Proyectos de inversión que tengan por objeto la implementación de las acciones necesarias para la atención y ayuda humanitaria, así como de emergencia relacionadas con el coronavirus, podrán ser aprobados directamente por alcaldes y gobernadores con cargo al 40% de los recursos de Asignaciones Directas y Fondo de Compensación Regional.
A través de un comunicado, el Ministerio de Minas y Energía informó que los municipios, distritos y departamentos que reciben asignaciones directas de regalías son aquellos donde se desarrollan actividades de producción minera o de hidrocarburos, por las cuales las empresas deben realizar aportes económicos al Estado.
De acuerdo con el Decreto 513 del 2 de abril de 2020, los proyectos de inversión que no necesitarán pasar por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), encargados de la evaluación y aprobación de los proyectos, son aquellos que se definían en los OCAD municipales y departamentales, que tengan por objeto la implementación de las acciones necesarias para la atención y ayuda humanitaria o de emergencia.
“Las regalías que genera el sector minero energético son una fuente fundamental de recursos para la ejecución de obras y proyectos que beneficien a las comunidades. Esta decisión del Gobierno nacional busca facilitar y agilizar la inversión de los recursos en las regiones para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia por la Covid-19”, señaló la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.
De igual forma, el Decreto 513 del 2 de abril de 2020 les da la facultad a gobernadores y alcaldes que no hayan contratado proyectos anteriormente aprobados, que no sean prioritarios, dada la coyuntura actual, para que puedan desaprobarlos y así, tener más disponibilidad presupuestal para atender la emergencia.
Adicionalmente, la Comisión Rectora, órgano encargado en definir la política general del Sistema General de Regalías, redujo de 11 a 4 el número de requisitos para el trámite de los proyectos de inversión que se encuentren en el marco de la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que tengan por objeto atender la emergencia declarada.