cuando el conductor presente los soportes correspondientes.

Reacciones

El líder de los taxistas en Bogotá, Herminson Bermúdez, consideró que así cambie de nombre y tenga una nueva forma de contratar, no dejan de ser ilegales, porque es una aplicación que presta un servicio de manera irregular, sin carros homologados y sin control de tarifas.

Explicó que los carros que operan con la plataforma, no han sido homologados por el Ministerio de Transporte para prestar un servicio público y además abusan con las tarifas.

El abogado Nicolás Alviar, de la firma AGT abogados, que instauró la demanda contra Uber por competencia desleal, aseguró que la entrada en operación de ese servicio nuevamente se constituye en una demostración del fraude a la resolución judicial que le impuso un juez.

"Lo que hizo Uber simplemente fue hacer un cambio en el nombre de los servicios que presta a sus usuarios, pero es un mecanismo ingenuo para evadir el fallo que se conoció el pasado 20 de diciembre. Por ejemplo, el servicio XL que ahora ofrecen es el mismo Uber Van. La intención de ellos es simplemente incumplir el fallo judicial", dijo el jurista.

Alviar agregó que “este comunicado nos sirve como nuevo insumo dentro de la denuncia por fraude a la resolución judicial que interpusimos ante la Fiscalía General de la Nación. La norma es clara: ‘quien se sustraiga por cualquier medio de cumplir las órdenes judiciales incurre en un delito’ y eso es lo que está pasando en este caso”.