DE ACUERDO con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entre enero y agosto de este año se han enviado $ 49,1 billones en el aseguramiento y cubrimiento de los afiliados.

La Administradora precisó, ante los pedidos de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), que solo en agosto se giraron $ 6,2 billones para garantizar servicios de salud.

En un documento que conoció este Diario, la Adres explica que, en agosto, los giros destinados a EPS, IPS y proveedores de servicios y tecnologías se distribuyeron así: para el aseguramiento de los afiliados al régimen contributivo, se destinaron $ 3,25 billones. De estos, $3,08 billones se destinaron para financiar los servicios y tecnologías en salud; $ 120.951 millones para la provisión de incapacidades de los cotizantes al sistema, y $ 43.495 millones para promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Así mismo, la Adres giró a las EPS $ 75.291 millones por 12.012 licencias de maternidad, 4.792 de paternidad y para 603 fallos de acción de tutela presentadas. También, trasladó $ 26.971 millones de manera directa a 363 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, en nombre de las siguientes EPS: Savia Salud, Capresoca, Emssanar y Asmet Salud.

Régimen subsidiado

Por otra parte, para el aseguramiento en el régimen subsidiado, la Adres reconoció $ 2,96 billones así: $ 1,52 billones a las EPS y $ 1,44 billones los giró directamente a 2.747 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, autorizados por 26 EPS que cumplieron con los requisitos establecidos en la norma correspondiente.

En resumen, entre enero y agosto de 2023 la Adres ha reconocido para el aseguramiento de los afiliados $ 49,13 billones. En comparación, durante ese mismo periodo en 2022, se reconocieron por UPC $ 41,92 billones.

En otro orden, y pese a estas cuentas de la Adres, la creciente insuficiencia de recursos en el sistema de salud del país, que se estima en más de $ 6 billones hasta junio de 2023, está afectando la capacidad de respuesta de los prestadores de servicios médicos.

Llamado de ANDI

De esta manera lo informó la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) que hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para abordar este tema.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, destacó la necesidad de actuar con celeridad ante esta situación, que llevó al cierre temporal de servicios y camas hospitalarias, así como a la terminación de contratos entre hospitales y Entidades Promotoras de Salud (EPS).

El problema se agravó en los últimos 60 días, y Mac Master enfatizó que es deber de las autoridades reconocer y abordar esta crisis para evitar un impacto negativo en la atención médica de los pacientes.

Manifestó que el deterioro de la cartera vencida alcanzó el 67,5%, y el ciclo de recaudo en los prestadores y proveedores de tecnologías se ralentizó, en promedio, a 220 días. La cartera castigada aumentó del 2,4% en 2021 al 4,7% en 2022.

Mac Master también destacó que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Medellín, existe un rezago en el cálculo de la UPC, cuyo ajuste en 2022 debió haber sido de entre el 25,34% y el 28,45%, y fue del 14% en promedio.

Sostenibilidad

Mac Master resaltó tres razones principales que han afectado la sostenibilidad del sistema de salud: el efecto del “Covid prolongado”; el desequilibrio en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) debido al envejecimiento de la población y la inclusión de nuevas tecnologías y tratamientos costosos; y la concentración de riesgo en algunas EPS.

“Si la tendencia se mantiene, tendremos un déficit en el país por este rubro de alrededor de 3 puntos del PIB en 20 años. Pero, además, reiteramos la urgencia de resolver el problema de la insuficiencia que está sucediendo hoy en día y que puede repercutir en un eventual apagón de servicios para los pacientes”, explicó Mac Master.

La ANDI propone un plan de estabilización financiera que incluye un mecanismo de ajuste “ex post” para abordar el desequilibrio causado por la pandemia, un aumento único de la UPC para 2024 que considere los desequilibrios de 2022 y 2023, y mecanismos de ajuste transitorio de la UPC para las EPS que recibieron población de EPS liquidadas.

El objetivo es garantizar un flujo constante de recursos para los prestadores de servicios médicos, clínicas, hospitales y proveedores del sistema, quienes son responsables de la atención directa de los pacientes.

Por otro lado, en declaraciones a varios medios, Félix León Martínez, director de la Adres, expresó su preocupación sobre el problema estructural en el sistema de salud colombiano que está afectando a las EPS, especialmente las que se ubican en grandes centros urbanos.

Mucho gasto

Martínez destacó que las EPS manifestaron que el gasto se está desbordando de los cálculos. “La UPC se estudia todos los años con la base de la misma información de ellos. Se hacen las estimaciones de inflación, crecimiento de servicios y se calcula la UPC. Por ejemplo, las EPS de grandes centros urbanos, en promedio, reciben hasta 1.000.000 más que las del régimen subsidiado por cabeza”, afirmó el director.

Este problema en el sistema de salud, según Martínez, se relaciona con la inequidad en la distribución de recursos. Argumentó que los ciudadanos urbanos demandan muchos más servicios, por lo que gastan más; en consecuencia, generan mayores costos para el sistema. En contraposición, los ciudadanos de la periferia no demandan tantos servicios; como resultado, no tienen acceso a servicios adecuados.

Martínez subrayó la necesidad de abordar esta inequidad y buscar una solución que no aísle al Estado en la toma de decisiones. “Debemos resolver este problema estructural, ya que no es sostenible. El sistema actual le da más a quienes gastan más, dejando desatendidos a aquellos que gastan menos”, expresó.

Respecto a las posibles soluciones, Martínez enfatizó que se necesitan estudios exhaustivos para un ajuste en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “Un ajuste de UPC implica una cantidad de estudios enormes. No se puede hacer de un día para otro. Este año lo refuerza la Universidad Nacional, se esperan los resultados para tomar medidas adecuadas”, dijo.

Recuadro

Revisando la cartera

El Ministerio de Salud ha estado recibiendo y analizando, las inquietudes presentadas por las EPS y sus agremiaciones con respecto a la suficiencia del valor por la UPC y los presupuestos máximos.

La UPC es el valor que le entrega el Estado a las EPS por el aseguramiento en salud de cada colombiano. La UPC se calcula con información reportada por las EPS, teniendo en cuenta los usos y los costos de los servicios en salud y de los medicamentos. Así mismo, los denominados presupuestos máximos son los valores que transfiere la Adres para cubrir los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a los recursos de la UPC.

Entre tanto, la Adres ha realizado nueve mesas de trabajo con las EPS, entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre del año en curso para revisar el estado de cartera con estas entidades. Han participado en las mesas: SURA, Sanitas, Asmet Salud, Compensar, Nueva EPS, Salud Total, Coosalud, Comfenalco y Famisanar.

Del trabajo realizado por Adres se concluye que ha avanzado en un 99% en las actuaciones administrativas, financieras y jurídicas frente a las EPS, encontrándose al día en los pagos de los recursos que tiene a su cargo la entidad. Algunas cuentas con diferencias menores entre la Adres y las EPS requirieron mesas adicionales de trabajo y las otras se encuentran en culminación de los procesos judiciales.

Destacado

La Adres giró a las EPS $ 75.291 millones por 12.012 licencias de maternidad, 4.792 de paternidad