Un frente común contra la ilegalidad comercial en el país, propusieron los empresarios mediante la presentación del estudio, “Caracterización del comercio ilegal de productos de consumo masivo”.
El estudio presentado este viernes es un esfuerzo por visibilizar la problemática del comercio ilegal de productos de consumo masivo en Colombia y “ratifica que estamos haciendo lo correcto para luchar contra estos delitos”, manifestó el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.
Para el dirigente “se requieren continuar los esfuerzos de capacitar las distintas autoridades en este tipo de delitos y es esperanzador el resultado que se presenta en judicialización y porcentaje de preacuerdos. Hay que reconocer el esfuerzo que hace la Fiscalía y fiscales especializados”.
- Recomendado: Gobierno: sí se protege a sector de gas y petróleo
Mac Master agregó que se debe avanzar en el trabajo con las plataformas, “para aumentar la trazabilidad, los controles y verificar que lo que se vende es lo que se ofrece”.
Daniel Rico de CI Análisis, hizo la presentación del estudio en el que destacó la efectividad de las medidas penales contra la adulteración. Manifestó que se debe avanzar en un promedio mayor en otros delitos como el contrabando y el lavado de activos. Así mismo dijo que se debe trabajar por fortalecer las medidas administrativas, así como la relación entre el sector público y privado. “No es suficiente con llevar las personas a la cárcel”.
De acuerdo con la investigación, los sindicados con preacuerdo por delitos de falsificación equivalen al 81%, mientras que en lavado de activos es menos del 20% y en contrabando 10%. “Con el estudio nos estamos abriendo hacia un escenario que no conocemos”, afirmó Rico.
Herramientas
Cabe agregar que el Proyecto contra la Falsificación de Productos y Usurpación de marcas de la ANDI busca desarrollar un sistema compuesto de varias herramientas para combatir la ilegalidad de productos de consumo masivo. Fue creado desde 1998 con el objetivo de articular el sector privado con todas las autoridades competentes para hacerle frente a este delito.
El director de la DIAN José Andrés Romero afirmó que “hay casos que demuestran la necesidad de mayor fortalecimiento de la justicia y de la penalización, el delito del contrabando no puede seguir viéndose como uno de quinta categoría. El 50% del narcotráfico se lava a través del contrabando. Esta lucha es de todos: Estado, ciudadanos y empresarios. Es un mal que carcome a todo el país”.
Romero también se refirió a las bondades de la factura electrónica como una herramienta clave para enfrentar el contrabando. “98% de los grandes contribuyentes ya están facturando electrónicamente. Además de un ahorro muy grande, la información nos ayuda a generar procesos de analítica y trazabilidad de la mercancía. Nos va a dar información valiosa”.
La actividad fue complementada por Esteban Giudici, asesor de Política de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), quien presentó un panorama sobre la situación en América Latina con motivo del covid-19.
Regulación
“A partir de la pandemia, el comercio electrónico y la publicidad engañosa se han visto exacerbados y con ello los ilícitos comerciales, se necesita avanzar en regulación. Ha habido más intensidad en el comercio ilícito de varios productos”, afirmó Giudici.
El experto agregó que, “en varios países de la región las restricciones generaron un caldo de cultivo para el comercio ilícito. Siempre que hay una prohibición hay un disparador para el comercio ilícito”.
Señaló que para lograr combatir el comercio ilegal de una manera eficiente, las medidas deben ser coordinadas y deben tomar en cuenta a todas las partes que intervienen en la cadena.
Entre los objetivos que propone el gremio empresarial, está el contar con un número importante de empresas de primer nivel interesadas en aportar y sacar adelante este proyecto, además de realizar campañas de comunicación como “Lo chiveado sale caro – No compre productos falsificados”.
Además, elaborar estudios sobre el impacto económico y social de la falsificación de productos relacionados con la vida y la salud en Colombia (2000), crear un Frente de Seguridad Empresarial para apoyar las tareas de la Policía Nacional y la Dijin.
También construir buenas relaciones entre las empresas y las instituciones que tienen entre sus competencias la lucha contra este flagelo y realizar una importante contribución en los debates de reforma al Código Penal en lo referente a los delitos relacionados con la falsificación de productos.