En medio del panorama económico, político y social que vive el país, las exigencias para los mandatarios regionales que hoy ganen las elecciones serán de alto calibre.

De allí que desde todos los sectores se abren las expectativas y los gremios y empresarios no se podían quedar sin presentar sus inquietudes, que desde luego tienen que ver con lo que hoy sufren las ciudades y departamentos, como la inseguridad,  la falta de infraestructura, vivienda, transparencia en la contratación pública, educación, tecnologías, eficiencia gubernamental, empleo joven y desarrollo sostenible,

Con la coyuntura del cambio de mandatarios a partir del 1° de enero de 2024, la Alianza de Asociaciones y Gremios Aliadas, una coalición que reúne a 37 agrupaciones de diversos sectores económicos, elaboró una serie de propuestas estratégicas destinadas a ser incorporadas en los futuros programas de gobierno de los candidatos a alcaldías y gobernaciones en las diversas regiones.

Desde Aliadas se ha enfatizado que estas propuestas están rigurosamente diseñadas para contribuir al progreso de Colombia. Se centran en fomentar la generación de empleo, el crecimiento económico, la competitividad y la inclusión social, con el objetivo de reducir las brechas de pobreza y promover iniciativas sociales.

Además, tienen como objetivo garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, un aspecto crucial para el desarrollo equitativo y sostenible del país.

Para los gremios y empresarios colombianos, es fundamental que los futuros alcaldes y gobernadores aborden temas como la generación de empleo, la colaboración con el sector privado, el fomento del crecimiento en infraestructura y la promoción de la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Estas son las 10 iniciativas propuestas por Aliadas:

1. Implementar estrategias integrales de seguridad: Esto incluye el aumento del pie de fuerza acompañado de tecnología innovadora, como analítica de datos, inteligencia artificial, Internet de las cosas, cámaras con identidad digital y drones. También se enfoca en la formación de la fuerza policial en derechos humanos.

2. Acelerar la construcción de obras de infraestructura: Ello implica la reparación de la malla vial en las ciudades, la ampliación de las mismas para reducir la congestión vehicular, el fortalecimiento o gestión de acueducto y alcantarillado, el mejoramiento de la capacidad instalada en alumbrado público y la consolidación de ciclorrutas y espacios peatonales amigables al ciudadano.

3. Contribuir a reducir el déficit de vivienda: Esto se llevará a cabo mediante la habilitación e incentivos de proyectos de interés social, facilitando así el acceso a la vivienda para personas de bajos ingresos en alianza con entidades de financiación.

4. Promover la transparencia en la contratación: Se busca facilitar el control ciudadano a los recursos públicos, evitando licitaciones con un solo proponente y procesos cerrados que limiten la participación.

5. Incentivar la formación Steam desde los colegios: Esto es acelerar el desarrollo de las cinco áreas disciplinares Steam (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Implica promover el bilingüismo, las habilidades TIC y mejorar la infraestructura educativa con tecnología, digitalización, virtualidad y programas de capacitación para docentes. También se enfoca en consolidar los programas de alimentación escolar.

6. Mejorar la conectividad a internet: Se trabajará en conjunto con los operadores de telecomunicaciones y los Internet Service Providers (ISP) para garantizar mayor cobertura y calidad en conectividad. También se implementarán programas de apropiación y alfabetización digital.

7. Impulsar la modernización de los gobiernos territoriales: Se busca digitalizar los trámites para el ciudadano en una ventanilla única, logrando mayor trazabilidad y eficiencia en los procesos y evitando intermediaciones en lo público.

8. Liderar programas de generación de empleo joven: Esto se hará en colaboración con cámaras de comercio, universidades, gremios y entidades de financiación. El enfoque estará en impactar el desempleo juvenil y la informalidad laboral.

9. Fortalecer las zonas francas y la logística de comercio: Se logrará mediante la reparación de la malla vial en las ciudades, el fortalecimiento de las condiciones necesarias para la adecuada logística de comercio y la consolidación de ciclorrutas y espacios peatonales.

