En cinco meses la Contraloría General ha emitido este año cuatro fallos de responsabilidad fiscal que sumados llegan a $9,2 billones de pesos, que son dos terceras partes de lo que se aspira a recoger con la reforma tributaria que entró a regir.
En todos ellos los condenados, ya sea personas jurídicas o naturales, tienen la posibilidad de interponer recursos y apelaciones. Pero incluso si se confirmaran las decisiones del ente de control fiscal, recaudar ese dinero para las arcas de la Nación es muy complicado.
EL NUEVO SIGLO presenta una radiografía de esos fallos que no tienen antecedentes en Colombia por su alto monto:
- Reficar I: $2,9 billones
En abril la Contraloría profirió fallo de responsabilidad fiscal en el caso Reficar por una suma de $2,9 billones de pesos, contra cinco exfuncionarios de la empresa (incluyendo dos presidentes), siete miembros de su junta directiva y cuatro contratistas, por los mayores valores invertidos en la construcción de la Refinería de Cartagena que no se recuperarán, según lo evidenciado por este organismo de control después de cuatro años de estudios e indagaciones. El daño patrimonial determinado y cuantificado en el fallo de la CGR, se produjo con ocasión de las acciones y omisiones de la junta directiva de Reficar y su administración, contratista y supervisor del proyecto, quienes en ejercicio de la gestión fiscal directa o indirecta, de manera antieconómica, ineficiente e inoportuna, contribuyeron a esta billonaria pérdida de recursos públicos, que se convierte en el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia. Al llegar al final de la investigación por la construcción de la nueva Refinería, el megaproyecto de modernización del sector petrolero más importante del país, la Contraloría determinó que, en la modernización de dicha refinería, se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de $997 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a $2.9 billones de pesos.
- Hidroituango: $4,3 billones
El pasado 6 de septiembre, la Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, que a junio de 2019 excedían en un 114.94% el valor inicialmente planeado, y por el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018. Entre las 26 personas naturales y jurídicas que la Contraloría responsabilizó fiscalmente por las demoras y sobrecostos que se presentaron en la construcción de la hidroeléctrica, están los exgobernadores de Antioquia, que como tal hicieron parte de la junta directiva de Hidroituango, Sergio Fajardo, actual precandidato presidencial; y Luis Alfredo Ramos. También fue afectado el exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar.
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- Reficar II: $942 mil millones
Una semana después, el ente de control fiscal abrió un nuevo proceso de responsabilidad fiscal en relación a Reficar, esta vez en cuantía de $942.795 millones de pesos por daño al patrimonio del Estado representado en gastos efectuados por la Refinería por fuera del periodo de inversión (Capex) y llevados como asociados al proyecto de modernización de la planta de junio a diciembre de 2015 (US$ 9.240.927 ) y de los años 2016, 2017 a 2018 (US 12.447.618) en los cuales no se distingue cuál fue su destinación, ni su destinatario. De igual manera, fueron aprobados como financiación de la Refinería USD 268.71 que, dentro de las cuentas asociadas al proyecto donde se registraron la totalidad de las erogaciones realizadas en el periodo de ejecución del mismo y en los posteriores, no se encuentran reflejados en su ejecución y gasto.
- Bioenergy: $920 mil millones
Ayer la Contraloría imputó responsabilidad fiscal en la suma de $920.646 millones de pesos por la pérdida de recursos públicos de Bioenergy S.A.S., Bioenergy Zona Franca S.A.S. y Ecopetrol, con ocasión de las inversiones realizadas para la terminación del componente industrial de la Planta de Producción de Etanol “El Alcaraván”, en el Meta, a 29 de diciembre de 2017. A pesar de que financieramente el proyecto no era viable, se dio continuidad a su construcción, pagando aproximadamente US$434 millones de dólares más respecto del caso de negocio presentado en octubre de 2011; situación que unida al deficiente desarrollo del componente agrícola, originó que no se diera la productividad esperada. Se determinó, que sin haber consolidado el proyecto agrícola con la siembra de la caña necesaria para ser utilizada en la planta de etanol, e incluso, sin que se hubiera obtenido la variedad óptima, se adelantó la ejecución del recurso público para la construcción de la planta, invirtiendo dineros adicionales que generaron una pérdida de la inversión por el orden de un billón cuarenta y tres mil millones de pesos, que corresponde al valor de las capitalizaciones realizadas a Bioenergy Zona Franca S.A.S., para la ejecución del proyecto industrial.