Los deudores morosos que están reportados en centrales de riesgo están a un paso de tener un periodo de tiempo menor para ponerse al día con sus obligaciones y salir de estas listas

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Para hoy está previsto que la plenaria de la Cámara realice el último debate al proyecto de ley estatutaria referente al habeas data que contempla la vida crediticia de los usuarios, la información financiera, comercial, de servicios y que es denominado “Borrón y cuenta nueva”, impulsado por los senadores Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y David Barguíl, del Partido Conservador.

A comienzos de este mes, la Comisión Primera de esa corporación aprobó en tercer debate la iniciativa y ahora le corresponde a la plenaria de la Cámara, definir su futuro.

Este proyecto contempla una amnistía por una única vez para los colombianos que se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia de la ley y para quienes lo hayan hecho con anterioridad. 

Esta iniciativa, desde el comienzo, tiene la férrea oposición de los gremios, pero todavía no se tiene una posición clara del Gobierno, aunque en algunas declaraciones, se ha mostrado favorable con algunos puntos del mismo.

Luego del tercer debate en la Cámara, Felipe Lega Gutiérrez, director de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda dijo que el proyecto de ley de habeas data, relaja las condiciones bajo las cuales se hacen reportes negativos y de permanencia de deudores morosos en las centrales de riesgo, pero además de no ser una iniciativa buena pues afecta el objetivo de avanzar en la inclusión financiera, tiene algunos elementos positivos que se podrían discutir.

Señaló que  “recoge cosas buenas como la exclusión de las centrales de riesgo de quienes sean suplantados en una obligación y luego fueron reportados a las centrales de riesgo ante el incumplimiento de pago o las comunicaciones que se le deberían hacer a personas con bajas deudas, que estén en mora, antes de hacerles el reporte negativo”.

El no pago

Por su parte, el presidente de Anif, Mauricio Santamaría, dijo a EL NUEVO SIGLO, que “ese proyecto de ley no trae  ningún beneficio y si trae costos importantes para las personas vulnerables”.

Señala que “el primer costo y el más importante es que la información que reposa en las centrales de riesgo es ésta es muy valiosa para las personas de menores ingresos, de hecho es el único activo que tienen para que pueda acceder a los productos financieros, por eso las entidades financieras, de comercio, de servicios van a tener muchos problemas para identificar a las personas que son buen riesgo crediticio”.

Indica Santamaría que “para las personas que tienen un salario y su casa u otra propiedad tienen algo colateral, pero es una pésima noticia para las personas de menores ingresos que han sido buenas pagas, que es el mayor porcentaje, y premia a las malas pagas. Eso sin duda va a restringir el crédito a las personas vulnerables”.

Asegura que “otro costo es que va a fomentar la cultura del no pago, ese es un efecto perverso en la economía y tercero es que Colombia ya es un país muy laxo cuando se compara con el resto del mundo en materia de información de historia crediticia, con esa norma lo seremos mucho más, y lo que va a suceder es que se incrementen las tasas de interés para los más vulnerables y a la clase media, y restringir el acceso al crédito”.

Sostiene que “me gustaría que se le preguntara a las personas que son buena paga si consideran que este proyecto es bueno, que se haga una discusión más amplia en el Congreso, ya existe oposición del Banco de la República, de la Ocde, de la Superfinanciera y los gremios han dicho que no es convenientes. Por eso espero que el debate sea más profundo”.

 A su vez, el profesor Francisco Azuero, de la Facultad de Administración Universidad de los Andes, señaló que “si aprueba el proyecto y se borra parte de la información en las centrales de riesgo se afectará la calidad de información y daría lo mismo ser buena o mala paga” y señaló que se elevaría el costo de crédito y disminuirá la competencia bancaria. 

Un peligro

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), María Clara Hoyos, aseguró a este diario que el proyecto que busca modificar la ley de habeas data es “peligrosísimo” para el país.

Hoyos considera que la aprobación de esa iniciativa en el Congreso colombiano provocaría una “cadena catastrófica” en la atención a la población vulnerable.

La ejecutiva lo calificó como “una invitación absoluta al no pago”, pues en las amnistías que propone el tiempo del reporte negativo en las centrales de riesgo se reducen de tal manera que para los microempresarios es “preferible no pagar porque en un tiempo muy corto los borran”.

Hoyos sostuvo que las microfinancieras tienen más de 500.000 deudores con créditos cuya cuota mensual es inferior a los $200.000 quienes por el “voz a voz” del proyecto podrían incumplir con sus obligaciones.

“¿Qué hago con estos deudores? ¿No volvemos a dar créditos cuyo monto mensual sea pequeño? ¿Cómo los saco del ‘gota a gota’?”, cuestionó la experta, y agregó que para los colombianos con menos recursos su única garantía es “reputacional” al solicitar un crédito.

De otro lado, la presidente del Consejo Gremial Nacional, Sandra Forero, dijo que “de aprobarse dicho proyecto de ley, en lugar de favorecer, se afectaría la inclusión financiera de millones de colombianos y, en consecuencia, la reactivación económica de nuestro país”.

Sostuvo en una carta a los medios que “la cantidad y la calidad de los datos crediticios favorece el acceso de la población, especialmente la de menores recursos, al crédito otorgado por diferentes sectores empresariales. Eliminar dicha información podría conducir a una inadecuada colocación del ahorro del público, al deterioro de la calidad de la cartera de las empresas y al fomento de la cultura del no pago”.