Los últimos planteamientos del Gobierno a los gremios en la antesala de la presentación del proyecto de reforma tributaria al Congreso, no dejan en claro cuál será el futuro de la regla fiscal que aparentemente se debía retomar a comienzos del 2022.
Una de las sugerencias del ministro Alberto Carrasquilla, es cambiar el actual Comité Fiscal por un equipo técnico independiente. Este cambio, a juicio del Gobierno, permitiría un incremento en la inversión equivalente en valor presente neto a $280 billones, casi 26% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2022 y 2031.
Se prevé incluso que estos cambios formarían parte del articulado que el Ejecutivo presentará como parte del proyecto de reforma tributaria que debe estar listo esta semana. Sin duda el ministro Carrasquilla no está contento con el papel que actualmente está cumpliendo las disposiciones de la regla fiscal, cuya aplicación debió ser suspendida dos años debido al fuerte impacto de la pandemia en la economía.
En sus argumentos, el jefe de la cartera financiera señala que, con las actuales variables fiscales, “se dificulta la replicabilidad de las metas fiscales, lo cual reduce su transparencia y entendimiento por el público. Las metas de la Regla Fiscal dependen de variables no observables”.
Sostiene el funcionario que “se genera una desconexión entre las metas fijadas y la evolución de la deuda, que hace que la aplicación de la regla fiscal no esté ligada a la sostenibilidad fiscal. La Regla Fiscal solo tiene metas sobre el balance fiscal, y no sobre el endeudamiento, de allí que es necesario ampliar sus funciones para que sus análisis cubran efectivamente la sostenibilidad fiscal”.
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Respaldo
Indica el Ministerio de Hacienda que “el Comité Fiscal debe contar con un equipo técnico independiente, de allí que es necesario fortalecer el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF), ya que la Regla Fiscal debería aplicar sobre el Gobierno General. Actualmente tiene una cobertura institucional estrecha, que no analiza de forma completa la solvencia del Gobierno”.
Otro de las razones que explica el Minhacienda, es que la pandemia de la covid-19 generó un desequilibrio en las finanzas públicas, “que requiere del establecimiento en la Ley de una transición gradual hacia las nuevas metas fiscales fijadas. Esta transición cubriría el periodo 2022-2024.
A esta situación se le añade que el Gobierno está en la mira de las calificadoras internacionales que han exigido que sus notas a la deuda soberana dependen de lo que se proponga en el proyecto de reforma tributaria.
Asimismo, en su más reciente informe sobre Colombia el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó varias recomendaciones al Gobierno en cambios en la Regla Fiscal.
Sugiere el organismo “mantener el apoyo crítico de emergencia, y comenzar un ajuste fiscal gradual a medida que se fortalece la recuperación mediante una reforma tributaria duradera y mediante la administración tributaria y las mejoras en la eficiencia del gasto”.
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El FMI
Indica el FMI que se debe “restablecer la regla fiscal por adelantado y restablecer el período para alcanzar el ancla fiscal en el mediano plazo. Además, el Gobierno debe considerar la creación de un consejo fiscal independiente para supervisar el restablecimiento de la Regla Fiscal, mejorar la cláusula de escape y fortalecer el desempeño con respecto a la contención de la deuda a través de nuevos mecanismos”.
En su plan financiero que presentó a comienzos de año, el Ministerio de Hacienda proyecta un déficit fiscal de 8,6 % del PIB, superior al estimado en octubre de 2020, de 7,6%.
El Ministerio explicó que la dinámica del déficit programado se debe al aplazamiento de algunos gastos de la emergencia de 2020 a 2021, la prolongación e intensificación de la pandemia más allá de lo previsto y a la decisión de implementar un programa de inversiones equivalentes a 1,3% del PIB para fomentar la reactivación económica.
El Comité Consultivo de la Regla Fiscal se reunió el pasado 11 de marzo de 2020 con el fin de analizar el cierre fiscal de 2020 y el Plan Financiero de 2021, dando cumplimiento al compromiso que adquirió el Gobierno en el marco de la suspensión del cálculo paramétrico de la Regla Fiscal.
El Comité consideró que los motivos que desplazaron los gastos de 2020 a 2021 y, por tanto, ampliaron la perspectiva de déficit fiscal, son razonables. No obstante, advirtió sobre la ineludible necesidad de salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, en el contexto de ese escenario.
“Es indispensable garantizar la reducción de la deuda a partir 2022, en un marco amigable con el proceso de recuperación de la economía. En consecuencia, el Comité hizo hincapié en la impostergable necesidad de radicar prontamente una propuesta integral de reformas tanto en los componentes de gasto como de ingresos”, indicaba el Comité.