10. Mejorar los servicios públicos: Se enfocará en el fortalecimiento o gestión de proyectos de acueducto y alcantarillado y en el mejoramiento de la capacidad instalada en alumbrado público, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Adicional a estas propuestas, Aliadas hizo un llamado para fortalecer la gobernabilidad en las regiones del país más allá de la asignación de recursos o el apoyo técnico, para que se logre una gestión competente y transparente. Los empresarios afirmaron que el factor determinante en este desafío recae en la voluntad política de los líderes locales que sean electos y su compromiso con los territorios.

La organización también recuerda que es fundamental generar alianzas entre gobernadores y alcaldes para fortalecer las acciones que requieren los municipios con menor capacidad institucional que permitan ejecutar planes y obras de infraestructura, salud, educación y medio ambiente conjuntas.

Los líderes gremiales recalcaron la importancia de una administración transparente y de cero tolerancia ante la corrupción, para generar la confianza a los ciudadanos de que el cambio de gobernantes contribuya a la gestión pública.

Estas iniciativas representan un llamado a la acción para los futuros líderes regionales, para que estas propuestas sean consideradas como una guía concreta para el desarrollo sostenible y el crecimiento equitativo en las diversas regiones de Colombia.

La agenda pública

La agenda regional y local tiene un amplio número de retos y asuntos pendientes que los salientes ejecutivos y legislativos territoriales no pudieron dejar resueltos.

Hay una agenda estructural que requiere ser aterrizada una vez se renueve el mapa político regional mañana y arranquen los funcionarios electos al despuntar 2024.

Por ejemplo, la modernización de la estructura tributaria es un asunto urgente, ya que los fiscos de departamentos y municipios están muy golpeados por la desaceleración económica y fuentes de ingresos disfuncionales, desgastadas e incluso arcaicas.

Este ajuste debe ir acompasado con la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que señala los montos de las transferencias presupuestales del nivel central a los gobiernos territoriales para financiar distintos rubros como salud, educación, programas sociales y otros. Esta modificación la han prometido los últimos gobiernos y congresos, pero nunca se ha concretado.

Reformulaciones

Otro de los aspectos en donde se requerirá de una reformulación de política pública es el referente a la inversión de los recursos de las regalías, que este año y el próximo movilizan más de $31 billones.

Igual ocurre con la reforma imperativa al Programa de Alimentación Escolar (PAE), que tantos dolores de cabeza sigue generando a los gobernadores y alcaldes, al tiempo que pone en peligro la asistencia nutricional básica a más de seis millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos.

Es claro, igualmente, que si bien lleva poco tiempo de aplicación el Sisbén IV, profundos cambios desde el Ejecutivo Nacional se están planteando a la estructura de subsidios y otras asistencias monetarias. En la misma línea se ubica lo relativo a las estrategias para enfrentar la creciente inseguridad y desorden público en el ámbito urbano y rural, que ha sido la principal preocupación de la ciudadanía en esta campaña.

No solo se requiere un ajuste al accionar de la Fuerza Pública y a los códigos Penal y Penitenciario, sino una adecuación de la aplicación de la accidentada política de paz en los departamentos y municipios. Por igual, hay que resolver el desgastado pulso alrededor de la construcción de las cárceles y su administración.

Las otras reformas pendientes

Y hablando de problemáticas que exigen definiciones de fondo, una de las más complicadas es la referida a la crisis financiera de la mayoría de sistemas de transporte público articulado. Aquí es necesaria una reingeniería del esquema de financiación desde lo nacional, regional y local.

Las respectivas federaciones de departamentos, municipios, concejales y ediles han señalado, a su turno, que los regímenes administrativos seccionales y locales requieren cambios puntuales en los tributos, como adelantar la reforma tributaria territorial.

También se necesita una normatividad más dinámica y asertiva en cuanto al funcionamiento de las Regiones Administrativas de Planificación (RAP), las corporaciones autónomas regionales (CAR), el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y regular, incluso, la creación caprichosa de distritos. Asimismo, la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras demanda que se tenga en cuenta la opinión de los gobiernos seccionales y locales, ya que es en los territorios en donde está el cuello de botella para la implementación de dicha norma estructural y de otros flancos del acuerdo de paz de 2016.